Dictadura obliga entierro exprés de preso político Mauricio Alonso Petri

La denuncia sobre la muerte de Mauricio Alonso Petri, un preso político originario de Carazo, Nicaragua, encendió nuevas alarmas sobre las condiciones en las cárceles y el trato a los opositores detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según relató la activista Haydee Castillo, la familia del fallecido fue obligada a enterrarlo de inmediato, sin permitir vela, misa, ni una despedida con amigos y vecinos, lo que refuerza la sospecha de irregularidades en torno a su muerte.

Mauricio Alonso Petri fue arrestado junto a su esposa e hijo el pasado 18 de julio, durante una de las redadas realizadas por la Policía en Carazo, Masaya y Granada. Tras permanecer 38 días bajo custodia del régimen Ortega-Murillo, la familia fue notificada de su muerte sin mayores explicaciones. En vez de un proceso transparente, las autoridades entregaron el cuerpo bajo estrictas condiciones: debía ser enterrado de inmediato, sin ceremonias religiosas y sin contacto amplio con la comunidad.

En declaraciones a 100% Noticias, la experta Haydee Castillo, directora del Instituto Segovia para el Liderazgo, relató que la familia no tuvo acceso pleno al cadáver. 

“No pudieron ver el cuerpo completo, no se les permitió hacerle autopsia y tampoco dar una misa o una vela. La orden fue clara: tenían que enterrarlo inmediatamente”, denunció.

La activista señaló que este tipo de prácticas buscan ocultar la verdad. “El régimen impone estas condiciones para que no haya espacio a la denuncia ni a la indignación pública. En Nicaragua vivimos bajo un estado de terror que inhibe a las familias de expresar lo que sienten y de reclamar justicia”, agregó.

Entierro exprés

Petri era un hombre muy conocido. Sin embargo, ni vecinos ni amistades pudieron acompañar a la familia en la despedida. Según Castillo, la prohibición de realizar una vela o una misa no es un simple detalle, sino una forma de represión. 

“La dictadura sabe que los funerales en Nicaragua son espacios comunitarios, de acompañamiento y resistencia. Por eso los controlan con tanta rigidez”.

La familia no pudo velarlo en casa, ni colocar flores, ni recibir visitas de apoyo. Esta modalidad de entierros forzados e inmediatos ha sido documentada en otros casos de presos políticos y opositores, consolidándose como un patrón de violación a los derechos humanos.

Castillo insistió en que negar una autopsia independiente refuerza las dudas sobre la causa real de la muerte. “La ausencia de un examen forense externo deja en la impunidad cualquier posible responsabilidad del Estado. La familia queda sin respuestas y la sociedad sin verdad”, explicó durante la entrevista.

Represión y miedo

Desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, más de 355 personas han muerto en contextos de represión, según organismos internacionales. A ello se suman centenares de presos políticos, decenas de muertes en custodia y múltiples denuncias de tratos crueles, tortura y aislamiento.

La denuncia de Castillo sobre el caso de Mauricio Alonso Petri se enmarca en ese contexto. “Lo más doloroso es que las familias, en medio del dolor de perder a un ser querido, son obligadas a guardar silencio y a cumplir órdenes que violentan sus derechos más básicos. Enterrar a alguien sin velarlo, sin una misa, sin despedida, es un acto de crueldad impuesto desde el poder”, expresó.

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Agrega: “No solo se persigue a la persona detenida, también se somete a la familia. La gente tiene miedo de hablar porque el régimen ha creado un ambiente de persecución en todos los niveles”, puntualizó.

La defensora de derechos humanos afirmó que este caso debe ser documentado y denunciado en instancias internacionales. 

“La muerte de Mauricio Alonso Petri no puede quedar en silencio. Su familia merece saber la verdad y la sociedad nicaragüense merece justicia. Cada acción como esta confirma que estamos frente a un régimen que comete crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.

Además, recordó que impedir el acceso a una autopsia independiente y a rituales religiosos constituye una violación directa a los derechos fundamentales. “No estamos hablando solo de persecución política, sino de una agresión a la dignidad humana y a la cultura del pueblo nicaragüense”, sostuvo.

Alonso Petri tenía 64 años de edad, fue el último presidente que tuvo el MRS, hoy UNAMOS, en Carazo. Era muy amigo del mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica por sicarios, bajo encargo del régimen Ortega Murillo.