Wendy Morales: Procuraduría regulará actividades económicas en franja fronteriza declarada propiedad del Estado

La procuradora general de la República, Wendy Morales, confirmó que la recién creada Procuraduría General de Justicia (PGJ) tendrá un rol directo en la aplicación de la polémica Ley de Territorio Fronterizo, que declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros en todas las fronteras del país.

Según Morales, la PGJ será la encargada de regular las actividades económicas en esas zonas, las cuales —aseguró— no serán suspendidas, pero sí estarán sujetas a un control y supervisión más estrictos. “Es una medida de seguridad y soberanía. No vamos a detener la actividad económica, sino a regularla dentro de un marco legal que proteja los intereses del Estado”, declaró al oficialista Canal 4.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina del Hemisferio Occidental, denunció la ley de territorios fronterizos, y advirtió de "confiscaciones masivas". Alertaron a inversionistas estadounidenses a tener cuidado.

Una nueva estructura de poder

La PGJ, creada este mes por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, concentra en una sola entidad las funciones que antes ejercían la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público. Esto incluye la representación legal del Estado, la persecución de delitos cometidos por funcionarios públicos y la defensa de víctimas de delitos comunes.

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Morales destacó que la Presidencia de la República será la encargada de nombrar al titular de la institución —cargo para el que su nombre figura como principal candidata— y recalcó que ahora ambas funciones estarán bajo una sola autoridad. “No son dos instituciones que se coordinen, es una sola bajo un titular que definirá la Presidencia”, dijo.

Cobro inmediato de multas y sanciones

Entre las atribuciones de la PGJ, Morales mencionó la gestión y ejecución en “tiempo real” de multas o “glosas” impuestas por la Contraloría General de la República a funcionarios, gracias a reformas legales que permiten agilizar estos procesos.

Advertencias de concentración de poder

La aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo y la creación de la PGJ marcan un cambio profundo en la estructura institucional del país. Desde 2001, el Ministerio Público y la PGR funcionaban de forma separada; ahora, el régimen Ortega-Murillo revierte esa división, concentrando el control legal y judicial bajo una sola figura designada por el Ejecutivo.

Analistas advierten que esta centralización incrementa el poder del régimen sobre las instancias encargadas de fiscalizar al Estado y podría facilitar el uso discrecional de las nuevas facultades para regular y administrar los bienes y actividades en la franja fronteriza.