Dictadura sandinista detiene a niña de 12 años estudiante del confiscado colegio San José, sus padres están presos

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es acusada de mantener en prisión a una niña de 12 años. La menor fue secuestrada por operarios del régimen sandinista junto a sus padres el pasado 12 de agosto y, diez días después, su paradero sigue siendo desconocido para su familia, un acto que se suma a los crímenes de lesa humanidad. 

La menor era estudiante del colegio San José, su padre era miembro de la junta directiva del colegio confiscado por la dictadura y renombrado como Bismarck Martínez. La madre de la menor fue profesora de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos. Los tres fueron detenidos, confirmó una fuente a 100% Noticias. 

Según una fuente anónima con conocimiento de la situación, la niña es una de las 28 personas que permanecen detenidas, tras una nueva oleada de capturas que ha afectado principalmente a las ciudades de Jinotepe y Masaya. De ese total, cinco son mujeres, y entre ellas, una menor de edad.

Este nuevo patrón de represión no es casual. Una fuente anónima dijo a 100 % Noticias que las capturas masivas buscan desviar la atención de una purga interna que se desarrolla dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en el círculo cercano a la pareja dictatorial.

La represión, según el análisis, tiene el objetivo de "tirar una cortina de humo" sobre los conflictos internos y la lucha por el poder, que parece estar pasando a manos de Rosario Murillo ante el evidente deterioro de la salud de Daniel Ortega.

La mayoría de los capturados en esta reciente ola estaban vinculados a la Rebelión de Abril de 2018, pero habían adoptado una posición discreta para evitar la represión. Sin embargo, se han convertido en "chivos expiatorios" de una política de terror que busca controlar a la sociedad nicaragüense.

Modus operandi

El análisis revela el brutal "modus operandi" del régimen en sus capturas, la que han sido sincronizadas, entre ellas se ha documentado la detención de familias y amigos, como en el caso de del pastor Rudy Palacios, quien fue encarcelado junto a un grupo de siete personas, la mayoría de ellos evangélicos y en algún momento tuvieron vínculo con el FSLN.

Según el informante, más del 45% de los detenidos tienen o tuvieron vínculos con el sandinismo, lo que confirma la naturaleza de la purga interna.

Entre el grupo de ahora desaparecidos, hay tres exprisioneros políticos que aún viven en Nicaragua y que fueron devueltos a las cárceles, lo que demuestra la crueldad del régimen.

Un patrón recurrente en esta ola represiva es la detención de familiares cuando el objetivo principal no es encontrado. Esto se ha documentado en ocho casos, incluyendo a la familia del Coronel Carlos Brenes y la familia de la niña de 12 años, donde los agentes se llevaron a los que estaban presentes, sin importar quiénes fueran.

La fuente anónima destaca el caso de Jinotepe, donde se ha reportado una situación de "nerviosismo" y "terror". Allí han identificado a Gloria Sánchez Parrales, secretaria política del FSLN en el barrio José Antonio Sánchez Salazar, convertida en una "agente beligerante que ha proporcionado y señalado a los opositores" y es conocida en la zona como.

Los 28 detenidos se encuentran en condición de "desaparecidos", ya que sus familias no han podido verlos ni obtener información sobre su paradero. 

Este patrón de secuestros y desapariciones forzadas, que ha caracterizado al régimen desde 2014, continúa en 2025, con la detención de cinco mujeres, incluyendo una niña de 12 años, lo que expone la ilimitada crueldad de la dictadura.