Régimen dona al INSS siete propiedades confiscadas a opositores en Managua y Estelí

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó mediante la Procuraduría General de la República (PGR) la “donación” de siete propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Los inmuebles, ubicados en los departamentos de Managua y Estelí, habrían sido confiscados previamente a opositores, empresarios, defensores de derechos humanos, excarcelados políticos, miembros de la Iglesia, ONG y periodistas. A estas personas, el régimen no solo les arrebató sus bienes, sino también su nacionalidad.

Según el acuerdo presidencial 58-2025, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, las primeras cinco propiedades están registradas en Managua bajo los Números Absolutos de Propiedad (NAP):

BI-2KYOPPYO, asiento 1°

BI-9A81SJL, asiento 4°

BI-9AFEO6Y, asiento 2°

BI-XER7EC, asiento 2°

BI-9AGN0C3, asiento 4°

Estos códigos, exclusivos del régimen, dificultan que los legítimos propietarios accedan a información sobre el estado de sus bienes o inicien reclamos para recuperarlos.

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El acuerdo presidencial 59-2025 ordena también el traspaso de dos propiedades en Estelí para la supuesta ejecución de proyectos. El documento detalla: “Estas propiedades se encuentran inscritas con los Números Absolutos de Propiedad NAP: 1) BI-9AHUZSW, asientos 5° y 6°; y 2) BI-2L1680GB, asiento 1° del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de Estelí”.

En los siete casos, el régimen justifica la medida alegando que busca “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”. Sin embargo, la transferencia de estos bienes al INSS se realizó sin procesos transparentes ni garantías legales para los anteriores dueños.

La normativa establece que el director del INSS deberá presentar ante el Consejo Directivo de la institución la aprobación y aceptación de la donación. También faculta a la Procuradora General de la República a incluir en el contrato de donación las cláusulas necesarias para “salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua”.

Además, la procuradora tiene autorización para ejecutar todos los actos jurídicos, administrativos, judiciales, notariales y registrales necesarios para formalizar la transferencia, conforme a la legislación nacional. El acuerdo concluye: “Sirva la Certificación de este Acuerdo, así como el de la Toma de Posesión de la Procuradora General de la República y del presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), como suficientes documentos habilitantes para acreditar sus representaciones”.