Cárcel de Waswalí entrena a su personal en judo pese a denuncias de tortura

En un país marcado por denuncias de tortura, desapariciones forzadas y represión institucional, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) anunció que custodios y personal administrativo del Centro Penitenciario de Waswalí, en Matagalpa, reciben entrenamiento en judo como parte de una “formación integral” orientada al autocontrol y la disciplina.

“Como parte de la articulación entre la UNAN-Managua/CUR-Matagalpa y el Centro Penitenciario de Waswalí, personal administrativo de esta institución recibe clases de judo, que le permitirán dominar técnicas de esta disciplina de combate y fortalecer su disciplina, respeto, trabajo en equipo y autocontrol”, publicó la UNAN en su página oficial de Facebook.

Preocupación por violencia carcelaria

El anuncio ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que capacitar en técnicas de combate a funcionarios penitenciarios —especialmente en un centro señalado por albergar presos políticos— podría agravar la violencia sistemática en las cárceles.

“Esa noticia se recibe con cierta preocupación. Waswalí ha sido uno de los centros de tortura que han reportado los presos políticos”, declaró a 100% Noticias el defensor Salvador Lulio Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 17 reos políticos permanecen actualmente recluidos en Waswalí. En 2022, el Colectivo Nicaragua Nunca Más gestionó medidas cautelares ante la CIDH para proteger a un prisionero en ese centro; la respuesta estatal fue violenta.

“En 2022, tramitamos un caso de medidas cautelares y, al otorgárselas, imprimieron la resolución, fueron a su celda, lo golpearon y le tiraron las medidas en la cara, porque la violencia en ese centro siempre ha sido permitida”, denunció Marenco.

Opacidad y represión

Hasta junio de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene encarcelados a 52 presos políticos. De ellos, 33 cumplen condenas —en su mayoría por delitos fabricados— y 19 siguen detenidos sin sentencia, en violación a sus derechos. El caso más prolongado es el de Leonel Palacios Vanegas, originario de Bosawás, quien sigue sin sentencia tras años en Waswalí.

La opacidad del sistema penitenciario impide conocer la situación real de los reos, lo que ha llevado a organismos independientes a denunciar posibles casos de desaparición forzada.

“Judo y represión no deben coexistir”

Aunque la UNAN sostiene que el judo inculca valores positivos, los defensores insisten en que, en un régimen autoritario, estas capacitaciones pueden usarse como un mecanismo adicional de coerción.

“La intención real de estos entrenamientos no se conoce, pero es suficiente motivo para alertar sobre el riesgo de que las personas presas políticas sigan siendo torturadas o agredidas”, advirtió Marenco.

Además, el defensor subrayó que la violencia no solo proviene de custodios y policías, sino también de otros reclusos, con anuencia de las autoridades. “Se ha instalado un sistema de alto secretismo que impide conocer la situación de las personas presas políticas, quienes sufren agresiones con total impunidad, incluso por internos”, concluyó.