Nicaragua vive bajo un régimen autoritario

Los procesos electorales y el pluralismo político han sido suprimido desde las elecciones generales de 2016, cuando Rosario Murillo era la candidata a la vicepresidencia en Nicaragua el proceso electoral fue calificado como fraudulento por los organismos especializados en procesos electorales. Situación que empeoró en el proceso electoral del 2021 cuando detuvieron a todos los precandidatos de la oposición, se incrementó la represión y se prohibieron los partidos políticos opositores. Es decir, que en Nicaragua se instauró un régimen autoritario.

Por otro lado, desde el 2018 a la fecha (2026), se hizo evidente que el funcionamiento del gobierno de Ortega-Murillo había instaurado un régimen dictatorial que se construyó entre el 2007 al 2011 y que se reforzó entre el 2012 al 2017. El funcionamiento del régimen depende de las decisiones de la cúpula del poder (Ortega-Murillo) y de los principales anillos de poder y goza del apoyo del ejército, la policía y los paramilitares como se demostró de manera más transparente después de abril de 2018 con de la complicidad (abierta o encubierta) de los principales poderes fácticos empresariales y financieros.

Por lo tanto, la participación política real de los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas es entre muy limitada a nula, ya que las decisiones principales políticas económicas y de gobierno son decididas por Ortega-Murillo, por los principales anillos de poder y, en menor grado, por sus aliados empresariales y financieros. Igualmente, encarcela a todas las personas que expresan cualquier tipo de disidencia, mantiene a decenas de presos políticos sin ninguna prueba, utiliza el sistema judicial como un aparato represivo más.

En relación a libertades civiles, en Nicaragua se han suprimido todas las expresiones de la sociedad civil (se han suspendido más de cinco mil organizaciones no gubernamentales), se reprime las expresiones religiosas (se han prohibido más 28 mil actividades de la iglesia católica), se han suprimido la libertad de expresión de los medios de comunicación independientes (todos medios independientes fueron prohibidos y/o confiscados, ha perseguido a los defensores de los derechos humanos y más de 300 periodistas se encuentran en el exilio), se han prohibido cualquier acto público de masa y confisca propiedades de las organizaciones de sociedad civil, de las iglesias católicas y evangélicas y desnacionaliza y roba sus propiedades a los opositores políticos.

La política cultural del régimen no permite ninguna expresión artística independiente, la gran mayoría de los principales cantautores, poetas e intelectuales se encuentra en el exilio por la persecución del régimen, las universidades privadas han sido confiscadas, los profesores universitarios no gozan de la libertad de cátedra, las organizaciones de profesionales han sido prohibidas, etcétera, etcétera.

La política cultural del régimen está basada en el circo: construcción de estadios, actos culturales son dirigidos por el régimen y el control de todos los medios de comunicación para distraer la atención de los principales problemas sociales, políticos, económicos y religiosos que vive el país.

Por último, el régimen Ortega-Murillo ha logrado acumular una enorme riqueza bajo un esquema que politólogos califican de cleptocrático al borrar la frontera entre el poder público y los negocios privados, le ha permitido a su familia amasar una fortuna calculada en más de US$3,000 millones de dólares durante sus 20 años en el poder (2007-2026) en medio de proyectos inmobiliarios, donaciones, regalos, sobornos, maniobras financieras, lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Igualmente, aprovecha el acercamiento con empresarios extranjeros, compañías mineras, madereras y agropecuarias para recibir sobornos en forma de regalos.

Nunca antes en la historia nicaragüenses habíamos visto a una familia expandir su riqueza tan rápidamente. Nunca antes en la historia nicaragüense tan pocas personas han tenido tanta riqueza y poder. Nunca antes en la historia nicaragüense había habido niveles tan extremos de desigualdad de ingresos y riqueza, con el 1% superior ahora dueño de más riqueza que el 93% inferior de la población.

Mientras tanto, mientras las personas más ricas se vuelven mucho más ricas, el 80% de nuestra gente vive de sueldo a sueldo, luchando por poner comida en la mesa, luchando por pagar su alquiler, luchando por pagar el cuidado de los niños y la educación, y luchando para tener una jubilación decente.

En conclusión, por todas las variables analizadas podemos decir que Nicaragua vive bajo un régimen autoritario, cleptocrático, sistemáticamente violador de los derechos humanos, comete delitos de lesa humanidad y mafioso.