Informe: 73 presos políticos en Nicaragua, 33 siguen desaparecidos

Al cierre de agosto de 2025, 73 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, de las cuales 33 se encuentran en condición de desaparición forzada, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Al 30 de agosto de 2025, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas documenta que en Nicaragua hay 73 personas encarceladas por motivos políticos: 59 hombres y 14 mujeres.

Las detenciones no responden a un solo periodo, sino a una estrategia represiva continua que combina redadas masivas y arrestos selectivos desde 2018. Sin embargo, los meses de julio y agosto de 2025 marcaron un repunte, con al menos 52 detenciones arbitrarias, de las cuales 19 ingresaron oficialmente al listado de presos políticos.

En un comunicado, los familiares de las víctimas denunciaron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene cárceles clandestinas y centros de detención donde los presos políticos son sometidos a torturas físicas, psicológicas y condiciones inhumanas. La desaparición forzada, señalan, se ha consolidado como una práctica sistemática para sembrar terror y castigar la disidencia.

El caso más reciente es el de Mauricio Francisco Alonso Pietri, detenido en julio y entregado sin vida a su familia tras 38 días de incomunicación. Su muerte bajo custodia estatal constituye un crimen de lesa humanidad, tipificado como ejecución extrajudicial. Semanas antes, el abogado Carlos Cárdenas Zepeda corrió la misma suerte.

“Cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político”, afirman los familiares en su comunicado, rechazando la normalización de estas prácticas.

El informe documenta torturas, tratos crueles y degradantes: Negación de patio sol por meses, afectando gravemente la salud; alimentación insuficiente y agua contaminada, que deterioran el estado físico.

El Mecanismo reporta celdas sin ventilación y calor extremo, con pésimas condiciones de higiene; negación de medicamentos a personas con enfermedades crónica así como tortura psicológica, con amenazas de muerte y aislamiento prolongado.

Particularmente grave es la situación de 23 adultos mayores encarcelados, quienes enfrentan un riesgo de deterioro irreversible de salud e incluso de muerte por falta de atención médica.

Las familias describen su sufrimiento como una “doble tortura”: la ausencia de sus seres queridos y el hostigamiento institucional cuando intentan obtener información. La negativa del Estado a confirmar el paradero de los desaparecidos prolonga la angustia, violando principios básicos de humanidad.

La combinación de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia configuran un patrón de crímenes de lesa humanidad. Los familiares y organizaciones de derechos humanos llaman a la comunidad internacional a redoblar la presión diplomática y exigir rendición de cuentas.

“Nos negamos a normalizar esta práctica infame”, concluye el comunicado de los familiares, exigiendo la liberación inmediata de todas las personas presas políticas y la aparición con vida de los desaparecidos.