Oscar René Vargas: Inflación, inversiones y empleos formales

El declive en curso de la dictadura Ortega-Murillo se ha vuelto una maraña gelatinosa. Las múltiples crisis reinan hasta el último rincón. En el 2018, Murillo dio el banderazo de salida para la represión generalizada y parece que ellos creían que de esa forma controlarían el declive. Al mismo tiempo, el poder dictatorial siguió construyendo el “capitalismo de amiguetes” que volvió millonarios a la nueva clase y más ricos a los empresarios aliados, especialmente a los banqueros.

La “idea genial” de la dictadura era crear una sociedad integrada y dirigida por la cúpula en el poder y sus aliados. Una sociedad integrada significaba la abolición de los derechos políticos y sociales elementales. La idea era operar separando la economía de la política: los grandes empresarios se encargarían de la economía, la cúpula política se encargaría del control de la sociedad; la cúpula política aseguraría la seguridad de la propiedad de “los de arriba”, mantendrían congelados los salarios reales y garantizaría la ausencia de huelgas y de protestas sociales.

Este modelo público-privado funcionó durante un breve lapso de tiempo sin contratiempos. A la corta, la “idea genial” mostró provenir de alguien con dos dedos de frente, si no es que de uno. No hay desarrollo economía sustentable sin libertad política, sin un sistema jurídico y político que la sustente. La dictadura no puede reinar con exclusividad indefinidamente. Así las cosas, el régimen decidió abandonar el juego político “democrático” y desató la represión generalizada. El tiempo de la “idea genial” está extinto.

La situación de la gente y sus percepciones en cuanto a las condiciones económicas tiene una relación cercana con los registros periódicos de la inflación que se refleja en el costo de la canasta básica y, por otra parte, con el desempeño del mercado trabajo; es decir, el número de empleos que se generan y los salarios con los que se remuneran.

Los índices generales de la inflación pueden estar contenidos, pero los precios de la canasta básica de alimentos siguen muy altos, lo que incide negativamente en el poder de compra de las familias y restringe el nivel agregado del gasto. Además, se provoca el alza del endeudamiento, especialmente mediante las tarjetas de crédito, o del costo de las hipotecas.

La inflación, como se sabe, registra la tasa de crecimiento de los precios generales. Es decir, la inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios de la economía durante un periodo de tiempo. Lo que implica una disminución del valor real del dinero, lo que significa que, con el tiempo, cada unidad de moneda (córdoba) compra menos bienes y servicios. La inflación de los productos básicos alimenticios, es un indicador clave para determinar el poder de compra de los consumidores.

La canasta básica ha evolucionado desde los C$12,253.65 córdobas en diciembre del 2014 a C$21,120.10 córdobas en marzo de 2026, lo que significa un incremento del 72.35% en el período indicado. Mientras que el salario real promedio ha disminuido en un 12.88% entre el 2006 y 2025.

Una reciente encuesta de Hagamos Democracia indica que 80 de cada 100 trabajadores declaran que sus ingresos no le permiten cubrir el costo de una canasta básica. Por otro lado, hay que tener presente que alrededor de los dos tercios de los trabajadores del campo están en la informalidad y son contratados con salarios fijados arbitrariamente.

Por otro lado, la generación de puestos de trabajo registrada ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) desde el 2017 al 2025 ha estado por debajo de la cifra anual de un millón de cotizantes que usualmente se estima como necesaria para absorber la entrada de personas al mercado de trabajo; es decir, para integrar el crecimiento de la población económicamente activa. Entre el 2017 (914,196 afiliados) y 2025 (810,127 afiliados), el INSS ha perdido 104,069 afiliados. La caída del empleo formal coincide con la debilidad de la inversión productiva.

El principal vínculo entre la sociedad y el mercado es el empleo. Cuando la economía genera los empleos necesarios, buenos y bien pagados que requiere la población, la existencia material es estable y segura; pero cuando imperan la precariedad, el desempleo y la informalidad, como sucede hoy en Nicaragua, las relaciones sociales se trastocan y se fragilizan, la constante de la informalidad y la precariedad laboral es una de las señales visibles de nuestro no crecimiento.

La informalidad tiene vínculos directos con el bajo crecimiento de la economía; para decirlo con una fórmula básica: si la inversión no crece, tampoco lo hace la actividad económica, sobre todo no a las tasas socialmente necesarias. Así, esta insuficiencia de inversión determina que no haya suficiente creación de empleos formales, seguros y, en alguna medida, estables y mejor pagados.

La categoría de informalidad es, sobre todo, un eufemismo: bajo este apellido viven y sobreviven quienes no tienen acceso a la salud pública, carecen de un contrato de trabajo y suelen ser quienes menos ingresos tienen regularmente. Esa informalidad se troca así en desamparo abierto. Sus formas de vida son de sobrevivencia y así suelen ser sus modos de relación social y política.

El deterioro en el mercado laboral al cierre del primer trimestre de 2026 confirma que Nicaragua sigue atrapada en un ciclo de baja eficiencia mientras la tendencia de informalización no se revierta. Bajo este escenario, la economía continuará con inversiones de capital cada vez más costosas para generar valor, lo que ocasiona una desaceleración en el crecimiento, debido a que el empleo formal es menos productivo y genera una menor contribución per cápita al PIB. Este retroceso estructural representa un desafío mayúsculo; no sólo compromete el bienestar de los trabajadores al anclarlos en actividades de baja remuneración, sino que pone en riesgo la capacidad de crecimiento económico del país de largo plazo.

El bajo dinamismo de la inversión productiva sigue siendo el principal obstáculo para que la economía alcance tasas de crecimiento más altas. La debilidad del crecimiento está directamente vinculada con la falta de inversión productiva, y factores como la incertidumbre sobre reglas y condiciones han llevado a algunos inversionistas, nacionales como extranjeros, a posponer decisiones en espera de condiciones más claras para apostar sus capitales.

A partir del 2018 el régimen ha aumentado el gasto improductivo tanto en el ejército como en la policía, en lugar de destinarlo a hospitales y a reducir los gastos en medicinas que pagan los ciudadanos de su bolsillo y que son proporcionalmente los más altos de la región centroamericana.

Nicaragua no sólo es el país más pobre de Centroamérica, sino también el más desigual: presenta, con diferencia, el coeficiente de GINI más alto. Fuera de las principales ciudades, se extienden las zonas sin acceso a servicios de salud, alimentarios y de transporte. Mientras que la mayor parte del capital disponible se invierte en las principales ciudades, los municipios más pequeños están controlados por redes políticas que ofrecen empleos públicos mal remunerados. Por otro lado, los alcaldes de las pequeñas localidades constituyen la primera línea de una corrupción generalizada a través de la manipulación de las inversiones municipales.

La corrupción y la extorsión representan obstáculos directos para la inversión productivos y el desarrollo de proyectos estratégicos. La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción. La certidumbre jurídica y la transparencia son, igualmente, condiciones indispensables para atraer capital nacional y extranjero.

Los grandes proyectos industriales y/o agroindustriales dependen de reglas claras y entornos confiables para prosperar. la confianza es un elemento central para el crecimiento económico. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. La integridad institucional no sólo es un principio político, sino una condición práctica para el desarrollo económico. Si queremos que proyectos producticos tengan éxito, ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida.

El régimen se encuentra bajo una gran presión, no sólo por las múltiples crisis en desarrollo y su aislamiento internacional, sino también por la dificultad para crear un frente común para modernizar el país y mejorar las condiciones sociales de la población empobrecida en el marco del modelo del “capitalismo de amiguetes”.

En tanto, el descontento popular se incrementa por la falta de empleo, por la incapacidad de poder comprar una canasta básica y la inseguridad alimentaria. Paralelamente, su belicismo represivo se transformado en un elemento tóxico para sus fervientes simpatizantes.

La permanencia en el poder de Ortega-Murillo no se debe a su brillantez sino a la inhabilidad que el resto del establishment político no ha sido capaz de establecer una estrategia de lucha sociopolítica para derrotar/derrocar a la dictadura.

La estrategia de la oposición debería de abordar asuntos relevantes para la mayoría de los nicaragüenses. Esto supone centrarse rigurosamente en una lista reducida de temas: la crisis del coste de la vida, el derrumbe de servicios públicos como la educación, la salud y la vivienda social, y denunciar el enriquecimiento inexplicable de unas pocas familias afines a Ortega-Murillo mientras el resto de los ciudadanos ven cómo empeoran sus perspectivas.

Mientras tanto, como quien espera que pase el cadáver del enemigo por delante de sus ojos, Estados Unidos espera que la descomposición del régimen fragilice y/o fracture sus pilares de sostenimiento, entretanto Ortega persiste en mantener su discurso ruidoso antinorteamericano confiado en el apoyo de Rusia y China serán suficientes para permanecer en el poder y asegurar la sucesión dinástica.

Ortega-Murillo llegará a las futuras negociaciones para encontrar una salida a las múltiples crisis con una mochila cargada de problemas y carencias en vez de fortalezas. Hay que recordar que Estados Unidos es favorable a mantener su hegemonía territorial en su área de influencia, el mar mediterráneo norteamericano, lo que debilita al régimen.