La OEA sí tiene dientes: la hora de las consecuencias para la dictadura nicaragüense

Daniel Ortega decidió despejar cualquier duda. El 19 de julio anunció que en Nicaragua no habrá más elecciones capaces de producir alternancia. Días después, el aparato legislativo bajo su control empezó a convertir la amenaza en arquitectura constitucional: períodos de siete años “renovables” y exclusión de quienes el régimen califique como “traidores”. Ya no estamos ante una autocracia que manipula elecciones para conservar una apariencia legal. Estamos ante una dictadura que pretende abolir el derecho ciudadano a disputar el poder y organizar una sucesión familiar.

La respuesta del hemisferio no puede reducirse a otro comunicado de preocupación. La Asamblea General de la OEA reconoció en junio el socavamiento sistémico del orden democrático y del espacio cívico en Nicaragua, y condenó violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Ortega ha dado un paso más: transformar la arbitrariedad en norma y la dinastía en proyecto de Estado.

Algunos dirán que la OEA “no tiene dientes”. La crítica es comprensible, pero incompleta: la Organización no gobierna el continente ni puede decretar una transición. Su fuerza es otra: producir legitimidad hemisférica, fijar una caracterización común y convertir una decisión multilateral en política de cada Estado. Los dientes no están en el edificio de la OEA. Están en sus miembros. La Organización decide hacia dónde muerden.

Que sus resoluciones no sean vinculantes no las vuelve inertes: orientan reconocimiento diplomático, políticas de visas, cooperación financiera y protección de víctimas. El tigre de papel deja de serlo cuando los gobiernos convierten el papel en política pública.

La Carta de la OEA permite convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores ante problemas urgentes de interés común. Nicaragua lo es: por la ruptura democrática, la migración forzada, la represión transnacional y el precedente que supondría aceptar la abolición de las elecciones. Esa reunión debería producir ocho decisiones.

Nombrar la ruptura

Convocatoria. Los gobiernos democráticos deben apoyar una reunión de cancilleres, no una conversación técnica de bajo nivel. Cuando una dictadura cierra para siempre la vía electoral, el hemisferio debe responder con su máxima autoridad política.

Caracterización. La resolución debe declarar que eliminar elecciones competitivas, excluir a la oposición y establecer mandatos renovables controlados por una familia constituye una ruptura completa del orden democrático. Las palabras importan: una crisis mal nombrada produce una respuesta mal diseñada.

Cerrar la legitimidad

Cierre de reconocimiento. La OEA debe declarar que ninguna renovación, ratificación o transferencia del mando dentro de la familia gobernante, sin elecciones libres, será reconocida como legítima. Ortega busca convertir permanencia en legalidad. El hemisferio debe impedir que una reforma escrita por la dictadura limpie el origen ilegítimo de su poder.

Coordinación. La OEA debe recomendar que cada Estado, conforme a su legislación, aplique medidas selectivas contra los represores: que quienes encarcelan, confiscan y destierran no puedan estudiar, invertir, vacacionar ni recibir honores en las capitales del hemisferio. No se trata de castigar al pueblo, sino de terminar con los privilegios internacionales de quienes lo oprimen.

Sostener la presión

Comisión de alto nivel. Un mecanismo pequeño, plural y con mandato preciso debe consultar a víctimas, sociedad civil y fuerzas democráticas, y reportar en treinta días. Sin plazo, una misión se vuelve ceremonia. Sin seguimiento, la dictadura gana tiempo.

Consulta democrática. La Secretaría General debe abrir un canal regular con una representación plural y colegiada de las fuerzas democráticas nicaragüenses. No se trata de proclamar un gobierno en el exilio ni de fabricar una vocería exclusiva, sino de reconocer que existe una nación democrática dispuesta a contribuir a una transición pacífica, ordenada e inclusiva.

Custodia de los derechos humanos. El retiro de Nicaragua de la OEA no extinguió la competencia de la Comisión Interamericana ni las obligaciones de la Convención Americana. La CIDH debe fortalecer el monitoreo, la protección y la documentación de la represión dentro y fuera del país. Debe exigirse la liberación de todos los presos políticos, el fin de las desapariciones forzadas, la restitución de la nacionalidad y garantías de retorno seguro.

Calendario y condicionalidad. Toda resolución debe fijar fecha de revisión y prever una nueva consulta si el régimen aprueba la reforma. Cualquier normalización futura debe condicionarse a pasos verificables: liberación de presos políticos, restitución de derechos, apertura del espacio cívico y elecciones auténticas.

La coalición y la gente

Esta estrategia necesita corresponsabilidad regional. Estados Unidos tiene capacidades importantes, pero no debe actuar solo. Canadá puede tender puentes; Centroamérica debe hablar desde su propia seguridad democrática; el Caribe debe ser escuchado con una narrativa de estabilidad y rechazo al uso de la fuerza. Cuanto más diversa sea la coalición, más difícil será para Ortega presentar la defensa de la democracia como un pleito bilateral con Washington.

Detrás de cada una de estas decisiones hay rostros: los que siguen encerrados sin juicio ni visitas, los despojados de su nacionalidad que hoy no son ciudadanos de ningún país, las madres que enterraron a sus hijos y las que no han podido enterrarlos, los miles que cruzaron la frontera con lo puesto. Ninguna resolución los devuelve a casa. Pero cada mes de impunidad reconocida es un mes más de su despojo.

La OEA no sustituirá a los nicaragüenses. Ninguna organización internacional lo hará. Pero puede cerrar la legitimidad exterior de la dictadura, proteger a las víctimas, coordinar consecuencias y preparar el terreno para una transición.

Ortega quiere que el mundo confunda resignación con realismo. No le concedamos esa victoria. La OEA tendrá dientes si sus Estados deciden morder la impunidad. Y esa decisión no depende solo de las cancillerías: depende también de que los nicaragüenses, dentro y fuera, sigamos nombrando la ruptura, documentándola y exigiendo que la impunidad tenga precio. La pregunta no es si el hemisferio tiene los instrumentos. La pregunta es si tendremos, juntos, la constancia de usarlos.

Félix Maradiaga. Presidente, Ruta del Cambio