Rosario Murillo justifica purgas, anuncia creación de Procuraduría de Justicia para castigar la "corrupción" en Nicaragua
En medio de una ola de purgas internas dentro del sandinismo, Rosario Murillo anunció la creación de la Procuraduría General de Justicia, una nueva figura institucional que concentrará poderes para perseguir y castigar “implacablemente” los actos de corrupción en Nicaragua. La propuesta será presentada como reforma constitucional, en un contexto donde históricos del FSLN han sido detenidos o removidos, y crecen las tensiones por el reacomodo del poder dentro del régimen Ortega-Murillo
A través de una reforma a la constitución política, Rosario Murillo, anunció que crearán la figura de la procuraduría de justicia para combatir la corrupción. Murillo vociferó el lema de “Todos y todas contra la corrupción”. La iniciativa se da en el contexto de la purga sandinista en la que han detenido a figuras como Bayardo Arce, ex miembro de la dirección nacional del FSLN, asesor económico de Daniel Ortega y que se mantuvo fiel al régimen hasta su detención el pasado 30 de julio.
Según, Rosario Murillo, la creación de una nueva Procuraduría General de Justicia, tendrá como misión central la persecución, procesamiento y sanción “implacable” de cualquier acto de corrupción. Aunque las mismas cabezas del régimen Ortega Murillo se han hecho ricos a punto de corrupción.
“La copresidencia de la República ha instruido a las instituciones pertinentes a desatar acciones para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción que atente contra la familia y el pueblo nicaragüense”, afirmó Murillo durante su intervención diaria en medios oficialistas.
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La iniciativa que será presentada este miércoles en la Asamblea Nacional—que incluirá una reforma parcial a la Constitución y a la actual Procuraduría General de la República. El nuevo ente se denominará Procuraduría General de Justicia y tendrá atribuciones para coordinar con el Ministerio Público y otros organismos estatales, concentrando poderes para actuar con celeridad en casos de corrupción.
Murillo calificó la decisión como “una importantísima noticia ante el creciente tsunami de corrupción que azota al mundo”, y aseguró que el Estado nicaragüense “no permitirá de ninguna manera disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer infames actos de robo y saqueo del erario”.
“Todos estos actos serán implacablemente y cotidianamente perseguidos, identificados, procesados y penados”, insistió, subrayando que se aplicarán “las máximas penas de justicia” a quienes sean encontrados culpables.
El discurso de Murillo marca un giro retórico en medio de un proceso de reacomodo interno del poder sandinista, donde se ha observado la caída de antiguos cuadros históricos y el fortalecimiento del control centralizado por parte de la pareja presidencial. El lenguaje utilizado apunta a justificar una nueva etapa de depuración dentro del aparato estatal, bajo el discurso de una lucha frontal contra la corrupción.
Murillo también reiteró que todas las instituciones del Estado están obligadas a sumarse “de manera permanente” a esta campaña “contra los delitos y crímenes de los corruptos que lesionan los patrimonios económicos, culturales, materiales, políticos y jurídicos del pueblo nicaragüense”.
Otro histórico del sandinismo, quien huyó antes de ser arrestado, es Lenin Cerna, cuya mano derecha Rodolfo Castillo "payín", fue detenido el pasado 1 de agosto en la hípica de santo domingo en managua. Cerna tuvo mucho poder en el poder judicial junto a Bayardo Arce, hasta antes de octubre 2023, cuando se dio la gran purga de trabajadores y de la propia presidenta Alba Luz Ramos.
Ortega advirtió vigilancia
Este nuevo movimiento institucional también llega días después de que el dictador Daniel Ortega —durante el acto oficial del 19 de julio por el 46 aniversario de la Revolución Sandinista— ordenara a su militancia “vigilar” a quienes consideren conspiradores, traidores y terroristas, para "detenerlos y procesarlos".
La coincidencia entre esta amenaza pública y la propuesta de una nueva procuraduría indica un endurecimiento del aparato represivo del régimen, ahora con el ropaje de una campaña anticorrupción que va contra su misma militancia.
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