Abogado Darío Richarte, pide captura internacional para los funcionarios nicaragüenses acusados por ONU

El abogado argentino Darío Richarte, quien impulsó la denuncia en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo por los delitos de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y deportación o traslado forzoso de población, informó que se ha solicitado que se cite a prestar declaración a las personas señaladas en el último informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Nicaragua (GHREN) y que se ordene la captura internacional de aquellos involucrados que aún no habían sido incluidos en la orden de la justicia argentina.

"En el marco de la investigación sobre Nicaragua en Argentina, hemos solicitado que se cite a prestar declaración y se ordene la captura internacional de las personas señaladas en el informe del GHREN que aún no habían sido incluidas en la orden previa de la justicia argentina", escribió Richarte en su cuenta de X.

El grupo de trabajo del informe del GHREN ha sido clave en la recopilación de pruebas y en la señalización de individuos involucrados en graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Este avance en la causa es visto como un paso positivo por parte de la justicia argentina, especialmente después de las críticas a la falta de acción internacional.

Richarte destacó el rol crucial de los organismos internacionales en la defensa de las víctimas de abusos, subrayando la importancia de este desarrollo en el contexto de la habitual inacción de muchas instituciones globales: "Después de tanto tiempo, por fin vemos que un organismo de la ONU, con todos los recursos que tiene a su disposición, toma medidas concretas en favor de las víctimas de tantas injusticias."

El informe tiene un impacto internacional debido a las denuncias de represión política y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega. Para Ricarte es necesario que haya confianza en que los organismos internacionales pueden ayudar a los nicaraguenses.

"Es fundamental resaltarlo, especialmente ante la profunda desilusión que genera en la gente la habitual inacción y lentitud de estos organismos, que no siempre se corresponden con las estructuras y prerrogativas de las que gozan."

El argentino Darío Richarte es profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, e impulsó la denuncia en contra de los dictadores  en 2022 por un grupo de fiscales de la Universidad de Buenos Aires. Y el fiscal Eduardo Taiano abrió la investigación en octubre del año pasado. 

Téllez: Ejército no puede negar participación en represión

La ex guerrillera y excardelada política Dora María Téllez, se refirió al informe del Grupo de Expertos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, que profundiza en la participación del ejército en la represión de las protestas de 2018. Téllez subrayó la implicación directa de las fuerzas armadas en los hechos de violencia que marcaron ese período, criticando la falta de explicaciones por parte de las autoridades militares.

“El informe del grupo experto de Naciones Unidas le da un papel muy importante a la participación del ejército en la represión del 2018 que ellos nunca han podido negar con seriedad”, afirmó Téllez. La exministra destacó que el armamento utilizado por los paramilitares, documentado en fotografías y videos, solo podía haber provenido de los almacenes del ejército. 

“Todo el armamento que tenían los paramilitares... ese tipo de armamento solamente estaba en los almacenes del ejército. Y ellos no han podido nunca explicar cómo es que aparecieron esas armas en los almacenes del ejército y cómo desaparecieron después”, señaló, cuestionando el destino de las armas y su posible vínculo con el régimen.

Téllez agregó que, a pesar de las evidencias, el ejército nicaragüense nunca emprendió una investigación para esclarecer el uso indebido de su arsenal. “Eso es responsabilidad plena del ejército. Y el mando ni siquiera se preocupó por iniciar una investigación para hacer la faramaya, pues entonces hay una complicidad en los altos mandos del ejército en el destino de armas de guerra para la represión indiscriminada a la población”, sostuvo con firmeza.

En relación con el espionaje y la represión directa, Téllez también denunció el uso de la inteligencia militar para vigilar a opositores. 

“En mi casa desplegaron drones desde vehículos manejados por militares con uniforme”, reveló, añadiendo que hubo oficiales del ejército involucrados directamente en la represión. “Hubo oficiales del ejército que participaban en la represión, que fueron encontrados, están sus identificaciones, etcétera”, explicó, enfatizando la implicación del ejército en los actos represivos.

Asimismo, Téllez criticó la permanencia de una casta militar que, según ella, ha perjudicado la institucionalidad del ejército. “El alto mando de la Jefatura Militar no solamente tiene cuentas que entregar por eso, sino por haber convertido el mando militar en una casta que permanece en el poder desde hace 15 años”, afirmó, calificando esta situación como “completamente inédita y absolutamente lesiva a la institucionalidad del ejército”.

Sobre el informe del Grupo de Expertos de la ONU, Téllez también cuestionó la falta de mención de algunas figuras clave en la represión.

“Ciertamente, ya me extraña que no haya aparecido ahí Amina Granera, que era la jefa de la policía en el 2018 cuando se produjo la represión de abril. Ella tiene altísima responsabilidad porque ella era parte de la cadena de mando”, expresó, añadiendo que otros actores clave, como el alcalde Francisco Valenzuela y Sara Zeledón, deberían haber sido incluidos, dada la evidencia fotográfica y de video que los vincula con las fuerzas paramilitares.