"Tememos por su vida": la angustia de Eugenia Valle, esposa de Boitano en desaparición forzada en Nicaragua

Eugenia Valle, esposa de Víctor Boitano Coleman, denunció que su esposo lleva 304 días en condición de desaparición forzada, al mismo tiempo que exigió su libertad durante el panel “Nicaragua: Arquitectura contemporánea, legislación constitucional e impacto en los derechos humanos en Nicaragua”.

Valle explicó que Boitano Coleman, un ciudadano italo-nicaragüense, fue secuestrado el 23 de abril de 2024.

“Decir que fue secuestrado y desaparecido puede parecer lejano para algunos, pero para quienes vivimos esta situación, el dolor de tener a un ser querido en estas circunstancias es desgarrador y extremadamente doloroso”, expresó.

Añadió que Nicaragua, en la actualidad, es una enorme cárcel donde nadie está seguro. "No hay respeto por la integridad de las personas ni por sus derechos humanos. La libertad de expresión, de pensamiento, y la democracia han sido eliminadas", aseguró.

Valle señaló que el régimen ha instaurado un “sistema de terror” basado en el miedo y la represión contra cualquier nicaragüense considerado un enemigo político.

Explicó que entre los 47 presos políticos, 12 personas tienen entre 60 y 73 años, sufren de enfermedades crónicas y no tienen acceso a atención médica, incluido su esposo, quien es el padre de sus hijos.

“Hoy se cumplen 304 días desde que lo secuestraron y lo desaparecieron. Él es un hombre de 64 años que padece diabetes, hipertensión, problemas circulatorios, delirio de persecución, crisis de esquizofrenia, entre otras enfermedades. Suponemos que no ha recibido medicación ni atención médica. Sólo podemos suponer que sigue con vida”, comentó.

Al recordar el violento arresto, Valle no pudo evitar emocionarse al relatar, con voz quebrantada, lo sucedido ese día. "Llegaron a la casa policías, hombres que entraron con violencia, golpeando y ultrajando a mi hija y a mí, que soy una mujer de 61 años con múltiples enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. Pusieron en riesgo mi vida”, afirmó.

A pesar de los videos y grabaciones que se han presentado a la opinión pública y a las organizaciones, Valle denunció que el régimen no ha adoptado medidas cautelares ni acepta que tiene a su esposo detenido. “Nos obligaron a exiliarnos, a abandonar nuestro país”, continuó.

Valle expresó su temor por la vida y la salud mental de su esposo, y responsabilizó al régimen por cualquier daño que sufra. “El único ‘delito’ de mi esposo fue escribir en 2009 y 2010 cuatro libros en los que denunciaba los vínculos del régimen con el narcotráfico, los robos y el asesinato de opositores nicaragüenses. Nadie le prestó atención en ese momento, excepto el régimen, que ahora lo está castigando”, relató.

Añadió que en 2018, su esposo se fue a Europa, pero regresó en 2023 porque ella y su hija estaban enfermas. “Lo dejaron estar cuatro meses y luego lo secuestraron. Desde entonces, no sabemos nada de él. Les pido a todos ustedes que adopten una postura más firme. Mi caso no es único, hay 47 familias que están viviendo lo mismo”, enfatizó.

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Valle hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayude a los nicaragüenses que se ven obligados a convertirse en inmigrantes para poder visibilizar la situación de sus seres queridos. “Todo esto es producto de la ambición desmedida del régimen, que solo se sustenta en su poder, sin escrúpulos, y que ha jugado con la sangre de quienes han muerto en la lucha por la justicia y la libertad en Nicaragua”, concluyó.

En su más reciente informe, el Grupo de Expertos en derechos humanos de ONU para Nicaragua, identificó a 12 personas desaparecidas, entre ellas: Brooklyn Rivera Bryan, diputado de la Asamblea Nacional y líder del Pueblo Miskito; Víctor Boitano Cóleman; Angélica Chavarría Altamirano; Fabiola Tercero Castro; Steadman Fagoth Muller; Eddy González Valdivia; Leo Cárcamo Herrera; Julio Quintana Carvajal; Fabio Cáceres Larios. 

Poderes perversamente instrumentalizados

Jean Michael Simón, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua, afirmó que, tras tres años de investigación, se ha establecido que la maquinaria represiva del régimen nicaragüense opera con dos grandes engranajes.

“El primero es un aparato de inteligencia que actúa como los ojos y oídos del gobierno, permitiéndole obtener la información con la que selecciona sus blancos y dirige su red de acción”, explicó Simón.

“El otro engranaje es una red de entidades estatales y paraestatales, incluyendo al partido Frente Sandinista, que ejecuta las violaciones de derechos humanos siguiendo una cadena de mando vertical, desde los niveles superiores hacia abajo, para cumplir a la perfección con las órdenes dadas”.

Simón también señaló que, aunque la maquinaria represiva del régimen tiene ahora un fundamento constitucional, esto no la hace legal ante los ojos del derecho internacional y de los Derechos Humanos. "Esta Constitución viola las obligaciones internacionales de Nicaragua, por lo que no tiene validez frente a la comunidad internacional", aseguró.

El experto consideró que la situación actual en Nicaragua representa un caso “paradigmático” de crímenes de lesa humanidad, un concepto creado para proteger a los pueblos de sus propios gobernantes. “Lo que está sucediendo en Nicaragua es el núcleo de ese mal: los poderes que deberían justificar la existencia del Estado están siendo instrumentalizados en su contra”, subrayó.

La desnacionalización como una violación a los derechos humanos

Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos, destacó que actualmente ningún país en el mundo desnacionaliza a sus ciudadanos y los deja en situación de apatridia. “Estamos hablando de 452 personas que han sido desnacionalizadas, aunque este número podría ser mayor, ya que hay casos de personas que ni siquiera saben que han perdido su nacionalidad”, comentó.

Peralta añadió que la desnacionalización de estas personas va acompañada de la confiscación de sus bienes. “Se les han quitado sus propiedades, cuentas bancarias, pensiones y créditos, lo que lleva a una muerte económica de estas personas, que deben reconstruir su vida en otro país, sin documentos y sin acceso a oportunidades económicas”, explicó.

Además, destacó que las violaciones a los derechos humanos se extienden a los niños, que a menudo quedan separados de sus familias y enfrentan dificultades para reunificarse.

La reforma constitucional y su impacto en el estado de derecho

Andrés Sánchez Thorin, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la reciente reforma constitucional en Nicaragua, que ha institucionalizado prácticas de violaciones de derechos humanos y debilitado el estado de derecho.

Uno de los cambios más alarmantes es la eliminación de los artículos 33 y 34, que garantizaban principios fundamentales del debido proceso y las garantías judiciales mínimas. “Ahora, aunque los nuevos artículos mencionan la obligación de respetar el debido proceso y la prohibición de detenciones arbitrarias, han eliminado disposiciones clave como el derecho a ser informado de los cargos, el plazo máximo de 48 horas para presentar a un detenido ante un juez, la publicidad de los juicios y el derecho a una defensa adecuada”, detalló Sánchez.

Esta eliminación de garantías fundamentales de debido proceso ha generado profunda preocupación, especialmente en un contexto en el que se siguen documentando patrones de detenciones arbitrarias y violaciones de los principios del debido proceso.

Descomposición de la democracia 

Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que con la nueva constitución política de Nicaragua, cualquier vestigio de democracia e institucionalidad ha desaparecido, instaurándose un estado de excepción de facto.

“La impunidad y el autoritarismo se legalizan con reformas constitucionales nulas, que facilitan el despojo arbitrario y discrecional de la nacionalidad y eliminan cualquier restricción al ejército. En el último informe del grupo de expertos se demuestra que el ejército ha participado activamente en las protestas desde abril de 2018”, afirmó.

Marenco también señaló que los presos políticos y sus familias enfrentan una extrema vulnerabilidad. “En los últimos tiempos, el distrito 3 de la Policía Nacional y el complejo penitenciario de Tipitina se han convertido en centros de tortura, sometiendo a las personas detenidas a presión psicológica, con el fin de obtener confesiones bajo coacción. Además, se ha intensificado la práctica de violencia sexual, siendo la desnudación forzada una constante en los procedimientos”, denunció.

Invasión de tierras y desplazamiento de comunidades indígenas

Wilmer Gutiérrez Gómez, descendiente de la casa indígena Chorotega del Pacífico Centro y Norte, explicó que los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua están siendo gravemente afectados por la nueva Constitución, ya que los diputados de las regiones autónomas de la Costa Caribe apenas representan el 5% de la Asamblea Nacional.

“La nueva Constitución no refleja las realidades de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Los artículos que mencionan la persona, la familia y la comunidad no corresponden a nuestras formas organizativas. Además, la constitución habla de equidad entre hombres y mujeres, pero no menciona la equidad entre los pueblos y sus derechos étnicos”, señaló.

Denunció que desde 2015, más de 80 miembros de las comunidades indígenas han sido asesinados debido a la invasión de sus tierras por parte de colonos. 

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También destacó que sus gobiernos comunales y territoriales están siendo usurpados por militantes políticos impuestos por el gobierno. “Las elecciones regionales son cuestionadas, ya que muchos indígenas se han visto obligados a huir a otros países para proteger sus vidas y sus ideales”, agregó.

Actualmente, al menos 47 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua. Desde 2023, más de 450 personas han sido convertidas en apátridas, y al menos 36 han sido expulsadas por la fuerza desde octubre de 2023. 

Las autoridades migratorias han rechazado el regreso de al menos 15 nicaragüenses desde diciembre de 2024, y se estima que la cifra de personas rechazadas podría alcanzar los 200 solo en enero de 2025.