Nicaragua como amenaza a la seguridad de Estados Unidos en el contexto del ataque a Irán

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados sobre Irán en lo que el Pentágono denominó Operación Epic Fury. Los ataques causaron la muerte del Ayatolá Ali Jamenei y destruyeron infraestructura militar y nuclear en Teherán, Isfahan, Qom, Karaj y Kermanshah. Irán respondió con una oleada masiva de misiles contra Israel y bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico. El conflicto está activo al cierre de esta nota.

En ese marco, la alianza sostenida entre Nicaragua y la República Islámica de Irán deja de ser un posicionamiento ideológico dentro de los márgenes del ALBA para convertirse en un factor de riesgo directo para la seguridad de Estados Unidos en el hemisferio occidental. El régimen Ortega-Murillo no tomó esa posición por inercia: la construyó de manera deliberada durante años, y hoy asume sus consecuencias con plena conciencia.

Acuerdos vinculantes, retórica nuclear y alineamiento estratégico

En 2023, el entonces presidente iraní Ebrahim Raisí visitó Nicaragua y firmó con el régimen Ortega-Murillo acuerdos de cooperación en salud, justicia, comercio y tecnología. La Asamblea Nacional los ratificó. No fueron declaraciones de intención: son instrumentos vinculantes en vigor.

Durante esas mismas reuniones, el co-presidente Daniel Ortega afirmó ante el canciller iraní Hossein Amir-Abdollahian que "tener una armita atómica genera respeto". La declaración fue recogida por medios internacionales y generó reacciones en círculos diplomáticos. No fue un exabrupto: respondía a una posición política consistente con el acercamiento progresivo del régimen a los estados más abiertamente antiestadounidenses del mundo.

Nicaragua ha respaldado a Irán en foros multilaterales de manera sistemática. A través de la ALBA, bloque al que Managua pertenece, ha suscrito declaraciones que en el pasado condenaron cada acción militar contra Teherán, calificándolas de agresiones contra instalaciones nucleares pacíficas y violaciones del derecho internacional. Ese patrón de alineamiento es constatable y reiterado. El régimen también rompió relaciones diplomáticas con Israel. Analistas del Diálogo Interamericano documentan este reposicionamiento como un movimiento enteramente intencional y anti-estadounidense.

Presencia iraní en Nicaragua: lo que está documentado

En octubre de 2024, la embajadora israelí acreditada ante Nicaragua declaró en conferencia de prensa que Hezbollah y grupos iraníes mantienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. En el mismo período, el cónsul israelí Amir Rockman acusó al régimen de permitir que grupos vinculados a Irán operen libremente en el país y de haber convertido Nicaragua en una plataforma de terrorismo regional. El régimen rechazó las declaraciones sin ofrecer evidencia que las desmintiera.

Lo que sí está documentado sin margen de disputa es el entorno institucional que haría factible esa presencia. El régimen eliminó la autonomía de sus órganos de inteligencia militar, los subordinó a oficiales leales a Ortega, y construyó una opacidad estructural que impide verificar o descartar la actividad de actores externos. TELCOR, el regulador de telecomunicaciones, opera bajo la dirección del régimen como aparato de vigilancia e interceptación con facultades legales para recopilar datos privados y geolocalizar personas. La Unidad de Análisis Financiero está presidida por oficiales en activo del ejército y la policía, lo que permite al régimen controlar los flujos de dinero y proteger a sus aliados.

Las embajadas iraníes en América Latina tienen antecedentes documentados de coordinación encubierta: el caso de Buenos Aires en el atentado a la AMIA de 1994 establece el patrón.

Washington actúa: sanciones en vísperas del ataque

El secretario de Estado Marco Rubio ha calificado a los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela como "enemigos de la humanidad", vinculando esa caracterización de forma explícita tanto a las violaciones de derechos humanos como a la alianza con Irán. Una funcionaria del Departamento de Estado precisó que ese vínculo amplía la amenaza del régimen Ortega-Murillo más allá de las fronteras nicaragüenses e instó a los países de la región a definir de qué lado están.

El 26 de febrero, dos días antes del ataque a Irán, el Departamento del Tesoro sancionó a cinco funcionarios nicaragüenses de alto rango. Entre ellos, el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la directora y subdirectora de la Unidad de Análisis Financiero y funcionarios de telecomunicaciones responsables del aparato de vigilancia. La coincidencia temporal no es casual: Washington calibra su presión sobre Managua en paralelo con la escalada contra Teherán.

Tres vectores de riesgo inmediato

El primero es operativo. Si organizaciones proxy iraníes utilizan territorio nicaragüense para acciones retaliatorias contra intereses estadounidenses en el hemisferio, el régimen Ortega-Murillo pasa a ser parte activa del conflicto. No se trata de una hipótesis remota: Irán ha ejecutado represalias a través de terceros en Argentina, Bulgaria, Colombia y Brasil en los últimos treinta años. Nicaragua ofrece las condiciones institucionales y el alineamiento político que esa modalidad requiere.

El segundo es financiero y ya está en marcha. Las sanciones del 26 de febrero contra cinco funcionarios nicaragüenses de alto rango son parte de una escalada que no tiene por qué detenerse ahí. Cada nueva designación de OFAC restringe el acceso del régimen al sistema financiero internacional y genera efecto disuasivo sobre bancos corresponsales y socios comerciales. Nicaragua depende de ese acceso para sostener remesas, financiamiento externo y operaciones del sector privado formal. El régimen no puede absorber una profundización de ese aislamiento sin consecuencias internas graves, y no tiene margen político para desmantelar su alineamiento con Teherán sin contradecir abiertamente su propia narrativa de poder.

El tercero es el más grave en el mediano plazo: la designación de Nicaragua como Estado patrocinador del terrorismo. Esa categoría, compartida con Irán, Cuba, Corea del Norte y Siria, conlleva aislamiento total del sistema financiero internacional, pérdida de acceso a crédito multilateral y sanciones secundarias que afectarían a cualquier empresa o gobierno que opere en su territorio. Esta posibilidad, que analistas de seguridad describían como lejana hace apenas semanas, está siendo discutida de manera abierta en foros especializados desde este sábado.

Conclusión

El régimen Ortega-Murillo construyó su alianza con Irán con plena deliberación, en un período en que los costos parecían manejables. Hoy esa decisión opera en un contexto radicalmente distinto: Estados Unidos está en guerra activa contra el principal aliado de Managua en el mundo.

Washington no necesita resolver primero el conflicto en el Medio Oriente para atender lo que ocurre en su propio hemisferio. La pregunta ya no es si Nicaragua representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. La pregunta es cuándo esa amenaza alcanza el umbral de respuesta. El ataque de este sábado ha comprimido ese horizonte de manera dramática. 

Este artículo es suscrito por el equipo del Centro de Pensamiento Internacional, CPI, integrado en Miami por un grupo de nicaragūenses en el exilio que por razones de seguridad firman de forma institucional y no individual.