Departamento de Estado acusa a régimen en Nicaragua de facilitar migración ilegal y usar Ley Antilavado contra opositores

Un informe de Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó duras críticas al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, acusándolo de facilitar la migración ilegal hacia Estados Unidos y de utilizar la legislación contra el lavado de dinero no para combatir el crimen organizado, sino para reprimir a la oposición política . 

El "Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2025 de la Oficina de Asuntos Internacionales de narcóticos y aplicación de la ley" destaca un preocupante retroceso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de la falta de información. 

"Nicaragua continúa retrocediendo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El gobierno facilita la trata de personas al mantener políticas migratorias que permiten que miless de migrantes irregulares ingresen y transiten por el país rumbo a Estados Unidos. Además, confisca ilegalmente propiedades y las transfieren a agencias gubernamentales", se lee en el documento 

El informe subraya que, aunque en 2024 la Asamblea Nacional de Nicaragua modificó la ley de Lavado de Dinero y otras leyes relacionadas, incluyendo la de intercambio de activos, persisten serias preocupaciones sobre su aplicación. 

Textualmente, el Departamento de Estado afirma que "persisten las preocupaciones sobre su aplicación, incluyendo el enfoque del gobierno en atacar a la oposición en lugar del crimen organizado y el uso de la legislación como herramienta para reprimir a disidentes y grupos de oposición, la falta de un Estado de derecho y un sistema judicial con motivaciones políticas".

 Destacan lavor de periodistas en revelar corrupción 

El informe detalla que no se dispone de información oficial sobre lavado de dinero, pero los medios de comunicación independientes "reportan casos de corrupción, trata de personas y lavado de dinero. La falta de divulgación de información aumenta los riesgos de lavado de dinero".

El Departamento de Estado recordó que Estados Unidos ha sancionado a altos funcionarios y entidades vinculadas al régimen, entre ellas Wendy Morales.

"En marzo de 2024, en virtud de la Orden Ejecutiva 13851, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, designó a Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua, por su papel en la represión de disidentes", señala el informe. 

Además, "en mayo de 2024, la OFAC sancionó al Centro de Entrenamiento del Ministerio de Asuntos Internacionales de Rusia en Managua para entrenar a la Policía Nacional de Nicaragua para reprimir a los ciudadanos nicaragüenses". Ese mismo mes, la OFAC también sancionó a dos empresas auríferas, Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining), por permitir que el régimen de Ortega-Murillo "manipulara el sector aurífero y se lucrara con operaciones corruptas".

Según el informe, Nicaragua, sigue siendo "vulnerable al narcotráfico, el tráfico de migrantes, el contrabando de ganado, la corrupción gubernamental y el contrabando de oro". 

 Régimen facilita migración irregular 

Una de las revelaciones más preocupantes es cómo el gobierno facilita la migración irregular. A pesar de los acuerdos regionales, "el gobierno ha flexibilizado su política de visas en general, permitiendo la entrada de migrantes de África y Asia". 

Esta política "fomenta los viajes irregulares por tierra hacia la frontera suroeste de Estados Unidos y probablemente genera millones en ingresos para el gobierno por las 'multas migratorias' impuestas a personas que llegan sin la documentación adecuada ya quienes, sin embargo, se les permite transitar".

Además, el informe destaca que "Nicaragua otorga asilo y ciudadanía a personas percibidas como aliadas políticas y ofrece una vía rápida para obtener la ciudadanía a los inversionistas".

 Uso político de leyes antilavado 

El Departamento de Estado critica que las leyes de lavado de dinero, que deberían servir para combatir la criminalidad, están siendo manipuladas con fines políticos. 
 
"Nicaragua continúa utilizando la legislación como arma para atacar a individuos y grupos percibidos como una amenaza para el control gubernamental, descuidando la lucha contra el lavado de dinero de origen delictivo." Medios independientes han reportado despidos de funcionarios gubernamentales presuntamente involucrados en actos de corrupción, pero "no se han publicado informes oficiales". 

 Caso de Puerta de La Montaña 

Un ejemplo alarmante de esta manipulación es el horror vivido por 13 personas afiliadas a la organización evangélica estadounidense Mountain Gateway. 

"En diciembre de 2023, Nicaragua arrestó a 13 personas afiliadas a la organización evangélica estadounidense Mountain Gateway por cargos de lavado de dinero. En marzo de 2024, las autoridades condenaron a los 13 a pesar de la falta de pruebas y sin un proceso legal adecuado, condenándolos a entre 12 y 15 años de prisión e imponiéndoles multas acumuladas por un total de más de mil millones de dólares", critica el informe. 

Estas personas fueron parte de los 135 presos políticos liberados por las autoridades nicaragüenses y expulsados a Guatemala en septiembre de 2024 y posteriormente despojados de su ciudadanía.

El documento señala que aunque Nicaragua es país miembro del GAFILAT, no es miembro del Grupo Egmont de UIF, lo que dificulta la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. 

El informe concluye que "Nicaragua no ha compartido información relacionada con las actividades de lavado de dinero desde 2021", consolidando la imagen de un régimen que utiliza la ley no para garantizar la justicia, sino para afianzar su control político.