Un desplante que saldrá caro
Invocar la soberanía para cerrar puertas al diálogo tiene un costo. El Centro de Pensamiento Internacional analiza cómo las decisiones de Ortega y Murillo profundizan el aislamiento de Nicaragua y podrían comprometer los vínculos que aún conectan al país con el exterior
Managua cerró la puerta a Natasha Franceschi, diplomática de carrera confirmada por el Senado estadounidense el 30 de septiembre, y hoy Washington responde llamando a consultas a su encargado de negocios, Elias Baumann. La secuencia podría leerse como otro episodio del largo desencuentro entre ambos gobiernos, pero la fecha del rechazo lo vuelve más elocuente. El veto se conoció el 2 de octubre, el mismo día en que los cancilleres de la OEA aprobaban por consenso una resolución que ofrece al régimen un canal de diálogo directo y un grupo ministerial dispuesto a viajar a Managua. Ortega y Murillo contestaron la mano tendida con un portazo, y lo hicieron, como siempre, en nombre de la soberanía.
Negar el beneplácito es una facultad que el derecho internacional reconoce sin reservas. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 obliga al Estado acreditante a asegurarse del asentimiento del receptor antes de enviar a su jefe de misión, y dispensa a este último de explicar su negativa. Ningún internacionalista serio discutiría que Nicaragua podía hacerlo. La figura existe para proteger al Estado receptor frente a un representante con antecedentes hostiles, conductas impropias o una trayectoria incompatible con la convivencia entre gobiernos. Su razón de ser es preservar la relación, y por eso su ejercicio responsable suele ir acompañado de discreción y de un acomodo negociado con el candidato siguiente.
El régimen usa esa misma facultad con el propósito contrario. En julio de 2022 retiró el beneplácito ya concedido a Hugo Rodríguez porque, ante el Senado de su país, llamó dictadura a lo que todo el hemisferio reconoce como tal. Cuatro años después repite el patrón con Franceschi, con una diferencia que agrava el gesto, pues esta vez no hubo siquiera una frase que pudiera presentarse como agravio. Bastó con que la diplomática anunciara que mantendría la presión para buscar una solución en Nicaragua. Un gobierno que se ofende ante la palabra solución revela cuánto le inquieta cualquier salida que no controle. Revela también su disposición a convertir una negativa que el derecho le permite en un desaire deliberado al presidente Trump, a quien la embajadora designada iba a representar personalmente, y con él al Estado que la propuso.
Para Ortega y Murillo la soberanía se ha convertido en un cajón de sastre. Allí guardan la expulsión de sacerdotes y obispos, la confiscación de universidades, la cancelación de miles de organizaciones civiles, el despojo de la nacionalidad a opositores y la clausura de periódicos. Cada vez que alguien pide cuentas, abren el cajón y sacan la misma palabra, con la esperanza de que el peso del concepto impida mirar lo que contiene. La soberanía, en la tradición democrática que Nicaragua suscribió durante décadas, reside en el pueblo y se ejerce por medio de instituciones que le rinden cuentas. Un gobierno que anunció que el país no volverá a celebrar elecciones invoca, para vetar embajadores, el nombre de un titular al que ya despojó de su voz.
La respuesta de Washington eleva el costo del desplante y le da la dimensión de una crisis. El Departamento de Estado calificó el rechazo como prueba de la hipocresía con que Managua habla de respeto mutuo, y ordenó el regreso de Baumann por instrucción del secretario Marco Rubio para sostener «consultas cruciales». La diplomacia, de lenguaje medido, no usa ese adjetivo para encuentros de rutina. Con él, Washington advierte que tomó el agravio con toda seriedad y que se dispone a actuar, y nada en la conducta reciente de esta administración hacia Managua permite esperar una respuesta tibia. El llamado a consultas es la protesta que el derecho diplomático reserva para estos casos y el paso que suele preceder a medidas más severas. Las consecuencias para el régimen pueden ser muy graves, desde nuevas sanciones contra su círculo de poder hasta la revisión de los vínculos comerciales y financieros que todavía le dan oxígeno.
Mientras Washington decide, la embajada estadounidense en Managua, que funciona sin embajador desde 2023, queda también sin su principal diplomático. El régimen presentará la salida de Baumann ante sus bases como una victoria antiimperialista, aunque quienes pagarán la distancia serán los nicaragüenses que todavía dependen de algún puente con el exterior.
Lo más llamativo es que el régimen se enredó en su propio juego. Vetó a la embajadora para exhibir firmeza ante su base y ante sus aliados de Moscú y Pekín, y con ese gesto entregó a la OEA la prueba que necesitaba. La resolución salió por consenso de los 32 Estados activos, incluidos gobiernos como el de Brasil, que durante la negociación se resistió a tratar a Nicaragua como amenaza regional. El grupo ministerial dispone de sesenta días para procurar un diálogo rápido y directo y presentar su informe. Cada puerta que Managua cierre en ese plazo quedará registrada como respuesta a una oferta de buena fe, y ningún aliado del régimen podrá alegar después que faltó voluntad de conversar del otro lado.
El aislamiento avanza con la colaboración del propio aislado. Ese mismo 2 de octubre la República Dominicana anunció el cierre de su embajada en Managua mientras persistan las condiciones que denunció, después de que el régimen calificara de vasallas las críticas dominicanas. La lista de gobiernos con los que Nicaragua mantiene un trato normal se acorta, y cada nombre que desaparece de ella responde a una decisión tomada en El Carmen.
La OEA debe sostener su ruta aunque el régimen le niegue la entrada, y los gobiernos del continente deben incorporar cada negativa al expediente de un Estado que abandonó la organización sin desprenderse de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El derecho internacional permite a Nicaragua escoger a quién recibe como embajador. Ese mismo orden jurídico, por medio de los tratados que el país ratificó y que su salida de la OEA no extingue, le exige responder por lo que hace con su gente. Ortega y Murillo pueden seguir negando beneplácitos, pero cada negativa les resta el poco crédito que les quedaba y hace más difícil que alguien los escuche cuando pretenden hablar en nombre de Nicaragua, un pueblo cuya soberanía usurparon.
Centro de Pensamiento Internacional (CPI)
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