CIDH otorga medidas cautelares a Julio Quintana Carvajal en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 18 de febrero medidas cautelares en favor del abogado nicaragüense Julio Antonio Quintana Carvajal, quien se encuentra oficialmente desaparecido. Desde su arresto el 26 de noviembre de 2024 por agentes estatales, sus familiares y allegados desconocen su paradero o situación en Nicaragua.

La CIDH llamó al Estado nicaragüense a garantizar el derecho a la vida, integridad personal y salud de Quintana, así como a informar sobre su paradero. Asimismo, solicitó que se aclaren las condiciones de su detención y, en caso de estar bajo custodia estatal, se precise la autoridad judicial involucrada.

Además, la Comisión exigió que se informe el lugar donde permanece detenido, se garantice el acceso de sus representantes legales y familiares, y se le brinde la atención médica necesaria. También pidió detalles sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos que motivaron esta resolución y evitar su repetición.

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Julio Antonio Quintana Carvajal enfrenta su segunda detención por razones políticas. A los 20 años, fue encarcelado y torturado por oponerse a la dictadura somocista. Ahora, a sus 66 años, ha sido arrestado nuevamente bajo el régimen de Ortega-Murillo.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua publicó informe actualizado, correspondiente al período del 14 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, documentando el agravamiento de la represión estatal y las condiciones inhumanas en las cárceles del país.

El informe confirma que, al cierre de enero, 47 personas continúan privadas de libertad por razones políticas, entre ellas 7 mujeres y 40 hombres. A pesar de que la cifra aumentó con respecto al mes anterior, se advierte que el número real podría ser mayor debido al ambiente de represión y la falta de acceso a información pública.

Este informe, avalado por la CIDH, detalló el incremento de detenciones arbitrarias en Nicaragua, la falta de garantías procesales y el uso sistemático de la represión contra opositores políticos, activistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, el caso de Quintana Carvajal representa una grave violación a los derechos fundamentales y refuerza la crisis de derechos humanos en el país.