La lucha sociopolítica exige un delicado equilibrio

La estupidez, la renuncia al pensamiento crítico, es un enemigo tan peligroso como la maldad, porque es inmune a los argumentos, a la racionalidad.

La batalla sociopolítica. En la historia política de Nicaragua, plagada de regímenes autoritarios y absolutistas, llena de figuras cuyos errores han resultado calamitosos no sólo para ellos mismos, sino también para la sociedad que gobernaron.

Entre el 2007 y el 2025, hemos observado un proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población. Los principales factores económicos han actuado como unas tijeras; la hoja inferior (salarios y el poder de compra de los “de abajo”) ha estado cayendo, mientras que la hoja superior (las ganancias y el enriquecimiento de los “de arriba”) sube más rápido, por lo que la brecha entre las cuchillas se está ampliando año tras año.

El régimen Ortega-Murillo sigue sin estar sujeto a ningún control y rodeado de aduladores que sólo le dicen lo que quiere oír. El desastroso resultado es ahora evidente: Nicaragua se encuentra nuevamente inmerso en una dictadura que ya ha costado miles de millones de dólares a la sociedad y en la que casi con toda seguridad ha cometido múltiples crímenes de lesa humanidad. Cuanto más dure, mayor será el daño. Pero incluso si el régimen termina pronto, sus efectos perdurarán.

La lucha sociopolítica contra la dictadura Ortega-Murillo exige un delicado equilibrio: forjar alianzas amplias para enfrentarla. Para implementar una batalla política exitosa se debe librar una doble batalla: contra la extrema derecha y contra las tendencias adaptativas de los moderados tradicionales.

Ocho años después de la rebelión de abril (2018-2026), puede afirmarse con certeza que ni el apego al formalismo constitucional ni el sectarismo que bloquea toda posibilidad de alianza defensiva han sido superados por la mayoría de las plataformas de oposición.

El ejército ya no son solo una institución militar: también fungen como un conglomerado empresarial con intereses propios. Esta doble naturaleza del ejército -castrense y empresarial- es precisamente lo que hace tan complejo su rol en Nicaragua: los militares deben gestionar la contradicción entre un discurso antiimperialista que ya no tienen cómo sostener y la realidad represiva de la dictadura Ortega-Murillo que los hace cómplice al callar.

Las tensiones internas del ejército son múltiples. La más inmediata es la erosión de los ingresos de la tropa y los oficiales medios por la inflación, que abre una brecha creciente entre la cúpula enriquecida y el grueso de la institución.

Los militares prefieren claramente una transición controlada, la “salida en frío” del régimen, antes que un colapso abrupto que los exponga a purgas, juicios o pérdida repentina de sus privilegios. Más que como un actor monolítico, las Fuerzas Armadas deben leerse como un conjunto de mandos, unidades y redes con diferentes incentivos y con diversas formas de lealtades políticas.

El partido de gobierno, el FSLN, ha perdido su ímpetu ideológico y se ha entronizado como una maquinaria burocrática dedicada exclusivamente al mantenimiento del poder de Ortega-Murillo a través del control social y represivo. El FSLN funge como vehículo de control, distribución de rentas y disciplina política. Hoy, su objetivo principal, sin posibilidades de desobediencias o disensos importantes en lo inmediato, es sostener la cohesión del bloque gobernante y administrar lealtades, más que ofrecer una propuesta política.

La “Chayoburguesía” (la élite empresarial que se enriqueció a través de la corrupción estatal, el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos públicos, el cohecho y el tráfico de influencias desde el 2007 a la fecha) atraviesa un proceso de maduración y reacomodo. La nueva clase ya no dependen solamente de los contratos inflados del Estado mafioso, sino que buscan legitimarse como capitalistas “serios”: ya tienen muchas empresas formales muy conocidas por la población y que lucen como negocios “normales”, y son los principales beneficiarios de la política económica, del “capitalismo de amiguetes” y la corrupción.

Estas les permiten, además, blanquear capitales invirtiendo en la banca, bienes raíces, tiendas de productos importados y comercio de todo tipo, además de seguir tejiendo negocios con el ala directa o indirectamente “colaboracionista” de la oposición zancuda, a la que financian y controlan.

El rasgo más importante es que esta nueva clase económica (el clan de delincuentes que regentea el poder que se enriquecen y enriquecen a sus familias, amigos y aliados) no apuesta necesariamente por incrementar la productividad a largo plazo, sino a acomodarse a la estructura de oportunidades que habilita el poder político. Si bien es cierto que algunos de sus miembros han sido detenidos o perseguidos, producto de las peleas entre clanes que se distribuyen el Estado como parcelas de dominio, no parece existir una total ofensiva frontal en su contra.

El populismo mafioso. Nicaragua tiene una historia de la pequeña minería y extracción artesanal ancestral, pero este tejido social ha sido penetrado por grupos mafiosos en el poder. Recientemente, bajo el control de la dictadura Ortega-Murillo el oro legal o ilegal se ha vuelto muy rentable por el incremento del valor de la onza troy que pasó de US$2,000 dólares a cerca de US$5,000 dólares la onza troy.

Cuando se trafica con cocaína, todo es ilegal; cuando se exporta oro, hay un gran margen de legalidad y es difícil detectar dónde está la ilegalidad. El oro es un bien altamente cotizado debido a una convergencia de factores económicos, financieros y de mercado, tanto legales como ilegales. No hay que olvidar que el oro es visto como una reserva de valor estable a nivel internacional.

El valor de las exportaciones de oro pasó de US$431.6 millones de dólares en el 2013 a US$1,971.0 millones de dólares en el 2025, transformándose en el principal producto de exportación al alcanzar el 22% del total, actividad económica controlada por la familia Ortega-Murillo y empresas chinas. Es decir, que entre el 2013 al 2025 el valor de las exportaciones creció en un 456.67%.

El oro se percibe, a nivel internacional, como un activo de refugio seguro en tiempos de inestabilidad, y el incremento demanda y del precio está impulsada por los conflictos y tensiones internacionales que hacen que los inversores buscan seguridad en el oro, entre ellos, la guerra actual de Estados Unidos e Israel en contra de Irán y los efectos colaterales de la fluctuación del dólar.

Paralelamente, la corrupción generalizada permitida por el régimen ha facilitado la evolución hacia una economía ilícita diversificada y facilitado que las estructuras de justicia y política hayan borrado la frontera entre lo legal e ilegal. La minería ilegal ya no es una actividad de subsistencia: se ha transformado en el brazo financiero que sostiene las estructuras represivas del régimen.

Es decir, tenemos organizaciones mafiosas ligadas, no solamente al narcotráfico, sino también a la minería ilegal, porque son actividades que se vinculan unas con otras. Por otro lado, los grupos mafiosos en el poder también han visto otras actividades como una oportunidad de negocios: la minería ilegal, la extorsión a las comunidades indígenas y la tala de bosques.

En la Nicaragua atrasada. En una Nicaragua atravesada por la desigualdad, la crisis de la vivienda, la informalidad y la precariedad, ya no basta con verbalizar malestar frente a los millonarios (los poderes fácticos empresariales y financieros). Si las diversas plataformas de oposición creen de verdad en la democracia como límite al poder arbitrario, tendrán que asumir también que la riqueza extrema no es solo un problema distributivo, sino una forma de poder que conviene contener.

En el 2025, los ocho bancos privados obtuvieron US$227.58 millones de dólares de ganancias y cerraron con US$7,515 millones de dólares de depósitos de las cuentas habientes. Los tres principales bancos (BAC, Bancentro y Banpro) acumularon el 90% de las utilidades bancarias totales equivalente a US$206 millones de dólares. Por otro lado, entre el 2017 al 2025 las ganancias de los banqueros alcanzaron el monto de US$1,014.06 millones de dólares.

A causa de la generosidad fiscal, el Estado se quitó a sí mismos los ingresos necesarios para cumplir sus funciones, por lo que se ven obligados a recurrir al endeudamiento. Los préstamos son facilitados por la misma clase que dejó de pagar impuestos: el Estado pide prestado a los millonarios el mismo dinero que podría cobrarles en impuestos, y les paga intereses por ello.

Porque el dinero no es solo dinero. La riqueza extrema no es una cifra muerta en una cuenta bancaria o en acciones y participaciones. La riqueza extrema es poder. Poder para condicionar, para influir, para modelar las políticas públicas, para imponer prioridades productivas, para comprar tiempo, silencio y obediencia. Los grandes patrimonios son también estructuras privadas de poder que erosionan la igualdad democrática.

No hace falta que un millonario dé una orden directa para que su poder opere. Basta con que sepa que puede amenazar con desinvertir, trasladar capitales, presionar regulaciones o capturar espacios de influencia para que las instituciones empiecen a inclinarse a su favor.

Por eso la lucha democrática consiste en vivir sometiendo a poderes arbitrarios. Y hoy uno de los grandes poderes arbitrarios de nuestro tiempo es la riqueza extrema en pocas manos. La lucha democrática no se trata únicamente de cómo gravar más a los muy ricos, sino cómo limitar la acumulación excesiva de riqueza. No se trata únicamente de mejorar la progresividad fiscal, perseguir el fraude o cerrar agujeros legales, aunque todo eso sea correcto y necesario. Se trata de asumir que quizá hay niveles de riqueza que son incompatibles con la propia democracia.

La idea puede escandalizar a algunos. Hemos llegado al absurdo de ver como una amenaza democrática el establecimiento de cualquier límite al poder económico, mientras aceptamos los límites al poder político. Como si el primero fuera inocente y el segundo peligroso. Como si la extrema riqueza privada no tuviera consecuencias políticas públicas, como si no tuviera poder de distorsionar la democracia.

Hay que decir alto y claro que una democracia no puede resignarse a que exista una aristocracia patrimonial “de facto”. Y menos aún en un momento en el que amplias capas sociales no pueden acceder a una vivienda, llegan asfixiadas a fin de mes o encadenan trabajos inseguros mientras observan cómo la riqueza extrema se concentra arriba con una velocidad obscena.

El problema no es que existan ricos. El problema es que haya millonarios tan poderosos que terminan condicionando la vida de todos los demás. Y frente a eso, ya va siendo hora de entender que limitar la riqueza extrema no es un gesto de resentimiento. Es una exigencia de la democracia.

Nicaragua debería, obviamente, imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias. Pero eso no sucederá bajo esta administración tan completamente controlada por los poderes fácticos empresariales, financieros y la nueva clase.

La seguridad alimentaria. La disrupción en el suministro de hidrocarburos a nivel mundial como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se produjo un encarecimiento del transporte marítimo y la volatilidad extrema en los precios de las materias primas (fertilizantes) creando un entorno donde la inflación importada se vuelve estructural.

En Nicaragua, esto se traduce en productos básicos más caros en la canasta familiar, presiones sobre la gasolina, el diésel, los fertilizantes –insumos críticos para la logística y la agricultura–, los alimentos de la canasta básica (frijol, arroz, maíz) y una desaceleración del crecimiento económico.

El costo de la canasta básica de alimentos tanto en el ámbito rural como urbano ha subido más que la inflación general. Es decir, la inflación de productos agrícolas continúa siendo el principal componente del repunte en las líneas de pobreza.

Por su parte, el valor de las líneas de pobreza por ingreso –necesario para cubrir el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria– fue en marzo de 2026 de C$21,120.10 córdobas mensuales (US$568.62 dólares); mientras que el salario promedio nominal fue de C$15,873.47 córdobas mensuales (US$433.41 dólares).

Históricamente se ha entendido como seguridad alimentaria, ese pilar que debería garantizar que ningún habitante pase hambre por razones económicas, ha sido desmantelado bajo una lógica que se trata la nutrición no como un derecho humano fundamental, sino como un bien de mercado sujeto a la discrecionalidad del poder de compra de los ciudadanos.

La encrucijada alimentaria no reside en la escasez de calorías sino en la arquitectura fallida de un sistema económico que confunde el acto de nutrir con la mera lógica la ganancia mercantil. Esto ha permitido utilizar el hambre como un escudo moral y así evadir/eludir la necesaria redistribución de la riqueza.

La inseguridad alimentaria es un subproducto del sistema político y económico disfuncional donde el acceso a la comida depende del poder adquisitivo y no de la disponibilidad real. En el corazón de esta lógica se encuentra una visión gubernamental que prioriza la acumulación de recursos estatales en el Banco Central y la solvencia económica del régimen sobre el bienestar de la población, perjudicando a las más vulnerables.

La verdadera batalla se libra entre una visión del alimento como una simple mercancía destinada al crecimiento económico y la de una perspectiva basada en los derechos humanos que prioriza la nutrición, la salud y el derecho a la alimentación. La seguridad alimentaria solo se alcanzará democratizando el sistema alimentario, invirtiendo en la producción de granos básicos en manos de pequeño y mediano productor y reconociendo el derecho humano a la alimentación por encima de cualquier lógica de mercado.

Por tal motivo, para alcanzar la seguridad alimentaria la ciencia y la política deben escapar de la obsesión ciega por el rendimiento agrícola bruto y evitar, de esa manera, una fractura ideológica sobre si la agricultura debe ser tratada como un servicio ecosistémico independiente o como el pilar social innegociable de la dignidad humana.

En resumen. Las acciones emprendidas por el régimen para resolver las múltiples crisis han sido tácticas, no estratégicas; postergando los problemas sin resolver ninguno de ellas.

El desarrollo económico de los últimos años ha golpeado a la población en general en oleadas acumulativas: a través de congelamiento de los salarios reales, de precios de energía más altos, luego precios de alimentos más altos y, finalmente, una inflación más alta al incremento de las pensiones, lo que la deuda social sea aún más alta.

Por lo tanto, las personas más pobres, que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos y combustibles, serán las más afectadas, al igual que las economías en general que ya está luchando bajo las pesadas cargas del pago de la deuda externa. Todo esto es un recordatorio de una cruda verdad: la represión generalizada ha fomentado el desarrollo a la inversa: empobreciendo a más del 90% de la población y enriqueciendo al 1%.

El régimen ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido a favor de las mayorías, reparar los servicios públicos (educación, salud, vivienda), crear los trabajos necesarios, incrementar la producción agrícola para el mercado interno y aliviar el costo de vida, y se ha visto lastrado por repetidos tropiezos y en asuntos que incluyen la corrupción. La oposición tiene el reto de estar a la altura del momento y exponer las demandas democráticas básicas para el cambio que nuestro país necesita.