El Ejército ante la encrucijada histórica de Nicaragua

Nicaragua se aproxima a un punto de inflexión político cuya materialización ya no depende de la voluntad discursiva del poder civil. Las dinámicas internas de desgaste, el aislamiento externo acumulado y la creciente reacción ante dictaduras de izquierda en el hemisferio configuran un escenario de transición que comienza a perfilarse como inevitable.

En ese contexto, la institución militar enfrenta una decisión de naturaleza estructural. No se trata de evaluar simpatías políticas ni afinidades ideológicas. Se trata de determinar si el Ejército desea preservar su condición de institución permanente del Estado o quedar vinculado orgánicamente al destino de una conducción política cuyo margen de sostenibilidad se reduce de manera progresiva.

Las transiciones ordenadas requieren un actor armado que actúe con racionalidad institucional. La historia comparada demuestra que cuando las fuerzas armadas distinguen oportunamente entre lealtad constitucional y subordinación personal, logran conservar estructura, reconocimiento y margen de negociación en el nuevo orden político. Ppor el contrario, cuando esa distinción no se produce, la institución suele quedar sometida a procesos de depuración más amplios y menos controlables.

El respaldo irrestricto a Rosario Murillo no es una obligación constitucional. Es una decisión política. Y toda decisión política produce consecuencias estratégicas.

Desde una perspectiva internacional, la permanencia de apoyos explícitos a un liderazgo cuya legitimidad externa es cuestionada agrava el aislamiento del país y proyecta sobre la institución militar un riesgo acumulativo en materia de sanciones, cooperación y reputación. La reinserción futura de Nicaragua en el sistema democrático hemisférico requerirá señales claras de compromiso con una transición pacífica y verificable.

Facilitar una salida democrática y ordenada no implica fractura institucional ni desmantelamiento de la cadena de mando. Implica garantizar estabilidad durante el proceso, evitar escaladas innecesarias y preservar la continuidad operativa del Estado. En términos estratégicos, ello amplía el margen de protección para quienes no hayan incurrido en responsabilidades personales y permite negociar condiciones de permanencia institucional en el nuevo escenario.

El cálculo racional es evidente. La institución puede optar por convertirse en garante de una transición que minimice costos nacionales o puede arriesgar su legitimidad futura al quedar identificada con una etapa que será objeto de revisión política y jurídica.

Los intereses esenciales de la patria no se confunden con la permanencia de una figura en el poder. Cuando los tiempos se vuelven inminentes, la responsabilidad histórica recae sobre quienes tienen capacidad real de incidir en la estabilidad nacional.

El momento de actuar es previo al desenlace. Después, el margen de conducción se reduce y las decisiones ya no se evalúan en clave política sino judicial.

La encrucijada es clara. La lectura estratégica que adopte el Ejército definirá su lugar en la Nicaragua que inevitablemente emergerá tras la transición.

Este artículo es suscrito por el equipo del Centro de Pensamiento Internacional, CPI, integrado en Miami por un grupo de nicaragūenses en el exilio que por razones de seguridad firman de forma institucional y no individual.