Propiedad robada a Puerta de la Montaña convertida en centro de rehabilitación en Matagalpa

Una propiedad confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al Ministerio Puerta de la Montaña en Nicaragua y sede central en EEUU, una organización evangélica duramente perseguida por la dictadura, fue transformada en un centro de rehabilitación para personas con adicciones, pero tiene un costo. 

Aunque medios oficialistas presentaron el proyecto como un avance en salud, la atención no será gratuita, según confirmó la propia Rosario Murillo.

El centro, bautizado por el régimen como “Nuevos Días”, fue inaugurado en la comunidad Apante, en Matagalpa. Allí se atenderá a hombres y mujeres con problemas de alcoholismo, drogadicción o farmacodependencia. 

El inmueble fue uno de los bienes incautados tras la condena en diciembre de 2023 de once pastores y dos abogados del Ministerio Puerta de la Montaña, sentenciados por supuestos delitos de “lavado de dinero”. El régimen también les impuso una multa de 80 millones de dólares y confiscó propiedades valoradas en más de cinco millones.

Durante la inauguración del centro, que contó con la presencia del alcalde oficialista Sadrach Zeledón, funcionarios del Frente Sandinista, personal médico y familias de la comunidad, la psicóloga Blanca Vallecillo, directora del establecimiento, destacó la iniciativa como una muestra del “amor” del mandatario.

“Estamos felices porque se demuestra que nuestro comandante ama a las familias, porque solo una persona que tiene amor puede hacer este tipo de proyectos, como es el comandante Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo”, declaró Vallecillo al medio El 19 Digital.

Centro será pagado

No obstante, en su alocución vespertina del 8 de mayo, Murillo dejó claro que el acceso a estos centros no será gratuito.

“Hay una fundación que se llama “Nuevos Días” precisamente, que va a atender todos esos Centros trabajando con la asesoría y en coordinación directa, permanente, con el Ministerio de Salud”, dijo.

“Las Familias van a aportar por el tiempo que requiere estar ingresado”, agregó Murillo, subrayando que los pacientes deberán llegar voluntariamente, estar sobrios por al menos una semana y permanecer un mínimo de tres meses. La atención incluirá terapias individuales, grupales, familiares y formación en oficios para la reintegración social.

Propiedad valorada en 1.8 millones de dólares

La decisión ha generado fuertes críticas, incluyendo la del misionero Walner Blandón, quien denunció que el lugar -antes usado gratuitamente por iglesias para retiros espirituales- ahora será utilizado por el régimen para cobrar a familias por servicios que antes se ofrecían sin costo.

Tras declaraciones de Murillo y la propaganda del sitio como un avance en la salud pública, el misionero Walner Blandón, uno de los once misioneros del Ministerio Puerta de la Montaña que fueron encarcelados y luego desterrados a Guatemala, lamentó el uso actual del lugar y explicó que esta propiedad está valorada en 1.8 millones de dólares. Además, que en numerosas ocasiones se puso al servicio de otras iglesias sin costo alguno.

“Ese era el centro de entrenamiento de nuestro Ministerio Puerta a la Montaña en Matagalpa, llamado Rancho Colibrí de Quinta Linda a 500 m al sur. Allí la iglesia pasó tiempos de gloria y también se le daba de gratis a toda la iglesia del país para que hiciera su retiro, ya que en Vida Joven y en diferentes lugares turísticos, la iglesia no podía pagar”, declaró a 100% Noticias. 

“Por lo tanto, yo decidí, en calidad de representación del Ministerio, dar de gratis para que todas las familias de fe pudieran acceder a un rancho de lindas condiciones sin que pagaran nada”, añadió.

La persecución contra el Ministerio incluyó el encarcelamiento de miembros de la congregación durante diez meses y su posterior destierro en septiembre de 2024, como parte de una escalada de represión religiosa en el país. El pastor estadounidense Roy Hancock, fundador del ministerio, fue uno de los principales blancos de esta ofensiva.

Más centros confiscados

Murillo también anunció la expansión de estos centros de rehabilitación en otras ciudades como San Juan de Limay, Mozonte, San Marcos, Boaco, Chinandega, Rivas y Managua durante mayo.

Aunque la propaganda oficial presenta el proyecto como un esfuerzo de salud pública, organizaciones de derechos humanos y opositores al régimen denuncian que se trata del aprovechamiento político de bienes confiscados bajo represión, y que además se implementa un modelo excluyente al cobrar por los servicios de rehabilitación, dejando fuera a las personas sin recursos.