Régimen en Nicaragua huye y paraliza análisis de 279 recomendaciones del Consejo de DDHH de ONU

La dictadura de Nicaragua ha optado por la evasión y el aislamiento internacional como estrategia para eludir su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió huir del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, paralizando así el análisis de 279 recomendaciones emitidas por 88 países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En la sesión de este miércoles estuvo presente la procuradora general de la república, Wendy Morales, pero se retiró.

El régimen anunció su retiró del organismo, el pasado 27 de febrero, pero juristas indican que aún está obligado ante el organismo que es parte de Naciones Unidas.

Medardo Mairena, líder campesino exiliado, lamentó la decisión del gobierno y destacó que la negativa del régimen demuestra su intento de “evadir la responsabilidad internacional y continuar su sistema dictatorial violando los derechos humanos y libertades fundamentales de los nicaragüenses” para evitar rendir cuentas.

Un régimen que rechaza cualquier escrutinio

Por su parte, Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a 100% Noticias que este 26 de marzo estaba programado el análisis del Examen Periódico Universal (EPU) del cuarto ciclo sobre Nicaragua. Según Marenco, el Estado debía presentar un informe en el que indicara cuáles de las 279 recomendaciones recibidas en noviembre aceptaba o rechazaba.

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Además, destacó que el régimen nicaragüense ha mostrado una vez más su desprecio hacia la comunidad internacional cuando se trata de recibir críticas o recomendaciones. 

"El Consejo de Derechos Humanos ha sido claro al denunciar las violaciones en Nicaragua, otorgando mandatos específicos a la Oficina del Alto Comisionado, creando grupos de expertos y posicionándose en contra del deterioro de los derechos humanos en el país", agregó.

Un régimen sin argumentos ni defensa

El abogado destacó que la sesión en la que Nicaragua debía presentar su informe fue encabezada por Wendy Morales, una de las principales responsables de las violaciones de derechos humanos en el país. Tras analizar que el régimen no tenía respuestas que dar, por lo que su única opción fue retirarse para evitar ser expuesto ante la comunidad internacional. Con esta acción “Rechazaba básicamente cualquier recomendación que le estarían presentando al estado de Nicaragua”, señaló Marenco.

“La situación en Nicaragua es grave. Se han cometido crímenes de lesa humanidad, como la deportación y el traslado forzado. El país ha perdido su institucionalidad, su orden democrático y su Constitución. Con esta decisión, el régimen demuestra su temor a la comunidad internacional y su falta de voluntad para resolver la crisis de impunidad y represión que vive el pueblo nicaragüense”, afirmó.

Además, enfatizó que esta actitud no solo refleja cobardía, sino que también confirma el reconocimiento implícito de su culpabilidad.

“Es una acción de cobardía por parte del estado de Nicaragua, pero también renuncia a un diálogo amistoso con los estados, también renuncia a la posibilidad de poder superar esta crisis que atravesamos los nicaragüenses”, añadió Marenco.

Nicaragua entre los pocos países que han rechazado el EPU

Marenco recordó que el  EPU es un proceso voluntario en el que participan los 193 Estados miembros de la ONU, y Nicaragua se convierte en el tercer país en negarse a formar parte, siguiendo los pasos de Myanmar, cuyo examen quedó suspendido tras su negativa.

Decisiones del Consejo de DDHH ante la negativa de Nicaragua

El presidente del Consejo reafirmó la postura del organismo al respecto: “El Consejo está de acuerdo en hacer un llamado a Nicaragua para que reanude su cooperación con el Mecanismo del EPU o, en su defecto, que el Consejo de Derechos Humanos adopte todas las medidas adecuadas dentro de su mandato para exhortar a Nicaragua a retomar su participación. También se ha solicitado al presidente del Consejo que informe sobre el resultado de sus gestiones en la sesión 59, y si procede, en la sesión 60, además de dejar abierta la posibilidad de reprogramar el análisis del informe final del EPU si Nicaragua reanuda su cooperación”, concluyó.

Postura del Colectivo 46/2 sobre el bloqueo del informe

Por su parte, las organizaciones integrantes del Colectivo 46/2 emitieron un pronunciamiento sobre la imposibilidad de adoptar el Informe Final del EPU sobre Nicaragua, que estaba previsto para la Sesión 58 del Consejo de Derechos Humanos.

El documento señala que el Consejo acordó las siguientes medidas:
•    Exhortar al Estado de Nicaragua a reanudar su cooperación con el mecanismo del EPU.
•    Solicitar al presidente del Consejo informar sobre las gestiones realizadas con este fin.
•    Aplazar la adopción del informe para la Sesión 60 del Consejo de Derechos Humanos en caso de que Nicaragua reanude su cooperación.

Apoyo de la sociedad civil al proceso del EPU

Asimismo, el comunicado destacó que Peace Brigades International (PBI) ha acompañado a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en su participación en el proceso del EPU desde el año pasado.

“Lamentamos que el Estado nicaragüense no cumpla con sus compromisos de colaboración en este proceso, lo que impide la adopción de un informe final y obstaculiza el desarrollo de un mecanismo clave para la fiscalización y la mejora de los derechos humanos a nivel global”, expresaron.

El aislamiento del régimen de Ortega

El pronunciamiento también alertó sobre el creciente aislamiento del régimen nicaragüense: “Esta acción se enmarca en una política de aislamiento y desconocimiento de sus obligaciones internacionales en espacios regionales e internacionales de escrutinio, evidenciando su falta de compromiso con la garantía de los derechos humanos”.

Retirada de organismos internacionales

El régimen de Ortega ha ido más allá en su estrategia de aislamiento. En los últimos meses, ha abandonado varios organismos internacionales para evitar ser juzgado por su historial de represión.

“El pasado 27 de febrero, Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos, pocos días después de la presentación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre el país (GHREN). Posteriormente, el Estado también anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”, concluyó el documento.

Consecuencias de la huida del régimen

Si bien Ortega y su círculo cercano creen que alejarse de estos organismos les permitirá operar sin restricciones, la realidad es que su estrategia solo los está llevando al total repudio de la comunidad internacional. En este punto el activista aclara que no participar en el EPU no detiene el escrutinio, si no que lo intensifica ya que considera que el Consejo de Derechos Humanos y otras instancias reforzarán su vigilancia sobre Nicaragua.

“Aunque han paralizado temporalmente la discusión dentro de este mecanismo, existen otros espacios donde los Estados pueden denunciar y tomar medidas contundentes. En las sesiones 59 y 60 del Consejo se volverá a analizar la situación del país, y esperamos que la comunidad internacional actúe con firmeza ante la negativa del régimen a someterse al escrutinio”, concluyó el defensor de DDHH Salvador Marenco.