Consolidando la usurpación de la soberanía popular

Con su más reciente reforma parcial a la Constitución, aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, consolida su permanencia indefinida en el poder y su modelo dinástico totalitario que concentra la autoridad absoluta sobre las instituciones estatales.

Desde su retorno al poder en 2007, tras 16 años liderando la oposición, el avance de los co-dictadores Ortega y Murillo ha sido constante. Guiados por su paranoia al saberse carentes de apoyo popular, construyeron la arquitectura de su proyecto dinástico familiar con reformas tras reformas a la Constitución y una amplia colección de leyes represivas.

Su historial legislativo evidencia un proceso de transformación del derecho constitucional. Progresivamente sustituyeron las reglas concebidas para limitar el poder, con normas orientadas a concentrarlo y a asegurar su permanencia indefinida.

En paralelo hicieron que el derecho penal dejara de operar, primordialmente como límite al ius puniendi estatal (facultad para castigar o sancionar); y lo convirtieron en un instrumento de persecución y control político mediante la imposición del terror.

Han aprobado disposiciones de contenido expansivo que permiten criminalizar conductas vinculadas al ejercicio de los derechos políticos y las libertades fundamentales. Abandonando el derecho penal garantista, aplican la doctrina del “derecho penal del enemigo”, mediante la cual el ciudadano deja de ser tratado como sujeto de derechos y pasa a ser considerado enemigo del Estado, institución que se personaliza en la figura de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Es un error considerar que con la más reciente reforma a la Constitución los Ortega Murillo retrocedieron en dos aspectos incluidos en el anuncio del 19 de julio. Creer que al no eliminar las elecciones y no mencionar el carácter prorrogable o renovable de los periodos ampliados a 7 años dieron un paso atrás, es una interpretación equivocada que desconoce la naturaleza del sistema electoral que construyeron.

No se puede hablar de elecciones cuando los ciudadanos no tienen la posibilidad real de escoger libremente entre las alternativas, la competencia ha sido eliminada y la dictadura utiliza exclusiones, proscripciones y candados constitucionales para impedir cualquier posibilidad de alternancia. Lo que existe ahora es un mecanismo electoral diseñado para renovar el poder de la dinastía Ortega Murillo, no para ponerlo en juego.

Tampoco constituye un retroceso no hacer referencia expresa de la renovación de los periodos, porque la posibilidad de permanecer indefinidamente en el poder ya había sido asegurada. Primero mediante una sentencia espuria de la Sala Constitucional emitida en 2009 y posteriormente con la Ley 854, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua aprobada en enero de 2014, que eliminó los límites a la reelección y permitió la reelección indefinida. La nueva arquitectura constitucional de Nicaragua no limita la permanencia indefinida en el poder, al contrario, la institucionaliza.

El nuevo sistema que construyeron coloca a Ortega y a Murillo en condiciones para convertirse en gobernantes vitalicios, mientras los demás cargos del Estado quedan sometidos a la lógica de la subordinación, continuidad y obediencia. Características que serán efectivas mientras los leales no pierdan el favor real de la familia gobernante, o caigan en una de las purgas habituales, que se han vuelto necesarias para imponer el terror entre sus colaboradores.

Por tanto, no existen concesiones ni retrocesos, estamos ante la consolidación constitucional de un régimen soportado por la persecución penal y la fuerza militar, cuyo objetivo es precisamente que el poder no dependa del ejercicio de la soberanía popular, ni que esté sujeto a la alternancia, al control ciudadano y a los límites de una Constitución democrática.

Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzaron pretendiendo dotarse de un escudo constitucional que, por ser ilegitimo no puede protegerlos frente a los reclamos de los nicaragüenses y de la comunidad internacional. En realidad, la dictadura adelantó la aprobación de su reforma para retar a los Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), intentando demostrar una fortaleza que no tienen y fortaleciendo la usurpación de la soberanía popular.