La reunión de cancilleres de la OEA y las implicaciones para la dictadura

La convocatoria urgente de la reunión de cancilleres de la OEA para debatir la crisis de Nicaragua, representa un éxito en la medida en que existe consenso en torno a que es de interés regional abordar el rechazo de un país latinoamericano al sufragio universal. El reto consiste en determinar las medidas diplomáticas y coercitivas que los países pueden adoptar en un entorno multilateral ante las acciones beligerantes de Nicaragua.

La convocatoria urgente de la reunión de cancilleres de la OEA para debatir la crisis de Nicaragua, representa un éxito en la medida en que existe consenso en torno a que es de interés regional abordar el rechazo de un país latinoamericano al sufragio universal. El reto consiste en determinar las medidas diplomáticas y coercitivas que los países pueden adoptar en un entorno multilateral ante las acciones beligerantes de Nicaragua.

El marco legal dentro del ámbito de la OEA

Dentro del espectro de lo que atañe a Nicaragua, para todos los países parte de la OEA, las acciones de este país sobre su conducta y naturaleza política se vinculan con la obligación de garantizar el sufragio universal y la no agresión, y estos se enmarcan en el ámbito de tres principales tratados, en particular, el artículo 2, 3 y 20 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, el artículo 23 del Pacto de San José y el artículo 3 del Acuerdo de Río (Tratado de Asistencia Recíproca). Aunque la Carta Democrática es un instrumento integral del sistema interamericano que remplaza la resolución 1080, no es legalmente vinculante.

El tratamiento de Nicaragua se ha analizado desde esos dos ámbitos, seguridad y derechos humanos. Los Estados han sido cautelosos al tratar Nicaragua como un problema de ‘seguridad regional’, porque no es algo que comparten muchos países del Caribe y otros, como Brasil, que abiertamente sostuvieron que no hay evidencia de que “existe algún proceso que afecte la paz y la estabilidad regionales”.

Para el Caribe, la seguridad es importante porque los países son muy vulnerables a toda forma de agresión externa, lo que incluso motivó tensiones y crisis dentro del Caricom ante el despliegue militar de Estados Unidos en sus aguas internacionales, que incluyó ataques a naves marítimas y, eventualmente, la extracción de Nicolás Maduro.

La acción en si misma se pudo interpretar como un acto de agresión de Estados Unidos y no fue abordada dentro del sistema interamericano o de Caricom porque el foro se encuentra dividido entre quienes quieren preservar distancia y lealtad a ese país y quienes quieren mantener distancia y diferencias con Estados Unidos (como Brasil y México).

La primera reunión del Consejo Permanente justo tropezó frente al debate jurídico sobre cómo enmarcar a Nicaragua en esos ámbitos.

Sin embargo, en el caso de Nicaragua, la agresión externa y la dictadura van de la mano porque son parte integral del régimen mismo.

Entre la determinación sobre Nicaragua

La reunión de cancilleres es, hasta cierto punto, un momento en el que se aborda la tensión tradicional entre la democracia y la seguridad como aspectos legalmente independientes para los Estados, pero que se justifican en un ámbito de interpretación política.

Sin embargo, la naturaleza dictatorial de Nicaragua ha sido beligerante tanto dentro como fuera de su territorio.

En términos del sistema interamericano, Nicaragua ha incurrido en contravenciones a muchos acuerdos internacionales (incluido el Acuerdo de Tegucigalpa sobre Seguridad Democrática del que Honduras no quiere hablar), especialmente al Pacto de San José y al Acuerdo de Río, cuyas violaciones refuerzan el art.2 y Cap. VI de la Carta de la OEA.

Contrario a lo que Brasil sostuvo, la evidencia de la trayectoria de Nicaragua desde el 2018 hasta el presente demuestra la evolución y profundización antidemocráticas en el país, lo que confirma que Nicaragua, al transgredir el derecho a la autodeterminación de los nicaragüenses, viola el artículo 23 del Pacto de San José, y afecta la integridad del sistema interamericano cobijada bajo el artículo 2 y 3, ya que conforme al artículo 22 de la Carta de la OEA la legítima defensa de la inviolabilidad del derecho humano y del sufragio universal es responsabilidad de los Estados, por lo tanto, dejando sin efecto el artículo 20.

Aunque Brasil quiera evitar pronunciarse, no puede ignorar que en el siglo XXI las agresiones a la integridad territorial de un Estado sobre otro van más allá de la acción militar convencional, y existen muchos otros mecanismos no convencionales, como los ataques cibernéticos, las incursiones de asesinos a sueldo para eliminar opositores, acciones de carácter terrorista, entre otras, que vinculan al Tratado de Río.

Nicaragua violó el artículo 3 del TIAR toda vez que ha incursionado en la soberanía de estados vecinos (Costa Rica y Honduras) para ejecutar a ciudadanos fuera de su territorio, y ha usado la migración de terceras nacionalidades como un arma de agresión contra otros estados.

Daniel Ortega y Rosario Murillo facilitaron activamente el uso de los puertos de Nicaragua para el tránsito de vuelos chárter hacia la frontera con México y Estados Unidos.

Brasil podrá decir que la migración no puede abordarse desde un ángulo de seguridad porque “los migrantes son personas en busca de mejores oportunidades y de una vida digna, no una amenaza para la paz”. Sin embargo, la migración es un asunto de seguridad nacional de cada Estado. La entrada y salida de extranjeros están legalmente vinculadas a las autoridades encargadas de proteger la soberanía de su Estado. Y entre 2023 y 2024, Nicaragua,  actuó con premeditación contando con propósito, medios y oportunidad para facilitar que más de 300,000 personas pasaran por Nicaragua rumbo a Estados Unidos.

Además, en los últimos ocho años, Nicaragua ha actuado como un Estado beligerante en la mayoría de sus interacciones con los miembros del sistema interamericano, entre ellos Brasil, Colombia y Jamaica. Esa beligerancia es otro ejemplo del ejercicio sistemático del irrespeto por la cooperación, la solución pacífica de controversias, y la protección de los derechos ciudadanos de los miembros del Pacto de San José y del Tratado de Río.

Vale recalcar que tanto Brasil como México han reconocido que Nicaragua no respeta el estado de derecho, mantiene prisioneros políticos, viola los derechos humanos en un amplio ámbito, irrespeta sistemáticamente el derecho al sufragio universal y han votado en casi todas las sesiones sobre Nicaragua (Brasil en todas y México en 11 de 16).

Para los cancilleres Latinoamericanos Nicaragua es una amenaza y sea Estados Unidos o Costa Rica quien lo diga, es una realidad que ya no necesita demostración porque sus Estados miembros la han confirmado 16 veces.

La acción colectiva más allá de la denuncia

La movilización interamericana, llámese colectiva, puede enfocarse en la adopción de medidas concretas que restauren el orden democrático y el Estado de derecho, y retomen el esfuerzo de cooperación regional. Esto implica ejercer una respuesta proporcional al daño que Nicaragua está causando a su pueblo y pueblos vecinos.

La respuesta proporcional a la naturaleza beligerante y violenta de Nicaragua pone a prueba la sinceridad de los Estados miembros en el cumplimiento de sus propios compromisos. Una llamada de atención más será inútil y daña más profundamente a los nicaragüenses y sus vecinos.

Esta reunión marca un hito y comienzo de un nuevo abordaje a Nicaragua y la voluntad política de los Estados está ligada al nivel de importancia e interés puesto a estos dos asuntos. En ese sentido hay algunas acciones multilaterales y unilaterales que se pueden adoptar a recomendaciones de sus líderes.

Entre las medidas multilaterales, la OEA debe considerar al menos tres decisiones, primero, establecer una comisión que recomiende en un plazo de 30 días medidas adicionales dentro del marco de los acuerdos legales de los que Nicaragua es parte dentro del sistema interamericano y que ha violado directamente.

Segundo, reconocer irrevocablemente que Nicaragua cuenta con un movimiento cívico democrático diverso, representativo y legítimo, cuya movilización política es impedida por el Estado policial que prevalece en el país, y que la decisión más reciente de no permitir elecciones se toma en función de la vida orgánica de estos grupos, los cuales reflejan el sentir del nicaragüense, en el que la inmensa mayoría considera que no vive en libertad.

Tercero, que cada Estado considere adoptar medidas cautelares y unilaterales respecto de las acciones de Nicaragua, siempre que estén dentro del marco del derecho internacional. Estas incluyen retirar a sus embajadores a consulta, como lo hicieron Costa Rica y Panamá, para que ellos mismos den fe del ámbito y dimensión de la situación política, económica y social en la que se encuentra Nicaragua. No participar en reuniones (de carácter cultural, económico, político o de otra naturaleza) en las que Nicaragua esté presente—tales como la reunión de autoridades electorales a celebrarse en la Ciudad de México en septiembre de 2026—, ya que el país rechaza el sufragio universal. Además de extender las medidas unilaterales implementadas por Estados miembros y observadores, referentes a sanciones a individuos y entidades que han participado en la violación de los derechos humanos, la contraposición del sufragio universal, el desmantelamiento del estado de derecho democrático y la instalación de un sistema cleptocrático y corrupto.

Estas tres opciones gravitan a la par del realismo político interamericano en el que los Estados miembros del Escudo de las Américas se está conformando por ahora como el bloque promotor de un modelo político que rechaza todo lo que hace Nicaragua.

Nicaragua nuevamente es una prueba de fuego a la integridad y sinceridad del Sistema Interamericano en un momento de gran división al interior de los Estados miembros. Sin embargo, la movilización coercitiva colectiva es un mal menor que el fracaso de otra oportunidad de crear un sentimiento común sobre aspectos que estos países consideran sagrados, como lo son el derecho al voto y la integridad territorial. De ahí que la acción unilateral, pero coordinada por un bloque regional, sea la hoja de ruta a seguir en el futuro cercano y compense las limitaciones del
principio de no intervención.