Siete de cada diez nicaragüenses afirman que hay corrupción en sus municipios, según encuesta

Una encuesta realizada por el organismo Hagamos Democracia entre el 11 y 17 de abril de 2025, revela que el 72.32% de los ciudadanos nicaragüenses consultados aseguran tener conocimiento de actos de corrupción en sus municipios, en contraste con un 27.68% que afirma no haber detectado irregularidades. El estudio se aplicó a 400 personas en 40 municipios del país.

Los resultados reflejan una tendencia estable respecto a la encuesta de enero de este mismo año, con una variación inferior al uno por ciento, lo que indica que la percepción de corrupción municipal permanece prácticamente intacta en el primer cuatrimestre de 2025.

Entre los principales actos de corrupción señalados por la ciudadanía destacan: 68.28% denunció el uso indebido de bienes públicos; 51.72% identificó prácticas de nepotismo en sus gobiernos locales; 34.83% reportó casos de malversación de fondos públicos; 34.48% mencionó licitaciones amañadas; 20.00% aseguró conocer casos de sobresueldos.

Estos datos refuerzan las preocupaciones en torno a la falta de transparencia en las gestiones municipales bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ponen en evidencia el grado de normalización e impunidad con que operan estas prácticas en las estructuras locales del poder político.

La permanencia de estas cifras en niveles tan altos, pese al contexto de persecución, vigilancia y censura, sugiere que la corrupción sigue siendo una problemática visible para la población, incluso en medio de un entorno restrictivo para la denuncia pública.

Hagamos Democracia realizó esta encuesta titulada "Percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua". 

Se realizaron entrevistas a través de llamadas directas por WhatsApp/Signal, en las cuales cada
entrevistado completó un formulario de Google. La herramienta constaba de 45 preguntas, que abordaron diversos temas como la situación económica (carestía de la vida, desempleo, salarios insuficientes, costo de los alimentos y capacidad para cubrir el precio de la canasta básica), la migración (tanto regular como irregular), las razones que motivan dicha movilidad, la recepción de remesas y la situación política. Además, se incluyeron aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, la calidad de la educación y la salud pública, explica el estudio.