Procuraduría del régimen investiga y acusará a Bayardo Arce por presuntas transacciones irregulares, asistente está preso en penal

La Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua oficializó la apertura de una investigación contra el exasesor económico de la presidencia, Bayardo Arce Castaño, por presuntas “transacciones y negociaciones realizadas” en sus oficinas que “no cumplían, ni cumplen con lo establecido en nuestro marco legal”.

La PGR apunta que “su asistente, el señor Ricardo Bonilla, quien aparecía operando esas transacciones y/o negociaciones, fue convocado por la PGR para rendir cuentas”; agrega que Bonilla se negó a acatar la orden de la Máxima Autoridad del Estado para estos propósitos y, por lo tanto, fue remitido al Sistema Penitenciario Nacional donde continúa siendo interrogado”.

El comunicado oficial firmado este 30 de julio indica que la PGR “procedió entonces a convocar al señor Bayardo Arce Castaño, quien aparecía como Propietario de los Bienes en cuestión”, exigiéndole responder la indagación patrimonial. Según el texto, Arce “se limitó a argumentar que todo eso le pertenecía, y por lo tanto, no tenía ninguna obligación de responder a la PGR o a sus Investigaciones”.

Por su supuesta negativa, fue citado nuevamente para “presentar la documentación requerida y responder satisfactoriamente las preguntas que, cumpliendo con su Deber Constitucional la PGR realiza”, respuestas que deben incluir la documentación correspondiente.

La nota subraya que el señor Arce “hasta la fecha no ha consentido en presentarse como corresponde, desconociendo la Autoridad Constitucional de las Instituciones del Estado nicaragüense”.

La PGR advierte en su comunicado que Arce no ha querido colaborar y que por "incumplir o irrespetar estas obligaciones ciudadanas constituyen delitos graves que ameritan procesos". 

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Aunque el documento oficial no detalla el tipo de bienes ni las operaciones bajo sospecha, el señalamiento se produce en un contexto marcado por purgas internas en el círculo de poder del régimen. La caída en desgracia de Arce, antiguo incondicional de Ortega, refuerza la hipótesis de un reordenamiento interno en favor de Rosario Murillo y su círculo familiar, quienes buscan consolidar el control total del aparato estatal.

La noche del 26 de julio de 2025, fuentes locales e independientes registraron cómo la Policía Nacional despojó a Bayardo Arce de su escolta oficial y desalojó a sus guardias privados de sus oficinas en el reparto El Carmen, muy cerca del complejo presidencial.

Hasta ese momento, Arce —uno de los nueve comandantes históricos de la revolución sandinista y asesor presidencial desde 2007— ya no ejercía funciones públicas relevantes; era percibido como parte de la vieja guardia relegada por Rosario Murillo en el aparato de poder.

Fue puesto bajo arresto domiciliario de facto, al convertirse en el tercer ex miembro de la dirección histórica del FSLN en estar bajo esta modalidad, tras Henry Ruiz y Humberto Ortega, quien falleció bajo arresto domiciliario en septiembre de 2024.

No quieren evidenciar su venganza contra Bayardo Arce

Llama la atención que, en todo el comunicado, la PGR se refiere a Arce únicamente como “el señor”, sin mencionar su rol histórico dentro del Frente Sandinista ni su cercanía al poder durante décadas. Según fuentes del Ministerio del Interior citadas por el medio independiente Divergentes, el tratamiento formalista y el proceso judicial son parte de una estrategia comunicacional que pretende enviar un mensaje tanto a la militancia como al sector empresarial afín al régimen.

“A sus bases les están diciendo: le estamos dando (a Arce) la oportunidad de que responda, pero si no lo hace, tendremos que avanzar de otras formas”, indicó la fuente bajo condición de anonimato. Según esta versión, el régimen busca justificar el arresto como una consecuencia “legal” inevitable, más que como un castigo político directo.

La fuente también explicó que en este caso, a diferencia de otras purgas recientes contra sandinistas o de la persecución sistemática a la oposición, el régimen ha optado por emplear “protocolos normales” de investigación, precisamente por el peso simbólico de Arce en la historia del sandinismo. “No quieren quedar en evidencia de que es una venganza contra un miembro emblemático de la Dirección Nacional”, puntualizó.

Esta operación contra Bayardo Arce se enmarca en lo que diversos analistas han descrito como una purga interna del régimen Ortega-Murillo, que busca eliminar o neutralizar cualquier figura del sandinismo tradicional que pueda representar una amenaza para la consolidación dinástica del poder en manos de Rosario Murillo y su círculo más cercano.