Aprueban Ley de la PGJ, convierten la Procuraduría en “superministerio” y subordinan a Fiscalía

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este martes la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), normativa que subordina por completo al Ministerio Público, eliminando de facto su autonomía y centralizando el poder acusatorio en una institución adscrita directamente a la Presidencia.

La nueva legislación surge de la reforma a la Constitución sandinista, aún pendiente de ratificación en segunda legislatura el próximo año, pero entrará en vigencia una vez publicada en La Gaceta, el diario oficial del Estado.

Ministerio Público bajo control del procurador

De acuerdo con el artículo 2, la PGJ asumirá la función acusatoria en representación de la sociedad y las víctimas de delitos, utilizando como brazo operativo al Ministerio Público. Esto significa que la Fiscalía, que en teoría era un ente autónomo, pasa a depender de manera directa de la Procuraduría, y por ende de la Presidencia.

La normativa obliga además a servidores públicos y particulares a entregar información y documentos solicitados por la PGJ “sin dilación alguna”, bajo amenaza de sanciones administrativas, civiles y penales.

En su artículo 25, la Ley establece que el fiscal nacional (figura que sustituye al fiscal general) será nombrado y removido discrecionalmente por el procurador general de Justicia, quien tendrá rango de ministro. Incluso, toda actuación del fiscal deberá contar con la autorización previa del procurador.

Un “superministerio” al servicio del régimen

Juristas consultados consideran que la PGJ se convirtió en un “superministerio” con poderes ilimitados. El artículo 3 le otorga representación legal, judicial y extrajudicial en defensa del Estado, con facultades para emitir dictámenes, informes y asesorías, así como coordinarse con la Contraloría General de la República en la fiscalización de recursos públicos.

En la práctica, la PGJ también se ha erigido como el brazo legal del régimen Ortega-Murillo, ejecutando despidos de funcionarios, confiscaciones contra opositores y oenegés, controlando registros públicos y permisos ambientales, además de intervenir en conflictos municipales y universitarios.

Discurso oficial vs. concentración de poder

El oficialismo sostiene que la Procuraduría tendrá la misión de “combatir la corrupción y castigar firmemente, sin ninguna consideración”, en coordinación con otras instituciones del Estado.

Sin embargo, opositores y analistas denuncian que el verdadero objetivo es consolidar un aparato legal centralizado en manos de Ortega y Murillo, capaz de controlar la persecución penal, justificar confiscaciones y eliminar cualquier resquicio de autonomía en la Fiscalía.

Análisis jurídico: “Una contrarreforma regresiva”

Un abogado constitucionalista, que solicitó el anonimato por motivos de seguridad, advirtió que la Ley Orgánica de la PGJ anticipa la reforma parcial a la Constitución, pese a que esta aún no está vigente:

“Con esta ley se anticipa la reforma constitucional aunque todavía no esté en vigor por faltar su aprobación en segunda legislatura. Mientras ese trámite no concluya, la Ley Orgánica tendría fuertes roces constitucionales. Es evidente la prisa por subordinar la Fiscalía a la Procuraduría, sometiéndola totalmente a la Presidencia para acabar con la independencia y autonomía que caracterizaban al Ministerio Público, que en su nacimiento fue un avance democrático en beneficio de la población. Lo que ahora vemos es una contrarreforma regresiva.”

El especialista agregó que el procurador concentra “un poder desmedido”, al asumir funciones contradictorias: representar al Estado, a la sociedad y a las víctimas al mismo tiempo.

“Si el Estado es la víctima, el mismo procurador acusa y dirige la investigación, sin ninguna garantía de imparcialidad. Ahora él determina la política de persecución penal y controla el presupuesto de la Fiscalía, asegurando un mayor control político sobre la acción penal.”

Para el jurista, esta centralización convierte a la PGJ en un aparato de represión política:

“Técnicamente esta reforma no fortalece la lucha contra la corrupción, la debilita al someterla a mayor control político. Serán los copresidentes quienes decidan quiénes pueden enriquecerse con los bienes del Estado y quiénes no. Esto abre la puerta a un Estado totalitario, donde la fidelidad a los codictadores se premia con impunidad y la deslealtad se castiga, en un sistema donde todos los serviles son descartables.”