ONU denuncia red de inteligencia, espionaje y censura digital contra toda la población en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó este miércoles un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, donde expuso una red de inteligencia y vigilancia creada por la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo para monitorear no solo a personas opositoras, sino a toda la población. Este informe incluye un anexo con un organigrama que ilustra la cadena de mando de la vigilancia, que va desde Ortega y Murillo hasta diversas instituciones estatales.

Según el diagrama, la vigilancia se coordina directamente desde la cima del poder, con Ortega y Murillo dictando directrices a varias instituciones como el Ministerio de Salud (MINSA), la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, TELCOR, las Unidades de Victoria y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otras.

Desde abril de 2018, tanto actores estatales como no estatales han estado vigilando, intimidando y persiguiendo a opositores y a cualquier persona considerada como tal, así como a sus familias y líderes sociales. Según el informe, la Policía Nacional, bajo el mando de Francisco Díaz, consuegro de Ortega, ha establecido un centro de información e inteligencia, utilizado para identificar, amenazar y acosar a opositores.

El Ejército, a través de la Dirección de Información para la Defensa, tiene acceso ilimitado a esta información. Además, los interrogatorios realizados por la Dirección de Auxilio Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional también contribuyen a la recopilación de datos.

“El GHREN comprobó que la Policía Nacional, bajo la dirección de Francisco Díaz consuegro de Ortega, dispone de un centro de información e inteligencia, el cual informa al comisario responsable de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, que se utiliza para identificar y obtener información sobre personas opositoras o percibidas como tales y vigilarlas, amenazarlas y acosarlas”, indica el documento.

Telaraña de vigilancia

En la telaraña de vigilancia ciudadana, también figura el Ministerio de Salud, el cual juega un papel clave en la recolección de información a través de censos en los municipios, donde la población debe responder preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas.

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Además, la Unidad de Análisis Financiero se encarga de identificar las cuentas bancarias de opositores a los que se les pueden embargar fondos.

Las Unidades de Victoria también contribuyen a recopilar información y a vigilar e intimidar a opositores, funcionarios públicos, periodistas, estudiantes, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos e incluso a miembros del FSLN, entre otros.

Escuchas y geolocalización

El GHREN señala que Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) también juega un papel fundamental, interceptando ilegalmente las comunicaciones de opositores. En 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley N° 1223, que legaliza la vigilancia, la interceptación de comunicaciones y la geolocalización de personas bajo el pretexto de la seguridad nacional.

“Telcor proporcionó información sobre opositores a la policía, obtenida por intercepciones ilegales de las comunicaciones de sus usuarios”, indican.

El diagrama revela que TELCOR también alberga “granjas de trolls” que trabajan desde el Centro de Convenciones PAEBANIC, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (INATEC), las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y la sede de TELCOR. 

Estas granjas son controladas por la Red de Jóvenes Comunicadores y la Secretaría Nacional de Organización del FSLN y responden a la Vicepresidenta. 

“Acosan, amenazan y desacreditan a los opositores,al tiempo que difunden desinformación”, refieren.

Intensificación de la vigilancia 

El Grupo de Expertos sobre Nicaragua, órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informó que ha documentado la progresiva intensificación de la vigilancia, principalmente desde 2023 hacia opositores por parte de miembros de la Policía Nacional, servicios de inteligencia, estructuras del FSLN y grupos armados progubernamentales, todas ellas entidades bajo la autoridad del Presidente y la Vicepresidenta. 

Establecen que las personas bajo vigilancia son obligadas a presentarse diariamente -bajo amenaza de arresto- en una comisaría designada, ya sea en persona o enviando mensajes de WhatsApp con fotos, detalles sobre su paradero y las personas con las que pretenden reunirse. 

Identificaron casos en los que nicaragüenses seguían siendo acosados cuando se encontraban en el extranjero y presionados para que enviaran fotografías desde sus países de residencia. 

Aclaran que esta vigilancia no se limita a las personas consideradas opositoras; toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia a través del Ministerio de Salud que realiza un censo poblacional.

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Consideran que la vigilancia ha instalado un clima de miedo y autocensura en torno a la publicación de noticias o el intercambio de información en línea. Incluso, los nicaragüenses residentes en el exterior también se abstienen de comunicarse con sus familiares en el país por temor a que sus llamadas y mensajes puedan ser interceptados.