Presos por la “Masacre del 19 de julio” cumplen 11 años de cárcel sin justicia

Este 22 de julio de 2025 se cumplen once años desde que 10 nicaragüenses fueron detenidos y condenados por su supuesta participación en la llamada “Masacre del 19 de julio” de 2014. El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) recuerda que se trató de un proceso judicial plagado de irregularidades, sin pruebas sólidas y con fines políticos, y exige su inmediata liberación.

De los 12 inicialmente condenados, tres cumplieron penas cortas y fueron liberados. Los nueve restantes permanecen presos, con sentencias de más de 100 años, conmutadas a 30 por ser la pena máxima permitida en Nicaragua. Entre ellos se encuentran agricultores, comerciantes, albañiles, dueños de pequeños negocios y jornaleros.

El Grex denunció que sus condiciones carcelarias son inhumanas y crueles. Ocho de ellos están recluidos en el pabellón conocido como “La 300”, dentro de la prisión La Modelo, donde la falta de luz solar, aire y acceso a educación o trabajo es total. 

José Ricardo Cortés, uno de los detenidos, perdió completamente la vista por una diabetes mal tratada y vive en una galería de presos comunes, donde otros internos lo ayudan a alimentarse.

GREX señala que las enfermedades crónicas y el deterioro físico se han agravado sin acceso a atención médica adecuada. “No les permiten usar anteojos, hacerse exámenes, ver a especialistas ni acudir al odontólogo. Esto es una forma de tortura”, afirma el colectivo.

Piden medidas cautelares CIDH

El caso fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde esperan la aprobación de medidas cautelares. También fue presentado ante la Unidad de Detenciones Arbitrarias de la ONU para que clasifique su encarcelamiento como detención arbitraria.

El proceso judicial fue dirigido por el juez sandinista Edgar Altamirano López, quien desestimó pruebas de la defensa y basó su sentencia en testimonios de policías encubiertos. La fiscalía aseguró que los acusados se reunieron seis veces para planear la supuesta masacre, una afirmación que nunca fue corroborada con evidencia verificable.

Las acusaciones penales se centraron en nueve personas: Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Zacarías Isabel Cano Angulo, José Ricardo Cortez Dávila, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Antonio Huerta González, José Olivar Meza Raudez, Jairo Alberto Obando Delgadillo y Leonel Antonio Poveda Palacios.

La fiscal auxiliar del Ministerio Público, María Lourdes Oviedo, aseguró durante el juicio que los 12 acusados habían creado “un plan criminal, ideado y conspirado por todos y cada uno de ellos, quienes de manera conjunta determinaron asesinar a víctimas inocentes”. 

Por su parte, el abogado Manuel Urbina Lara asumió la defensa de los imputados, denunciando múltiples irregularidades en el proceso. Actualmente, Urbina Lara también es prisionero político del régimen sandinista, tras ser encarcelado en enero de 2021.

De acuerdo con datos validados por la CIDH, en Nicaragua hay actualmente 54 personas detenidas por razones políticas, de las cuales 15 están desaparecidas. Diez de ellas fueron arrestadas antes de 2018, lo que incluye a este grupo.

“Su vida se apaga lentamente mientras sus hijos crecen fuera de esas paredes. No podemos permitir que esta crueldad quede en el olvido”, reiteró el GREX, que hace un llamado a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional a alzar la voz por estos hombres que aún esperan justicia.