Nicaragua vuelve al centro de la OEA

La diplomacia democrática tiene una dificultad que quienes hemos dedicado años a la lucha contra una dictadura conocemos demasiado bien: sus tiempos casi nunca coinciden con la urgencia de quienes sufren la represión.

Para una madre que espera noticias de un hijo encarcelado, para una familia expulsada de su país, para un periodista obligado al exilio o para una comunidad religiosa perseguida, una declaración internacional puede parecer insuficiente. Y muchas veces lo es. Pero de esa frustración no debemos concluir que los espacios diplomáticos carecen de importancia. La conclusión correcta es otra: debemos utilizarlos con mayor intensidad, exigirles resultados y evitar que la diplomacia se convierta en sustituto de la acción.

Ese fue el espíritu con el que esta semana un grupo plural de representantes de la oposición democrática y de la sociedad civil nicaragüense nos reunimos en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, y miembros de su equipo. La reunión permitió avanzar hacia algo que considero especialmente valioso: el establecimiento de un canal permanente de comunicación y de un mecanismo continuo de seguimiento entre la actual Secretaría General y distintas expresiones democráticas nicaragüenses. Es un logro colectivo, resultado de un esfuerzo de incidencia que distintas organizaciones y liderazgos de la oposición democrática hemos venido desarrollando de manera coordinada.

Durante aquella conversación escuchamos del secretario general una posición particularmente clara sobre la naturaleza de la crisis. Horas después, él mismo hizo públicos esos planteamientos en The Washington Post. Lo que nos había expresado directamente pasó así a convertirse en una posición pública: la destrucción del derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes no puede considerarse simplemente un asunto interno; la salida formal de Nicaragua de la OEA no elimina los derechos de los nicaragüenses dentro del sistema interamericano; y una represión que persigue a sus víctimas incluso más allá de las fronteras nacionales adquiere necesariamente una dimensión hemisférica.

Escuchar esa posición y verla posteriormente expresada de manera pública tiene para mí un significado particular, porque llegar hasta este punto ha requerido un largo camino.

En junio de 2017 sostuve una extensa reunión con el entonces secretario general de la OEA, Luis Almagro. Faltaba todavía casi un año para el estallido social de abril de 2018. Le expresé entonces mi profunda preocupación por la insuficiente presencia de la OEA en el diálogo con la oposición democrática nicaragüense y mi convicción de que la Organización debía asumir un papel mucho más activo antes de que el deterioro institucional llegara a un punto de consecuencias imprevisibles.

Aquella conversación continuó, en circunstancias mucho más dramáticas, en mayo de 2018. Nicaragua estaba ya en medio de una crisis nacional y Almagro y yo participamos en un panel cuyo intercambio terminó convirtiéndose en un debate bastante franco. Él cuestionó que sectores de la oposición pretendieran utilizar a la OEA en favor de sus propios objetivos y planteó que debíamos esperar hasta las elecciones de 2021. Mi respuesta, probablemente producto también de la urgencia de aquel momento, fue una frase que después se hizo conocida: “El que no va a ayudar, que no estorbe”.

No fue el comienzo de una ruptura. Paradójicamente, fue parte de un proceso de construcción de confianza.

Con el paso de los meses, una relación inicialmente difícil con el entonces secretario general se convirtió en una relación de respeto, cooperación y, eventualmente, amistad. Tuvimos diferencias importantes y también coincidencias fundamentales. Y la propia OEA terminó desempeñando papeles relevantes durante algunos de los momentos más difíciles de la crisis nicaragüense.

Recuerdo esa historia ahora porque permite dimensionar correctamente lo ocurrido esta semana. Casi una década después de aquella primera conversación, la actual Secretaría General ha establecido un mecanismo de coordinación y seguimiento con representantes de la oposición democrática nicaragüense. Para algunos puede parecer un resultado menor. Incluso puede parecer simplemente otra reunión diplomática. Para quienes conocemos el largo recorrido de esta relación, no lo es. Tampoco es mérito de una persona o de una sola organización: es el resultado de la persistencia de un sector amplio y plural de la oposición democrática que ha entendido la importancia de trabajar de manera coordinada en el sistema interamericano.

No significa que la OEA haya resuelto el problema de Nicaragua. Está muy lejos de hacerlo. Tampoco significa que debamos abandonar nuestra actitud crítica frente a la Organización.

He sido y seguiré siendo un crítico respetuoso de la OEA. Pero mi crítica nunca ha nacido de considerarla irrelevante o impotente. Al contrario: la critico porque considero que es una institución importante cuyo enorme potencial democrático ha sido subutilizado.

Esa distinción es fundamental.

Resulta fácil declarar inútil a una institución multilateral cuando no produce inmediatamente los resultados que deseamos. Mucho más difícil es perseverar dentro de ella, comprender sus limitaciones, construir mayorías entre gobiernos con posiciones distintas y utilizar cada instrumento disponible para ampliar progresivamente el espacio de acción.

Y hay algo que con frecuencia olvidamos cuando hablamos de la OEA: su mayor fortaleza reside, en última instancia, en sus Estados miembros. La Secretaría General puede ejercer liderazgo, convocar, proponer, documentar, persuadir y mantener una crisis en la agenda. Pero los principales instrumentos políticos y diplomáticos —los verdaderos dientes del sistema interamericano— están en manos de los gobiernos que integran la Organización. Por eso exigir una OEA más activa significa también pedir a sus Estados miembros que asuman plenamente las responsabilidades que les corresponden.

Mi crítica a la OEA —como también mi crítica al Sistema de la Integración Centroamericana— parte precisamente de esa convicción. América Latina no necesita menos instituciones regionales. Necesita instituciones que utilicen plenamente los mandatos, instrumentos políticos y capacidades que ya poseen para defender la democracia, los derechos humanos y la seguridad regional.

Por eso encuentro especialmente significativa una de las ideas que el secretario general Ramdin nos expresó durante nuestra conversación y que posteriormente decidió llevar al debate público: la OEA debe avanzar de las palabras hacia la acción y el cumplimiento.

Ese planteamiento coincide exactamente con lo que muchos nicaragüenses llevamos años reclamando. No necesitamos abandonar la diplomacia. Necesitamos una diplomacia que produzca consecuencias.

En nuestra reunión conversamos también sobre la conveniencia de que la actual Secretaría General retome una valiosa iniciativa impulsada durante la gestión de Luis Almagro. En 2017, Almagro solicitó a la Comisión de Venecia un estudio sobre los límites a la reelección presidencial. El informe resultante estableció con claridad un principio de enorme vigencia para nuestro hemisferio: la reelección indefinida no constituye un derecho humano y los límites de mandato son instrumentos legítimos para proteger la democracia frente al riesgo de perpetuación en el poder.

Consideramos prioritario revitalizar ese trabajo técnico e independiente en el actual contexto hemisférico. No como una iniciativa dirigida exclusivamente a Nicaragua ni contra un determinado signo ideológico, sino como un principio democrático aplicable a todos. La democracia necesita reglas que protejan la alternancia precisamente porque quienes llegan legítimamente al poder pueden utilizar después ese mismo poder para desmantelar los límites que originalmente hicieron posible su legitimidad.

A ese debate sobre los límites a la reelección presidencial debemos agregar hoy otro principio igualmente fundamental: el poder democrático tampoco se hereda. La legitimidad política no puede transmitirse por parentesco, matrimonio o designación familiar. En una democracia, la autoridad emana de la voluntad soberana de los ciudadanos expresada mediante elecciones libres, periódicas y competitivas. Por eso considero importante que la OEA se pronuncie con absoluta claridad frente a cualquier pretensión de sucesión dinástica en Nicaragua. Una transferencia familiar del poder que prescinda de la voluntad popular sería incompatible con los principios democráticos fundamentales sobre los que descansa el sistema interamericano.

Nicaragua no puede convertirse en un laboratorio donde se normalice la idea de que una dictadura puede eliminar primero la competencia electoral, instaurar la reelección indefinida y finalmente preparar la transmisión familiar del poder mientras la comunidad internacional observa el proceso como si se tratara de una cuestión doméstica.

Este tipo de discusiones demuestra el valor que puede tener la OEA cuando combina liderazgo político con rigor jurídico y técnico. La nueva Secretaría General tiene la oportunidad de construir sobre experiencias valiosas del pasado y llevarlas más lejos.

La reunión de Washington fue, en ese sentido, un paso positivo. Pero debe ser solamente eso: un paso.

Nicaragua ya no es solamente una crisis de derechos humanos

Durante demasiado tiempo, la tragedia nicaragüense ha sido observada principalmente desde la perspectiva de las violaciones de derechos humanos. Esa dimensión sigue siendo esencial.

Nicaragua continúa teniendo personas privadas de libertad por razones políticas. Miles de ciudadanos han sido empujados al exilio. Centenares han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad. La prensa independiente ha sido prácticamente expulsada del país. Organizaciones de la sociedad civil, universidades y comunidades religiosas han sufrido confiscaciones, persecución y cierre de sus espacios de actuación.

Pero reducir el problema nicaragüense exclusivamente a los derechos humanos sería hoy insuficiente.

La crisis debe entenderse simultáneamente desde tres dimensiones: derechos humanos, transición política y seguridad hemisférica.

Esta última dimensión me parece especialmente importante. Durante nuestra reunión insistimos en que la evolución del régimen nicaragüense ya no puede analizarse únicamente por lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. Cuando un régimen destruye las instituciones democráticas, genera desplazamientos masivos, persigue a sus opositores incluso en el extranjero y proyecta las consecuencias de su conducta más allá de su territorio, la cuestión adquiere inevitablemente una dimensión regional.

Que la Secretaría General esté incorporando el enfoque de seguridad hemisférica al análisis de Nicaragua representa, por ello, un desarrollo significativo. Amplía el marco de discusión. Obliga a preguntarnos no solamente qué está haciendo la dictadura contra los nicaragüenses, sino cuáles son las consecuencias de su conducta para sus vecinos, para Centroamérica y para el conjunto del sistema interamericano.

Esto no significa promover el intervencionismo. Significa reconocer que los Estados del hemisferio tienen intereses legítimos y responsabilidades compartidas frente a situaciones que trascienden las fronteras nacionales.

La defensa de la democracia y la seguridad regional no son agendas separadas. La experiencia latinoamericana demuestra que la destrucción prolongada del Estado de derecho termina generando consecuencias más allá del territorio donde inicialmente ocurre.

Por eso considero importante que la discusión sobre Nicaragua haya comenzado a moverse desde una preocupación exclusivamente humanitaria hacia una comprensión más integral: derechos humanos, transición democrática y seguridad hemisférica.

El derecho a votar debe regresar al centro del debate

Durante años hemos hablado —con absoluta razón— de presos políticos, tortura, exilio, confiscaciones y persecución.

Pero hay otro derecho que debemos colocar nuevamente en el centro de la agenda internacional: el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus autoridades.

La democracia supone, en su expresión más elemental, que el ciudadano pueda decidir quién gobierna y pueda retirar pacíficamente del poder a quien haya perdido su confianza. Por eso los límites a la reelección presidencial no son un asunto meramente procedimental. Son parte de una arquitectura institucional concebida para impedir que quien controla temporalmente el Estado termine apropiándose de él.

Ortega ha llevado esa lógica de apropiación del Estado hasta su expresión extrema. Ya no se trata solamente de manipular una elección, sino de negar a los ciudadanos la posibilidad misma de una alternancia democrática.

No puede aceptarse como irreversible la eliminación de elecciones auténticas. Tampoco puede normalizarse la reelección indefinida ni una eventual transferencia hereditaria o dinástica del poder.

Nicaragua no pertenece a una familia. Pertenece a los nicaragüenses.

¿Qué debería hacer ahora la OEA?

La respuesta no puede limitarse a producir una nueva resolución.

Las resoluciones importan. Crean precedentes, fijan posiciones jurídicas y construyen consensos. Pero después de tantos años de deterioro democrático necesitamos mecanismos políticos sostenidos y una estrategia capaz de convertir esos consensos en acciones.

La Secretaría General puede mantener un mecanismo permanente de seguimiento sobre Nicaragua. Ya existe un Grupo de Amigos de Nicaragua, surgido de la voluntad política de varios Estados, y ese esfuerzo merece ser fortalecido. El siguiente paso debería ser avanzar hacia su institucionalización dentro de la OEA, con un mandato claramente definido, continuidad operativa y recursos presupuestarios asignados por la propia Organización, de manera que no dependa únicamente de la buena voluntad coyuntural de los gobiernos participantes. Deben intensificarse, además, las conversaciones bilaterales con los gobiernos del hemisferio. Debe revitalizarse el trabajo técnico sobre los límites a la reelección presidencial y otras salvaguardas institucionales frente a la concentración y transmisión del poder. Y debe consolidarse el enfoque de seguridad hemisférica como una dimensión legítima y necesaria de la discusión sobre Nicaragua.

Pero hay un paso adicional que considero particularmente importante: debemos seguir trabajando para lograr la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

No se trata simplemente de celebrar otra reunión. Una convocatoria de cancilleres elevaría la crisis nicaragüense al nivel político que corresponde a su gravedad y obligaría a los Estados miembros a discutir no solamente un diagnóstico, sino las responsabilidades y acciones que cada uno está dispuesto a asumir. En momentos excepcionales, el sistema interamericano necesita utilizar sus instrumentos políticos de mayor nivel.

Aquí volvemos a una realidad fundamental: la Secretaría General no actúa en el vacío. La mayor fortaleza de la OEA son sus propios Estados miembros. Sus verdaderos dientes están allí. El secretario general puede ejercer liderazgo, convocar, persuadir, documentar, proponer y mantener una crisis en la agenda hemisférica. Pero son los gobiernos quienes finalmente poseen muchos de los instrumentos diplomáticos y políticos capaces de transformar una declaración colectiva en consecuencias concretas.

Por eso la pregunta no puede ser únicamente qué hará Albert Ramdin. Debemos preguntarnos también: ¿qué están dispuestos a hacer los Estados miembros?

En ese esfuerzo, la relación con Estados Unidos seguirá siendo fundamental. Por su peso político, diplomático y económico, Washington es un interlocutor indispensable para cualquier estrategia hemisférica seria frente a Nicaragua. Debemos continuar trabajando estrechamente con Estados Unidos y con los otros gobiernos que han mantenido posiciones firmes en defensa de los derechos de los nicaragüenses.

Pero una estrategia diplomática efectiva no puede limitarse a conversar con quienes ya están convencidos. Una parte esencial del trabajo que viene consiste precisamente en acercarnos a los Estados que todavía mantienen reservas, tienen una lectura diferente de la crisis o no están persuadidos de la necesidad de adoptar medidas adicionales. La diplomacia democrática también consiste en escuchar, comprender esas diferencias y construir gradualmente nuevos consensos, con particular atención a América Latina y el Caribe.

No debemos convertir esas diferencias en antagonismos innecesarios. Al contrario, debemos mantener abiertos los canales, presentar argumentos sólidos y buscar puntos de convergencia. Las mayorías diplomáticas no aparecen espontáneamente: se construyen.

Por eso considero tan importante que la Secretaría General mantenga un canal permanente de diálogo con las distintas expresiones democráticas nicaragüenses. Y aquí quiero subrayar una cuestión que planteé personalmente durante nuestra reunión: ese diálogo debe incluir a la sociedad civil, pero también a los partidos políticos de la oposición democrática.

Durante muchos años, y por razones comprensibles frente a la brutal represión del régimen, buena parte de la conversación internacional sobre Nicaragua se ha desarrollado principalmente alrededor de los derechos humanos y la sociedad civil. Ambos seguirán siendo componentes indispensables de cualquier solución democrática. Pero si hablamos seriamente de una transición, los partidos políticos no pueden permanecer en la periferia de esa conversación.

Una transición democrática tiene un antes, un durante y un después. Los partidos políticos tienen responsabilidades diferentes pero fundamentales en cada una de esas etapas. Son instrumentos para organizar preferencias ciudadanas, construir alternativas de gobierno, competir por el poder mediante elecciones y, llegado el momento, transformar una apertura política en instituciones democráticas sostenibles.

Por eso una OEA que aspire no solamente a denunciar el autoritarismo, sino a contribuir a la recuperación democrática de Nicaragua, debe mantener una interlocución amplia: con organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, líderes religiosos, periodistas, movimientos ciudadanos y también con los partidos políticos democráticos. No se trata de privilegiar a unos sobre otros. Se trata de comprender que la recuperación de la democracia necesitará de todos.

No abandonar ningún espacio

Entiendo perfectamente el cansancio de muchos nicaragüenses con la comunidad internacional. Después de tantos años de comunicados, declaraciones y expresiones de preocupación, es natural preguntarse: ¿para qué sirve todo esto?

Mi respuesta es que sirve solamente si lo convertimos en parte de una estrategia mucho más amplia.

La OEA no va a liberar Nicaragua por nosotros. Ningún gobierno extranjero lo hará. Pero sería un grave error abandonar los espacios internacionales donde se discute nuestra causa, donde pueden construirse coaliciones diplomáticas, donde los abusos pueden quedar registrados y donde los Estados democráticos pueden coordinar acciones.

Las dictaduras desean precisamente lo contrario: que sus víctimas se cansen, que sus aliados se dispersen y que la comunidad internacional termine acostumbrándose a la anormalidad. Por eso la perseverancia también es una forma de resistencia.

Debemos trabajar con Estados Unidos, Canadá, los países latinoamericanos y caribeños, Europa, Naciones Unidas y cada espacio internacional donde sea posible ampliar el respaldo a una transición democrática. Pero debemos prestar particular atención a quienes todavía no comparten plenamente nuestra lectura. Una estrategia que solamente conversa con los aliados reafirma posiciones; una estrategia que además dialoga con quienes tienen dudas puede construir nuevas mayorías.

Eso requiere paciencia. Requiere comprender sensibilidades históricas, diferencias ideológicas e intereses nacionales. Y requiere explicar que defender el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes no significa promover el intervencionismo. Significa defender principios que los propios Estados del hemisferio han reconocido como parte de la arquitectura democrática interamericana.

La inclusión del enfoque de seguridad hemisférica puede ayudar precisamente a ampliar esa conversación. Nicaragua no debe preocupar solamente a quienes siguen de cerca las violaciones de derechos humanos. La persecución transnacional, los desplazamientos humanos provocados por la represión, el desmantelamiento completo del Estado de derecho y las consecuencias regionales de una autocracia cada vez más cerrada son asuntos legítimos de preocupación para los demás Estados.

Debemos insistir, por tanto, en Washington y en las demás capitales del hemisferio. Debemos conversar con gobiernos amigos y con gobiernos escépticos. Debemos fortalecer nuestras relaciones con los países del Caribe. Y debemos continuar trabajando hasta reunir las voluntades necesarias para llevar la situación de Nicaragua a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Construir una mayoría diplomática exige la misma perseverancia que construir una mayoría política. Y debemos hacerlo sin ilusiones ingenuas, pero también sin caer en el pesimismo.

La transición también necesita una alternativa democrática

La presión internacional será mucho más efectiva si existe, al mismo tiempo, una oposición democrática capaz de actuar con madurez, pluralismo y sentido de responsabilidad histórica.

Ninguna organización representa por sí sola a toda Nicaragua. Nuestra diversidad puede ser una fortaleza si somos capaces de convertirla en cooperación.

Y precisamente por eso considero importante reivindicar el papel de los partidos políticos. Una democracia no puede reconstruirse solamente desde el exterior de la política. Necesitamos una sociedad civil vigorosa e independiente, pero también partidos democráticos capaces de representar diferentes visiones de país, organizar a los ciudadanos, formar liderazgos, elaborar programas y eventualmente competir en elecciones libres.

Las diferencias entre partidos, movimientos y organizaciones son naturales en una democracia. Lo importante es comprender que existe una tarea anterior a todas las demás: crear las condiciones para que los nicaragüenses recuperemos la posibilidad de decidir libremente nuestro futuro.

Habrá tiempo para competir. Ahora debemos aprender a cooperar.

Eso implica construir una estrategia común para la transición, fortalecer a los partidos políticos, apoyar a la sociedad civil, proteger a quienes todavía resisten dentro del país y presentar ante la comunidad internacional una alternativa democrática seria, plural y responsable.

Y exige también entender que nuestra incidencia internacional no puede medirse únicamente por las posiciones de los gobiernos que ya están con nosotros. Uno de nuestros indicadores de éxito debe ser nuestra capacidad para acercar a quienes todavía dudan. Porque la transición nicaragüense necesitará presión, pero también persuasión; necesitará aliados firmes, pero también nuevas mayorías.

De las palabras a los hechos

Después de casi una década de conversaciones, desacuerdos, frustraciones y esfuerzos de incidencia ante la OEA, no interpreto la reunión de esta semana como un punto de llegada. La interpreto como una nueva oportunidad y, sobre todo, como la confirmación de que la persistencia colectiva puede abrir espacios que antes no existían.

Me parece significativo que las convicciones que escuchamos directamente del secretario general Ramdin hayan sido llevadas por él mismo, apenas horas después, al debate público hemisférico.

Eso aumenta también la responsabilidad de todos. La Secretaría General ha expresado una voluntad de actuar. Los Estados miembros tienen ahora que acompañarla. Y quienes formamos parte de la oposición democrática nicaragüense debemos hacer nuestra parte: actuar con unidad de propósito, rigor, madurez y capacidad de propuesta.

El establecimiento de este canal permanente de seguimiento no resuelve por sí solo la crisis, pero sí crea una herramienta que antes no teníamos en estos términos. Debemos cuidarla, ampliarla y convertirla en un espacio útil para que la diversidad democrática nicaragüense pueda interlocutar con la OEA de manera sostenida y orientada a resultados.

La diplomacia es inevitablemente lenta. Pero la lentitud no puede convertirse en inmovilidad.

Quienes luchamos por la democracia debemos seguir exigiendo algo muy sencillo: que cada declaración conduzca a una acción, cada reunión a un compromiso y cada compromiso a un resultado verificable.

He recorrido suficiente camino con la OEA para conocer sus limitaciones. Pero también para saber que renunciar a ella sería regalarle a la dictadura un espacio que debemos disputar. Precisamente porque los instrumentos más poderosos de la Organización están en manos de sus Estados miembros, nuestra tarea es seguir construyendo las voluntades necesarias para que esos instrumentos sean utilizados.

La dictadura apuesta al cansancio. Nosotros debemos apostar a la perseverancia.

No sabemos exactamente cuándo llegará la transición democrática de Nicaragua. Nadie serio puede prometer una fecha. Pero sí sabemos algo: las dictaduras parecen permanentes hasta el momento en que dejan de serlo.

Nuestra obligación, mientras llega ese momento, es mantener abierta cada posibilidad, construir cada alianza posible y defender cada espacio donde todavía pueda escucharse la voz de los nicaragüenses.

Sin resignación. Sin falsas expectativas. Y, sobre todo, sin renunciar a la esperanza.