El consenso que no cuesta: Nicaragua en la 56 Asamblea de la OEA

En los pasillos de la 56.ª Asamblea General de la OEA, celebrada en la Ciudad de Panamá del 22 al 24 de junio de 2026, la pregunta que las delegaciones latinoamericanas dirigían a algunos nicaragüenses presentes en Panamá no era qué aprobaría el plenario. Era otra: “¿Ya hablaron con Estados Unidos? ¿Qué dice Washington?”

Esta asamblea transcurrió en un clima de rareza institucional. La debilidad del sistema interamericano se sentía menos en el plenario que en los pasillos, y la pregunta era el síntoma, pues el hemisferio operaba con la expectativa de que las decisiones de fondo se tomaban en otra parte.

Para quienes provienen de Nicaragua, la pregunta tiene un matiz diferente, pues la memoria política nicaragüense le asigna a la OEA un peso distinto, anclado principalmente en la resolución del 23 de junio de 1979, la primera vez en la historia del organismo en la que se exigió formalmente la sustitución de un gobierno miembro, y en menor medida en la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación que acompañó la posguerra en los años noventa.

Para una generación entera, la OEA fue un actor reconocible en la salida de una dictadura y en la construcción de la paz. Así, lo que los nicaragüenses esperamos hoy del sistema interamericano tiende, por eso, a ser más alto de lo que este puede ofrecer.

Lo ocurrido en Panamá resulta significativo precisamente por ese desfase. La Asamblea aprobó por consenso una declaración que condena las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua y reconoce, en línea con el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que algunos de los patrones documentados podrían constituir, “prima facie”, crímenes de lesa humanidad.

Es un acto político relevante, sobre todo porque Nicaragua dejó de ser miembro del organismo el 19 de noviembre de 2023. Pero el contenido del consenso y lo que este revela sobre la condición actual del multilateralismo regional merecen una lectura más fina que la mera celebración o el desencanto.

1. ¿Qué pasó en Panamá?:

La declaración fue aprobada en la sesión plenaria del martes 23 de junio. Su inclusión en la agenda se obtuvo por iniciativa del Grupo Voluntario sobre Nicaragua, integrado por Canadá, Argentina, Chile y Costa Rica.

El texto retomó los hallazgos del GHREN, exigió el cese del despojo arbitrario de la nacionalidad y su restitución, reclamó el retorno seguro de los exiliados y dedicó un apartado a la muerte bajo custodia del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El consenso, en sí mismo, no es novedoso. Desde la Asamblea de Lima de octubre de 2022, todas las resoluciones de la Asamblea General sobre Nicaragua se han aprobado por consenso o aclamación.

Lo singular de Panamá fue la limpieza del consenso: Brasil, que en 2023 había buscado moderar el texto, esta vez no presentó propuestas de enmienda; Colombia, bajo Petro, que no había acompañado la primera votación sobre Nicaragua tras la asunción de su gobierno, acompañó sin matices; México mantuvo su retórica habitual sobre no intervención en plenario, pero sin trasladarla al documento específico sobre Nicaragua.

Las reservas formales de esos gobiernos quedaron registradas; en cambio, en la Declaración de Panamá, el documento general de cierre.

Tres intervenciones le dieron tono al momento. El canciller costarricense Manuel Tovar denunció la presencia militar rusa en Nicaragua, un dato respaldado por el decreto presidencial 05-2026 del propio régimen, que autorizó el ingreso de militares rusos durante el segundo semestre de 2026, y por la ratificación rusa del 2 de mayo de 2026 del acuerdo bilateral de cooperación militar suscrito en septiembre de 2025.

El presidente anfitrión, José Raúl Mulino, planteó en la apertura que Panamá consideraba su “obligación” señalar lo que la organización “no puede ignorar”.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, exigió “las libertades fundamentales para los nicaragüenses”.

El secretario general, Albert Ramdin, recordó que la salida de la Carta no exime al Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

No todo lo que pidió la oposición nicaragüense quedó incluido en la declaración. Algunas plataformas y movimientos en el exilio reclamaban un paso adicional: declarar formalmente la ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo, con base en la propia resolución del 12 de noviembre de 2021, que había dictaminado que las elecciones de ese año carecieron de legitimidad democrática.

Esa declaración formal no se produjo. Lo aprobado fue el techo razonable de lo que el consenso interamericano podía sostener en junio de 2026.

2. La asimetría como diagnóstico:

La Asamblea tuvo en su radar cuatro situaciones del hemisferio. La asimetría con la que trató cada una es ilustrativa.

Aprobó instrumentos votados sobre Bolivia y Nicaragua; sobre Venezuela y Cuba hubo un pronunciamiento de la Secretaría General, que las agrupó con Nicaragua en el lenguaje de restauración democrática y de liberación de los presos políticos.

La asimetría responde a arquitecturas distintas. Venezuela es hoy un gobierno tutelado. Tras años de presión multilateral infructuosa, la operación estadounidense del 3 de enero de 2026, realizada sin la participación del sistema interamericano, derivó en la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Cuba comparte con Nicaragua la condición de no ser miembro activo, pero la situación es estructuralmente distinta. La salida cubana fue una suspensión impuesta por la propia OEA en 1962, que fue derogada en 2009 sin que La Habana solicitara su reincorporación.

La salida nicaragüense, en cambio, fue una decisión propia del régimen, notificada en 2021 y efectiva en 2023, y hoy no encuentra en la Asamblea ninguna delegación dispuesta a defender al régimen Ortega-Murillo.

Bolivia operó bajo una lógica defensiva. Una declaración conjunta firmada por Estados Unidos, Canadá y catorce países del hemisferio, incluida la propia Bolivia, el 23 de junio, calificó los intentos de desestabilización como una amenaza al orden constitucional.

Así, Nicaragua quedó como el único caso en el que la Asamblea pudo actuar como tal y elaborar un documento propio.

Esto admite dos lecturas que conviene sostener simultáneamente. La primera, optimista, sugiere que el sistema interamericano todavía puede actuar cuando confluyen evidencia técnica robusta, voluntad política amplia y un caso en el que ningún gobierno está dispuesto a defender al régimen acusado.

La segunda, más reservada, indica que el consenso fue posible precisamente porque el caso nicaragüense reúne condiciones de bajo costo político que ningún otro caso reúne hoy en la región.

Las dos lecturas no se excluyen mutuamente. La tensión entre ambas es la pregunta que importa. Si el sistema interamericano sigue siendo capaz de producir consensos sustantivos sobre democracia y derechos humanos, o si solo puede hacerlo allí donde el consenso no le cuesta nada a nadie.

3. El espejo centroamericano:

El acompañamiento al consenso no se distribuyó de manera uniforme. Las posturas más firmes vinieron de gobiernos geográfica e ideológicamente alejados del caso nicaragüense y con poco que perder.

Chile y Argentina, integrantes del Escudo de las Américas impulsado por la administración Trump, mantuvieron una posición particularmente dura. Sin embargo, no tienen fronteras ni intereses económicos cercanos con Centroamérica, lo que les permite mantener firmeza sin costos relevantes.

Algo similar ocurre con Canadá, copatrocinador del documento, y con los gobiernos del Caribe anglófono.

En contraste, el bloque latinoamericano que tradicionalmente invocaba reservas de soberanía prefirió esta vez sumarse al consenso sin nota al pie.

Es en el istmo donde el patrón pide una lectura más cuidadosa. Centroamérica no es dura con la dictadura nicaragüense y la razón es estructural, pues varios gobiernos del istmo se ven reflejados en un espejo incómodo.

Honduras, gobernada desde enero por Nasry Asfura tras una elección estrecha y una transición marcada por el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene una postura de complacencia hacia Managua.

Consultado el mismo 23 de junio sobre la relación con Ortega y Murillo, Asfura respondió: “Cuando el 27 de enero salí electo, ellos fueron uno de los primeros que me felicitaron y les deseo que ellos puedan salir adelante con todas sus necesidades y todos sus problemas”.

Sobre las gestiones para liberar a los 46 presos políticos en Nicaragua, agregó: “Cada país maneja su política exterior, su política de seguridad. A mí no me gustaría que alguien viniera a intervenirme en temas de la seguridad y la política de Honduras”2 .

La fórmula reproduce, sin la formalidad del pie de página, la doctrina que Honduras inscribió en la resolución de la Asamblea de Lima de octubre de 2022, cuando consignó por escrito su apego al "principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados" y consideró que la situación nicaragüense "debe resolverse entre los nicaragüenses a través del diálogo a fin de propiciar la armonía y el entendimiento en esa nación hermana”3 .

En Panamá no hubo nota al pie hondureña, pero sí hubo la versión oral de la misma posición.

El Salvador, donde Nayib Bukele exporta un modelo de seguridad punitiva que erosiona los contrapesos institucionales, optó por guardar silencio.

Hasta ahora, ese silencio venía acompañado de pies de página. La resolución de noviembre de 2023, sobre las medidas tras la denuncia de la Carta por parte de Nicaragua, incluyó una nota al pie salvadoreña que reafirmó "la posición de principios en materia de derecho internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado”4 .

En Panamá 2026, esa nota al pie no apareció. El silencio se mantuvo, pero la formalidad escrita no.

Costa Rica encarna la disonancia más nítida del momento. La presidenta Laura Fernández, que asumió en mayo sobre una plataforma explícitamente inspirada en el modelo Bukele, ha mantenido una postura blanda hacia el régimen Ortega-Murillo.

El 13 de junio declaró: “Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”.

La frase “han elegido tener” omite la farsa electoral de 2021, que la propia OEA declaró carente de legitimidad democrática, y la represión activa que persiste.

Cuatro días después, en respuesta a las críticas internas, Fernández precisó: “No por eso yo puedo ir a una entrevista a despotricar contra un país vecino. No sería tan irresponsable, especialmente porque con Nicaragua compartimos una frontera por donde se moviliza buena parte del comercio costarricense”5 .

Su cancillería, sin embargo, en boca de Manuel Tovar, sostuvo en la Asamblea una de las intervenciones más firmes de la sesión.

Esa disonancia entre la presidencia y la cancillería admite dos lecturas. Una es la del reparto deliberado de papeles, policía bueno y policía malo, para mantener un delgado equilibrio entre la complacencia presidencial hacia Managua y el peso de las alianzas internacionales, sobre todo con Estados Unidos, que vuelve políticamente costoso para Costa Rica aparecer demasiado próximo a un régimen autoritario en su frontera norte.

La más generosa es la de una resistencia genuina del servicio diplomático costarricense, con una larga tradición democrática propia, frente a una línea presidencial más blanda.

Conviene poner el espejo en su sitio. El bloque que mantuvo una posición firme no lo hizo por pura convicción democrática, pues en muchos casos tuvo distancia y bajo costo.

El bloque que mostró titubeos o silencios no lo hizo necesariamente por afinidad ideológica con Managua. Más bien, en varios casos lo hizo por proximidad geográfica y por los temores que ello conlleva.

Una arquitectura multilateral que produce consensos cuando los costos son bajos y se diluye cuando los costos suben no es propiamente una arquitectura democrática hemisférica, sino un mecanismo que registra los equilibrios de poder del momento (los “realistas” dirán que siempre ha sido así).

4. Lo que dicen ocho años de la OEA sobre Nicaragua:

Con la del 23 de junio, la OEA ha producido veintiún instrumentos sobre Nicaragua entre 2018 y 2026, diecinueve resoluciones formales aprobadas por el Consejo Permanente o la Asamblea General y dos declaraciones, la de apoyo al pueblo nicaragüense de junio de 2018 y la de Panamá.

El conjunto cuenta una historia en tres etapas.

La primera, entre 2018 y 2019, respondió a la represión callejera, condenando la violencia, exigiendo la liberación de los presos políticos y respaldando la documentación de la CIDH a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mientras que en el país la Conferencia Episcopal convocaba la Mesa del Diálogo Nacional como vía interna para resolver la crisis.

La segunda etapa, en 2021, abandonó la calle por las urnas, pues las resoluciones denunciaron el uso del Consejo Supremo Electoral, bajo control del régimen desde hace años, junto con las leyes que cerraron el espacio cívico y la detención sucesiva de los precandidatos en los meses previos a las elecciones de noviembre.

La tercera etapa, desde 2022, tuvo que registrar la retirada del régimen del propio sistema interamericano, con el aviso formal de Nicaragua en noviembre de 2021, la confiscación de las oficinas de la OEA en Managua en abril de 2022 y la salida efectiva en noviembre de 2023.

El recorrido de las negociaciones lo confirma. En 2018, cuando la OEA hablaba de diálogo, hablaba de algo concreto: la Mesa del Diálogo Nacional, con interlocutores identificables, mediación de los obispos y una agenda operativa.

Esa mesa colapsó por falta de voluntad del régimen. Entre mayo de 2019 y diciembre de 2021, durante más de dos años y medio, salvo una referencia condicional en mayo de 2019 y otra subordinada al objetivo electoral en diciembre de 2021, las resoluciones del Consejo Permanente sobre Nicaragua no mencionaron el diálogo.

Dejaron de pedirlo porque ya no había con quién dialogar. Cuando el término reapareció en 2022, ya no aludía a un proceso interno con mediadores, sino a una oferta unilateral del organismo que el régimen ignoraba sistemáticamente. La OEA siguió usando la palabra “diálogo” porque no tenía otra cosa que ofrecer, pero ya no mencionaba ningún proceso real.

Esa trayectoria debería atemperar tanto el optimismo como el desencanto. La OEA reacciona al caso nicaragüense; no lo conduce. Cuando el sistema interamericano agotó sus herramientas políticas, se replegó al único terreno donde aún tiene jurisdicción: los derechos humanos por la vía de la Convención Americana, firmada por Nicaragua en 1979 y de la cual no se ha retirado, lo que mantiene activa la jurisdicción de la CIDH y de la Corte IDH.

Por eso, las resoluciones más recientes insisten una y otra vez en los derechos humanos. No es una elección retórica; es lo que queda. América Latina se queja del unilateralismo estadounidense, con razones objetivas para ello, pero rara vez actúa colectivamente para llenar el vacío que ese unilateralismo aprovecha.

La inacción regional no es neutral. Invita y motiva el unilateralismo de Washington. El caso venezolano lo ilustra con dureza. La operación estadounidense del 3 de enero contra Maduro se produjo tras años de presión multilateral que no arrojaron resultados. Nicaragua corre el riesgo de seguir el mismo camino.

Mientras América Latina no asuma una posición activa y propia, el sistema interamericano seguirá limitado a lo que hizo el 23 de junio en Panamá: aprobar condenas allí donde el acuerdo es barato y no incomoda a nadie, sin instrumentos para forzar resultados en el terreno. Conviene cerrar, sin embargo, con el vaso medio lleno.

Ortega y Murillo buscaron el autoaislamiento con la expectativa explícita de que el silencio hemisférico les diera oxígeno. No ocurrió. Que Nicaragua siga apareciendo en la agenda de la OEA tres años después de su salida formal, que la declaración del 23 de junio recoja, con consenso, la calificación de patrones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, que Costa Rica denunciara en voz alta la presencia militar rusa, y que la oposición nicaragüense haya logrado mantener vivo el expediente del régimen, son hechos que, en conjunto, importan.

No producen por sí solos una transición democrática. Pero confirman, en contra del cálculo del régimen, que el silencio que buscaba no llegó. Lo que falta es la voluntad política latinoamericana para convertir el consenso declarativo en acción sostenida. Esa decisión se ejecuta día a día desde las cancillerías del continente; no se agota en una declaración anual.