Aislamiento y torturas psicológicas se agravan en prisiones de Nicaragua

El Monitoreo Azul y Blanco (MAB) registró 35 incidentes de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en el mes de marzo de 2025.

El informe destaca el recrudecimiento de los malos tratos contra las personas presas políticas, especialmente el aislamiento prolongado en las celdas y las torturas psicológicas.   

Entre los principales hallazgos se documentaron 8 incidentes de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, siendo el aislamiento prolongado una de las principales formas de maltrato.

Este tipo de reclusión, según investigaciones de las Naciones Unidas, puede tener graves efectos en la salud física y mental de los presos, incluyendo insomnio, confusión, alucinaciones y psicosis.   

El informe recuerda que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela, prohíben el uso del aislamiento en régimen de incomunicación por períodos superiores a 15 días, debido a sus efectos perjudiciales. 

A pesar de eso, la dictadura sigue usando el asilamiento prolongado "como una forma de castigo adicional, exacerbando las violaciones de sus derechos humanos y causando daños psicológicos y físicos significativos", indican. 

Combinado con el aislamiento prolongado, durante el mes de marzo se reportaron torturas psicológicas, reducción arbitraria de las visitas familiares o la imposición de condiciones que afectan la privacidad de los encuentros.

El informe también denuncia las precarias condiciones carcelarias, que incluyen la prohibición de ingreso de colchonetas, alimentación escasa y deficiente, agua contaminada y limitada, falta de acceso a agua corriente, negación de patio y atención médica deficiente o nula.   

"El agravamiento ha sido registrado en presos políticos varones, ya que entre las mujeres privadas de libertad se reportan algunas mejoras en sus condiciones de reclusión por motivos políticos. Hasta el momento, en Nicaragua hay 52 personas presas políticas, de las cuales 45 son hombres y 7 mujeres", detalla el informe.

Como parte de los vejámenes en contra de presos políticos se registra la negación de espacios patio sol y la atención deficiente o nula de personal médica en los penales. 

Según las cifras del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, de las 52 personas presas políticas que hay hasta la fecha, 29% de ellas se tratan de adultos mayores que suelen padecer enfermedades crónicas, lo que aumenta sus vulnerabilidades de salud en prisión. 

A diferencia de los meses anteriores, los incidentes fueron registrados mayormente en Managua. En la capital se registraron 16 casos de violaciones a derechos humanos. 

El mes de marzo registra menos incidencias que los anteriores. "Una interpretación podría ser la disminución de la denuncia ante el estado de terror y persecución que existe. Las personas se autocensuran, las redes comunitarias han sido afectadas, no hay organizaciones de derechos humanos a las que acudir y la población vive sumida en el miedo", explica el informe.

Los grupos más afectados por estas violaciones incluyen a las personas presas políticas y sus familiares, así como a empresarios, trabajadores del sector privado y familiares de exiliados.   

El régimen Ortega-Murillo continuó implementando políticas migratorias represivas, incluyendo la negación de entrada al país, expulsiones y exilios forzados, como una forma de silenciar a la oposición. 

Organismos internacionales, como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, han condenado estas prácticas, señalando que constituyen violaciones graves al derecho internacional y forman parte de una estrategia estatal para consolidar un régimen autoritario.   

El informe de Monitoreo Azul y Blanco de marzo de 2025 ofrece una visión sombría de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde la represión y la impunidad continúan siendo una grave preocupación.