ONU: Dictadura asesta golpe económico a opositores confiscando sus pensiones

Daniel Ortega y Rosario Murillo han encontrado múltiples formas de represión económica dirigida a personas opositoras a su régimen, una de ellas es la confiscación de pensiones y contribuciones a la seguridad social, atentando contra la subsistencia de los beneficiarios.  

Esta práctica, que afecta principalmente a adultos mayores, opositores políticos, y trabajadores despedidos de instituciones del Estado, está siendo llevada a cabo a través de mecanismos administrativos opacos, sin ninguna garantía judicial, y en violación de derechos laborales previamente adquiridos.

Según el último informe del Grupo de Expertos que investigan la represión en Nicaragua, el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto José López Gómez, ordenó la confiscación de las pensiones y las cotizaciones a la seguridad social de personas adultas mayores que han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad. Esta medida también afecta a personas que, debido a su oposición al régimen, fueron expulsadas del país o se encuentran en situación de asilo político.

En testimonios recogidos por el Grupo de Expertos, documentaron cómo el INSS dejó de realizar las pruebas de vida a jubilados fuera del país, utilizando como pretexto la "falta de fe de vida" para suspender el pago de pensiones a personas opositoras. Anteriormente, estas pruebas se realizaban mediante videollamadas, pero en el caso de los opositores, esta práctica se interrumpió, afectando de manera directa su sustento.

El impacto de esta confiscación ha sido devastador. Para muchas personas adultas mayores, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, como discapacitados o en refugio, la pensión representaba su única fuente de ingresos. La pérdida de este beneficio les ha dejado en una situación de extrema precariedad. 

Entre los casos documentados, se encuentra el de un familiar de una de las 222 personas expulsadas por el régimen a los Estados Unidos, quien padece de discapacidad severa, o de la madre de un opositor en situación de refugio, ilustran cómo la confiscación de pensiones se ha convertido en una herramienta para castigar y aislar a la disidencia.

Además, el Grupo de Expertos también corroboró la eliminación de las partidas de nacimiento de empleados del poder judicial, despedidos desde octubre de 2023, lo que ha llevado a la privación de su nacionalidad y, en consecuencia, a la confiscación de sus derechos a la seguridad social y las pensiones. Esta medida extrema es un reflejo de la persecución sistemática que enfrenta la oposición en Nicaragua.

Las confiscaciones de pensiones han tenido terribles efectos en la vida de miles de personas. Al negarles el acceso a recursos esenciales para su subsistencia, el gobierno ha exacerbado la vulnerabilidad de los adultos mayores y ha creado un clima de incertidumbre y temor entre la población. 

Este patrón de violaciones no solo contraviene derechos fundamentales, sino que también refleja una estrategia de represión dirigida a debilitar y castigar a los opositores políticos a través de la aniquilación de sus condiciones materiales de vida.

Según el informe, estas prácticas se inscriben dentro de una política de exclusión sistemática. En este contexto, la confiscación de pensiones no solo constituye una violación grave de los derechos humanos, sino también un intento de destruir las redes de apoyo que permiten sobrevivir, a las personas en situación de vulnerabilidad.