Denuncian “exterminio silencioso” de presos políticos en Nicaragua

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Nicaragua enfrenta una realidad aterradora: más de 30 familias viven la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos. La tragedia se profundiza con la confirmación de dos muertes bajo custodia del régimen Ortega-Murillo, lo que refuerza las denuncias de que las cárceles se han convertido en “antesalas de la muerte”.

Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), advirtió que el país ha cruzado “un umbral intolerable”.

“Dos personas privadas de libertad, consideradas desaparecidas por sus familias, han sido entregadas muertas por el Estado”, denunció.

El primer caso corresponde a Mauricio Alonso, de 64 años, secuestrado el 18 de julio y mantenido en incomunicación hasta que su familia recibió la llamada para retirar su cadáver, sin explicación alguna. El segundo, el del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, secuestrado hace 15 días y entregado muerto el sábado 30 de agosto.

“Ambos casos confirman lo que venimos denunciando: las cárceles del régimen Ortega-Murillo se han convertido en antesalas de la muerte”, afirmó Pineda.

La UDJ subrayó que la muerte de Cárdenas no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de persecución, desaparición forzada y exterminio silencioso. Actualmente, al menos 33 personas siguen desaparecidas, entre ellas 11 mujeres.

“Doble tortura” para las familias

Sadie Rivas, exiliada e hija de un preso político, describió con dolor la situación.

“La dictadura Ortega-Murillo mantiene a cientos de personas secuestradas en cárceles clandestinas y centros de detención, sometidos a torturas físicas y psicológicas. Las familias sufrimos una doble tortura: la ausencia de nuestros seres queridos y el hostigamiento institucional”.

Crímenes de lesa humanidad

El abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que no es la primera vez que mueren presos políticos bajo custodia. Desde 2019, casos como los de Hugo Torres, Edi Montes y Augusto Gutiérrez revelan un patrón de muerte y abandono.

“Estas muertes también son atribuibles a la dictadura. Las desapariciones forzadas se suman a la lista de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y deberán ser juzgados en una Nicaragua libre”, enfatizó.

Marenco aseguró que el colectivo ha documentado más de 240 casos de tortura y al menos 170 colaboradores del régimen implicados en desapariciones forzadas.

Exigen pruebas de vida

Ante la falta de información oficial, familiares como Sadie Rivas, Francisco Ortiz y Rosa Ruiz exigieron al mundo acciones urgentes.

“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas y la aparición con vida de quienes han sido desaparecidos”, manifestó Rivas.

También demandaron la rendición de cuentas de quienes ordenan y ejecutan estos crímenes, recordando que se trata de violaciones graves a los derechos humanos que no prescriben.