Informe de ONU destaca 12 desapariciones forzadas de opositores y periodistas en Nicaragua

Al menos 12 ciudadanos opositores nicaragüenses se encuentran en condición de desaparición forzosa, según el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, que revela la estructura detrás de estas desapariciones en el país.

En el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el GHREN identificó a 12 personas desaparecidas, entre ellas Brooklyn Rivera Bryan, diputado de la Asamblea Nacional y líder del Pueblo Miskito; Víctor Boitano Cóleman; Angélica Chavarría Altamirano; Fabiola Tercero Castro; Steadman Fagoth Muller; Eddy González Valdivia; Leo Cárcamo Herrera; Julio Quintana Carvajal; Fabio Cáceres Larios.

Otros ciudadanos que estuvieron en condición de desaparición forzada fueron Carlos Bojorge Martínez, detenido el 24 de noviembre de 2023; y Freddy Quezada, detenido el 29 de noviembre de 2023, ambos fueron expulsados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024.

El informe documenta varios casos de desapariciones forzadas, comúnmente denominadas "de corta duración", que ocurrieron desde abril de 2018. Estas desapariciones, que duraron desde días hasta semanas, estuvieron marcadas por la negativa de las autoridades a revelar el paradero de los detenidos. Un ejemplo de esto fue el caso de 35 opositores detenidos arbitrariamente en noviembre de 2024, cuyos paraderos no se conocieron hasta que fueron liberados dos semanas después.

Según el informe, las autoridades policiales y penitenciarias mantuvieron a los detenidos incomunicados, sin acceso a representación legal ni a contacto con sus familias. A pesar de las peticiones reiteradas de familiares y abogados a instituciones como la Dirección de Auxilio Judicial, la comisaría del Distrito III, La Modelo, la cárcel de máxima seguridad "La 300" y La Esperanza, las autoridades se negaron sistemáticamente a dar información sobre el paradero de los detenidos.

El informe destaca que las detenciones fueron ejecutadas por la policía en coordinación con el Ministerio Público, siguiendo un mismo modus operandi y cadena de mando. Además, señala que los tribunales de apelación rara vez concedían los hábeas corpus, y cuando lo hacían, las autoridades no cumplían con la orden.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos también confirmó que los directores de los centros de detención como La Modelo, La Esperanza y La 300 estaban al tanto de las desapariciones y que el subdirector de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional también seguía de cerca la situación.

El Grupo reiteró que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua constituyen crímenes de lesa humanidad, entre ellos la persecución por motivos políticos, y consideró que el gobierno debe "rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia".

"La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes -acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas" para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas", dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.