Singularidades del caso nicaragüense frente a otros modelos autoritarios

En un seminario internacional organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, sobre “Autoritarismo y populismo penal en América Latina”, el doctor Jan-Michael Simon, investigador del Instituto Max Planck de Alemania y presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), realizó un análisis particularmente revelador sobre la evolución del régimen Ortega-Murillo y las singularidades del modelo nicaragüense frente a otras experiencias autoritarias de la región.

A partir de una perspectiva jurídica y comparada, Simon caracterizó el modelo Ortega-Murillo como similar al nazismo, identificó sus principales diferencias respecto de otros sistemas autoritarios latinoamericanos y explicó las distintas etapas mediante las cuales se produjo la concentración y posterior institucionalización del poder.

Su análisis adquiere especial relevancia por su conocimiento de la realidad nicaragüense. Desde marzo de 2022, el GHREN, que dirige, ha presentado cuatro informes y nueve documentos complementarios sobre la situación de los derechos humanos, la deriva totalitaria y la progresiva destrucción del Estado de derecho en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La conversación se desarrolló en formato de entrevista y estuvo conducida por la Doctora María Asunción Moreno Castillo, graduada en la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en Derecho Penal y Constitucional y conocedora de la realidad política y jurídica nicaragüense.

1. Las singularidades del modelo nicaragüense

Uno de los principales aportes de la conversación fue precisamente identificar aquello que distingue al caso nicaragüense de otros modelos autoritarios de la región.

A través de sus preguntas, Moreno condujo el análisis hacia una cuestión central: mientras en distintos países el Derecho penal se ha expandido bajo el argumento de combatir el crimen organizado o determinadas amenazas a la seguridad, en Nicaragua el fenómeno responde a una lógica diferente y más amplia.

Aquí, el aparato punitivo y el orden constitucional terminan subordinados a una finalidad fundamental: asegurar la permanencia en el poder.

La transformación no se limita, por tanto, al uso político de las instituciones de seguridad o de justicia. El propio orden constitucional deja de operar como límite al poder y pasa progresivamente a convertirse en un mecanismo destinado a garantizar su continuidad.

La reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2026 constituye, desde esta perspectiva, un momento especialmente significativo. Según el análisis expuesto por Simon, sus efectos no se limitaron a modificar la estructura del Estado y los mecanismos de contrapeso institucional, sino que alcanzaron también el catálogo de derechos. Entre los aspectos que consideró especialmente relevantes se encuentra incluso la eliminación de la referencia a la dignidad humana.

Existe, además, otra diferencia sustancial respecto de experiencias como la cubana. Nicaragua no partió de la eliminación de las instituciones formalmente democráticas. Partió, por el contrario, de un marco constitucional y de instituciones que conservaban formalmente esa naturaleza, pero que fueron capturadas desde dentro.

Posteriormente, esas instituciones fueron reconfiguradas para garantizar la permanencia de la familia Ortega-Murillo en el poder, subordinando progresivamente el Derecho a la lógica del poder.

2. De la concentración fáctica a la institucionalización del poder

Para Simon, el proceso de concentración del poder en Nicaragua puede entenderse en dos grandes fases.

La primera estuvo marcada por la violencia y la eliminación progresiva de la oposición. La segunda consistió en utilizar las propias instituciones formales del Estado para consolidar e institucionalizar esa concentración.

Esta evolución resulta particularmente relevante porque, durante todo el proceso, Nicaragua no declaró formalmente un estado de excepción ni suspendió oficialmente las garantías constitucionales.

La ausencia de una declaración formal de excepción, sin embargo, no significó la preservación efectiva de los límites constitucionales. En la práctica, la Constitución y las leyes dejaron de funcionar como contrapesos frente al poder y comenzaron a ser utilizadas como instrumentos para asegurar su permanencia.

Es en este punto donde Simon encuentra una posible aproximación al concepto de «Estado dual» desarrollado por Ernst Fraenkel. Este modelo distingue entre el Normenstaat, una esfera normativa que conserva la apariencia de legalidad, y el Maßnahmenstaat, una esfera de prerrogativa en la que el poder actúa sin encontrarse sometido a límites jurídicos efectivos.

La referencia resulta particularmente útil para comprender la evolución nicaragüense: se mantiene la fachada del ordenamiento jurídico, con sus leyes, tribunales, instituciones y procedimientos, pero simultáneamente se consolida un ámbito de decisión política que escapa a los límites efectivos del Derecho.

De esta manera, el proceso descrito supone algo más que una concentración política del poder. Se produce el tránsito de una concentración fáctica a una progresiva institucionalización jurídica de esa concentración.

3. ¿Autoritarismo o algo más?

Otro de los aspectos centrales de la conversación fue la dificultad de describir adecuadamente el sistema nicaragüense utilizando únicamente la categoría de autoritarismo.

Para Simon, este concepto resulta insuficiente para explicar la dimensión alcanzada por el modelo Ortega-Murillo. Desde las tipologías de la ciencia política comparada, señala que algunos elementos del caso nicaragüense pueden aproximarse a las formas de tiranía clásica.

Aunque el autoritarismo puede adoptar diferentes modalidades, el modelo construido en Nicaragua, según su análisis, trasciende varias de esas categorías.

En este contexto, Simon establece una comparación histórica particularmente fuerte: pese a las diferencias existentes en los procedimientos y en los contextos históricos, considera que el caso nicaragüense puede ser comparado con determinados aspectos de lo ocurrido en Alemania a partir de 1933, con el ascenso del nacionalsocialismo al poder.

El elemento común que identifica no reside necesariamente en los mecanismos concretos empleados, sino en la coexistencia de dos dimensiones dentro del mismo Estado: una parte del ordenamiento continúa funcionando bajo una apariencia de normalidad jurídica, mientras otra opera como un espacio de poder discrecional y arbitrario, sin límites efectivos.

Cuando esta dualidad se consolida, el Estado deja de funcionar efectivamente como un Estado de derecho y el orden jurídico comienza a operar como un instrumento de control arbitrario.

4. La instrumentalización del Derecho penal

Dentro de este proceso, el Derecho penal y el sistema de justicia adquieren una función particularmente relevante: intervenir sobre los espacios de oposición, disidencia y crítica pública.

Un ejemplo de ello son determinados delitos formulados mediante categorías ambiguas, como la traición a la patria. Cuando los elementos que configuran un tipo penal no se encuentran suficientemente delimitados, aumenta el margen de discrecionalidad de quienes aplican la norma y, con ello, se debilita el principio de seguridad jurídica.

Lo particularmente significativo en Nicaragua, según Simon, es que esa ambigüedad puede ser aprovechada para incorporar valoraciones esencialmente políticas dentro de la imputación penal. Este fenómeno encuentra paralelismos claros, según su análisis, en determinadas legislaciones antiterroristas.

El resultado es que el Derecho penal y el sistema de justicia dejan de operar exclusivamente como mecanismos de protección de bienes jurídicos y pasan a convertirse en instrumentos de neutralización de quienes son considerados adversarios del poder.

Simon identifica este fenómeno con el concepto de lawfare: la utilización estratégica de procedimientos formalmente legales para alcanzar fines esencialmente políticos.

La particularidad del caso nicaragüense es que mantiene la apariencia externa de legalidad. Existen tribunales, fiscalías, leyes, procedimientos y decisiones formalmente jurídicas. Sin embargo, ese entramado institucional puede terminar sirviendo para legitimar la exclusión y la represión.

5. Ciudadanía, nacionalidad y represión transnacional

La instrumentalización del Derecho adquiere una dimensión todavía más profunda cuando alcanza la nacionalidad, la ciudadanía y otros derechos fundamentales.

Según Simon, en este punto el fenómeno trasciende la utilización política del sistema penal y alcanza elementos esenciales de la relación entre el individuo y el Estado. La utilización de derechos fundamentales como mecanismos de exclusión rompe con las bases mismas del contrato jurídico de un Estado moderno.

Cuando la ciudadanía o la nacionalidad pasan a depender de la lealtad hacia quienes gobiernan, la persona deja de ser considerada como miembro pleno de una comunidad jurídica y puede convertirse en aquello que Zaffaroni denomina un «enemigo»: alguien a quien se niega el reconocimiento pleno como sujeto de derechos.

En el caso nicaragüense, Simon considera que estas medidas deben ser examinadas como una forma de persecución, no en el sentido coloquial del término, sino desde la perspectiva de los elementos jurídicos que configuran los crímenes de lesa humanidad.

Desde el Derecho internacional, estas prácticas pueden generar situaciones de apatridia y afectar múltiples derechos fundamentales. Entre ellos se encuentran el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de circulación, la protección consular y, en determinados casos, el derecho a la vida familiar y los derechos de los niños.

Pero existe además una dimensión que trasciende las fronteras nacionales.

La práctica de estas medidas proyecta la represión más allá del territorio nicaragüense y convierte el exilio en una extensión del control estatal. El poder ya no se limita a actuar sobre quienes permanecen dentro del territorio: sus efectos alcanzan también a quienes han sido forzados a abandonarlo.

6. Una realidad que requiere nuevas categorías para ser comprendida

El diagnóstico desarrollado por Simon, a partir de las preguntas formuladas por la doctora Moreno, ofrece elementos para comprender una realidad que difícilmente puede explicarse únicamente mediante las categorías tradicionales del autoritarismo.

El caso nicaragüense muestra un proceso en el que la concentración del poder, la instrumentalización del Derecho penal, la captura de las instituciones y la utilización de derechos fundamentales como mecanismos de exclusión forman parte de una misma dinámica.

La importancia de este análisis no reside únicamente en describir lo ocurrido en Nicaragua, sino en proporcionar categorías que permitan comprenderlo.

Para los nicaragüenses, estas categorías contribuyen a conceptualizar una experiencia política y jurídica que ha transformado profundamente la relación entre ciudadanía, Estado y poder. Para la comunidad internacional, permiten comprender por qué la situación nicaragüense no puede ser analizada exclusivamente como una expresión convencional de autoritarismo, sino como un proceso de concentración, captura e institucionalización del poder que ha tenido profundas consecuencias sobre los derechos humanos.

Es precisamente esa transformación del Estado y del orden jurídico la que permite dimensionar la gravedad de la situación y comprender la naturaleza particularmente restrictiva del régimen Ortega-Murillo frente a los derechos y libertades fundamentales en Nicaragua.