Régimen en Nicaragua se retira de ACNUR

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció su retiro de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la última de una serie de organizaciones internacionales de Naciones Unidas de las que Nicaragua se ha desvinculado. 

Esta decisión, comunicada a través de una carta firmada por el canciller Valdrack Jaentschke, es vista por críticos y defensores de derechos humanos como un intento más de la dictadura sandinista para evadir el escrutinio internacional.

En la misiva dirigida a Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el canciller Jaentschke arremete contra la agencia, acusándola de "sesgadas y parcializadas publicaciones... llenas de engaños y manipulaciones, distanciadas totalmente de la verdadera realidad del Pueblo y de las Familias nicaragüenses".

La carta continúa descalificando la labor de ACNUR, afirmando que "ha dejado de lado su naturaleza acordada por las Naciones miembros, para convertirse en un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados, al servicio de las Potencias que aún no aceptan el derecho de los Pueblos y Naciones a su Soberanía y Autodeterminación", se lee en la misiva. 

El régimen sandinista acusa a ACNUR de aplicar "valoraciones dispares entre los países, siendo permisivos, tolerantes y totalmente indiferentes con las barbaries irracionales que cometen las Potencias en contra de los países en vías de desarrollo".

Finalmente, la carta concluye con la justificación de la decisión "para el Gobierno de la República de Nicaragua, estas prácticas contravienen los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la Soberanía de nuestro Pueblo, razón que nos ha tomado a tomar la decisión irrevocable de no continuar formando parte de este Órgano. Por lo anterior, notificamos nuestra decisión soberana de retirarnos a lo inmediato de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR", argumentan.

ACNUR es una organización dedicada a la protección de refugiados y es esencial en el ámbito internacional. Su mandato es proteger a las personas forzadas a huir de sus hogares debido a conflictos o persecuciones, así como a las personas apátridas. 

Esto implica brindar asistencia humanitaria, salvar sus derechos fundamentales y ayudarlas a encontrar un lugar seguro donde puedan reconstruir sus vidas con dignidad. La salida de Nicaragua de este organismo deja a miles de nicaragüenses en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente aquellos que han tenido que huir del país.

El retiro de ACNUR no sorprende, dada la profunda crisis de derechos humanos en Nicaragua, donde se vive una severa persecución política. Desde las protestas de 2018, el régimen sandinista ha sido señalado por organizaciones internacionales y gobiernos para implementar una política de represión sistemática. Se han documentado ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias masivas, y la anulación de libertades civiles como la libertad de expresión, asociación y reunión.

Miles de nicaragüenses, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas, líderes opositores, estudiantes, periodistas y ciudadanos comunes, han sido obligados a exiliarse, condenados a la apatridia, buscando refugio en países vecinos como Costa Rica, u otros destinos. Estas personas, consideradas refugiadas o solicitantes de asilo, son precisamente a quienes ACNUR busca proteger y asistir.

ACNUR, la sexta agencia de la que se retira Nicaragua 

El pasado 4 de febrero, Nicaragua anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó además el cierre "a lo inmediato" de su representación y de sus oficinas en Managua, luego de que ese organismo incluyera al país como una de las naciones con mayor hambre en el mundo.

Tres semanas después, el régimen sandinista, en el poder desde 2007, anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, que pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a parámetros de derechos humanos, e instó a demandar al país ante la Corte Internacional de Justicia por privar de la nacionalidad a al menos 452 nicaragüenses.

Un día después, el 28 de febrero, el Ejecutivo sandinista anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a las que acusó de actuar "politizadamente prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo" sobre Nicaragua, y de no cumplir con la misión para la que fueron creados.

A esas agencias se le sumó en mayo pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a la que el Gobierno de Nicaragua le notificó sobre su retirada en protesta por la atribución al periódico nicaragüense La Prensa de su Premio Mundial a la Libertad de Prensa.

De esta manera Acnur es la sexta agencia de la que Ortega y Murillo retiran a Nicaragua en este año.

El país centroamericano atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".