Investigación avanza rápido y apunta al Ejército de Nicaragua como autor intelectual del asesinato de Samcam

La investigación por el asesinato del coronel en retiro Roberto Samcam Ruiz, exmilitar y destacado opositor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, avanza con rapidez y podría arrojar resultados contundentes en los próximos días. Así lo aseguró el abogado costarricense Federico Campos, quien encabeza la representación legal del caso junto a los juristas españoles Almudena Bernabéu y Michael Reed Hurtado.

De acuerdo con el medio local, CRHoy, los indicios más fuertes apuntan a que el crimen, perpetrado el pasado 19 de junio dentro de su vivienda en San José, Costa Rica, fue ordenado desde el propio Ejército de Nicaragua, del cual Samcam fue miembro antes de convertirse en una de las voces más críticas contra la dictadura sandinista.

“Todos los indicios y todas las sospechas son de que la orden salió del gobierno de Nicaragua y específicamente uno de los indicios más fuertes es que también fue ordenado desde el Ejército nicaragüense. Son solamente indicios”, afirmó Campos al diario costarricense CRHoy.

Además, el abogado indicó que las autoridades judiciales costarricenses podrían estar cerca de identificar a los autores materiales del crimen.

“Entendemos que las investigaciones están muy avanzadas y pronto, muy pronto, creo habrá buenas noticias en cuanto a la determinación de los autores materiales. Esperamos que en nuestro país también se profundice ante la eventualidad de la determinación de los autores intelectuales”, añadió.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), también confirmó que la pesquisa “avanza con buen ritmo”, aunque evitó divulgar detalles por tratarse de una causa aún abierta.

El crimen: sicariato ejecutado en el exilio

Samcam fue asesinado con al menos ocho impactos de bala dentro de su casa, en el residencial Naples, ubicado cerca de Plaza Lincoln, en San José. Según las investigaciones preliminares, al menos dos personas participaron en el ataque: los asesinos ingresaron a pie al conjunto residencial, subieron al segundo piso de la vivienda aprovechando que la puerta estaba abierta, y uno de ellos disparó al menos ocho veces al exmilitar cuando este respondió al llamado.

La brutal ejecución causó conmoción tanto en Costa Rica como entre la comunidad de exiliados nicaragüenses. Semanas antes, la Policía Judicial ya había advertido que no se podía descartar la existencia de una estructura operativa del régimen Ortega-Murillo para ejecutar atentados contra opositores en el exilio.

Zúñiga confirmó que esa posibilidad “está bajo investigación”, aunque señaló que sería prematuro concluir que el crimen fue ordenado directamente por el régimen.

Posible impunidad por falta de extradición

Uno de los desafíos legales que enfrenta el caso es la eventual identificación de los autores intelectuales en territorio nicaragüense, especialmente si se trata de miembros activos del Ejército o funcionarios del gobierno. Según explicó el abogado Federico Campos, en ese escenario la justicia podría quedar estancada.

“Lo dudo mucho, dudo mucho que sea así. Ahí es donde la justicia podría encontrarse en una situación de standby, de inercia o entraríamos en un letargo importante, porque no creo que ellos mismos y el gobierno nicaragüense quieran entregar eventualmente a autores intelectuales que están relacionados con su mismo gobierno, y el Ejército está relacionado con el mismo gobierno”, señaló.

Samcam ya había denunciado amenazas y redes de espionaje

Desde hacía varios años, Roberto Samcam temía por su vida. Denunció públicamente seguimientos en su contra, incluyendo la existencia de una célula de sicarios que, según él, operaba desde la embajada de Nicaragua en San José, bajo cobertura diplomática.

En una entrevista con Darío Medios Internacional, reveló que el régimen había desplegado agentes de inteligencia en Costa Rica tras la rebelión cívica de abril de 2018, con el objetivo de vigilar, hostigar y eventualmente eliminar a opositores refugiados.

Según Samcam, esa red clandestina respondía a la Dirección de Información para la Defensa (DID), órgano de inteligencia militar de Nicaragua, e incluía al menos 20 oficiales operando sin cargos visibles en embajadas y consulados. También denunció que algunos de estos agentes fueron identificados y repatriados a Nicaragua.

“Mandaban gente para ubicar y tratar de hacer daño. (…) La denuncia pública es nuestra única arma”, declaró, lamentando que el gobierno costarricense negara la existencia de esa estructura operativa.

También relató otro atentado contra un matrimonio opositor en suelo costarricense, bajo un patrón similar: seguimiento, ubicación y contratación de sicarios.

Advertencias ignoradas por inteligencia costarricense

Horas después del asesinato, se conoció que Samcam había alertado años atrás a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica sobre la operación de células del régimen nicaragüense en el país. La DIS confirmó que en 2019 recibió su denuncia, en la cual advertía que los opositores exiliados corrían peligro.

“En el 2019, la DIS recibió información alertando sobre la posible existencia de ‘células de inteligencia del gobierno de Nicaragua operando en Costa Rica’ por parte del señor Samcam, quien sospechaba que los líderes opositores se encontraban en peligro en suelo nacional. En ese sentido, se solicitaron las pruebas respectivas; sin embargo, no fueron aportadas”, respondió la DIS a CRHoy.

La institución justificó su inacción señalando que no recibió pruebas formales, y que su función era orientar a la víctima a presentar una denuncia ante la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Poder Judicial. No obstante, la Ley N.º 7410 también obliga a la DIS a “detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente de la República o al Ministro de la Presidencia la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la estabilidad del país y de sus instituciones”.

Según fuentes citadas por CRHoy, el día del asesinato se encendieron las alarmas dentro de la DIS, cuyos oficiales realizaron diligencias internas de forma paralela a la investigación del OIJ, lo que evidencia una reacción tardía ante una amenaza previamente advertida.