Tragarse sapos: el pragmatismo que incomoda, pero puede salvar a Nicaragua

La expresión “tragarse el sapo” es más que una metáfora política; es una verdad incómoda: aceptar lo desagradable para evitar un mal mayor. Esta proviene de una máxima atribuida al escritor y chamán de la elegancia francés Nicolas de Chamfort (1741-1794). Se dice que Chamfort citaba a un tal "Monsieur de Lassay", quien afirmaba: "Hay que tragarse un sapo cada mañana si se quiere estar seguro de no encontrar nada más asqueroso durante el resto del día".

La lógica detrás de esto es puramente pragmática: si haces lo más difícil, desagradable o humillante a primera hora, el resto de tus obligaciones te parecerán un paseo por el parque. En política, representa la necesidad de tolerar, negociar o convivir con aquello que resulta repulsivo, pero indispensable para avanzar.

En Nicaragua, esa metáfora ha comenzado a instalarse en el debate opositor. Y no es casual. Hace meses, el activista político liberal Eliseo Núñez Morales fue el primero al que escuche usar esa frase, cuando planteó con claridad que una transición democrática obligará a la oposición a convivir con sandinistas que no tengan responsabilidades penales. Funcionarios, técnicos, empleados públicos e incluso simpatizantes ideológicos del Frente Sandinista que no están vinculados a crímenes de lesa humanidad ni a corrupción. Por supuesto, esta reflexión brutalmente realista generó mucha controversia, donde no faltaron críticas descarnadas de los sectores más radicales de la oposición.

Más recientemente, el comentarista Jaime Arellano sorprendió al usar la misma expresión en entrevistas con el excarcelado político Miguel Mendoza y, luego, con el periodista Sergio Marín Cornavaca. Lo relevante no es solo la frase, sino quién la pronuncia. Arellano, de postura ultra conservadora y frontalmente antisandinista, ha sido víctima directa del primer régimen sandinista, en los años 80’s y ahora, de la tiranía dinástica de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes le sometieron a cárcel, destierro, confiscación y un sinnúmero de afectaciones a su salud física y emocional, sin contar todo el sufrimiento infligido a su familia. De forma que no se puede acusar a Arellano de ser adepto al sandinismo en modo alguno, por el contrario, que alguien con esa historia hable de “tragarse el sapo” no es debilidad; es símbolo claro de evolución política.

Su argumento es simple y contundente: si los sandinistas representan alrededor del 12% de la población, hablamos de cientos de miles de nicaragüenses. No podemos encarcelarlos, expulsarlos ni perseguirlos por pensar distinto. Hacerlo nos convertiría en aquello que denunciamos. Una dimensión clave de la evolución de Arellano ha sido su interlocución con políticos estadounidenses, especialmente con figuras como el senador Rick Scott, quienes le han mostrado que en una verdadera democracia ni el ganador se lo lleva todo ni el perdedor lo pierde todo.

En las democracias sólidas como la estadounidense, cualquier actor político —ganador o perdedor— debe aceptar espacios de convivencia y negociación porque la política es un juego de mayorías y minorías, pesos y contrapesos, no de eliminación del adversario. Esa visión pragmática enarbolada por la actual administración norteamericana, que dista de la forma absolutista de ejercer la política en Nicaragua y buena parte de América Latina, ha impactado la forma en que Arellano piensa respecto a la transición en Nicaragua: la democracia exige reglas claras, límites a la exclusión y espacios de inclusión política sin renunciar a principios, pero tampoco anclarse en la pura confrontación.

Justicia sin venganza

Aquí está el dilema central para Nicaragua: ¿cómo combinar justicia con estabilidad? Una transición no puede significar impunidad para quienes cometieron crímenes. Pero tampoco puede ser una vendetta ideológica. Si la oposición llegara al poder para ilegalizar al sandinismo como identidad política, confiscar bienes indiscriminadamente o promover persecuciones colectivas, repetiría el patrón que dice combatir.

La historia nicaragüense es clara. Tras el derrocamiento de la dinastía de Anastasio Somoza Debayle, la lógica de arrasar con todo lo que oliera a somocismo no trajo reconciliación. Alimentó resentimientos, persecuciones, injusticias, graves violaciones a los derechos humanos y terminó desembocando en una nueva guerra fratricida, en el marco de la guerra fría, donde potencias ponían las armas y recursos para apoyar a los 2 bandos en contienda, en tanto los nicaragüenses pusimos los muertos, heridos, mutilados y la destrucción social, económica y de la infraestructura del país.

La expulsión total, la persecución o la criminalización colectiva de todos los sandinistas solo por su afiliación política sería no solo injusta, sino también repetir los métodos autoritarios que denunciamos. Reitero, tragar ese sapo no significa perdón para quienes cometieron crímenes; significa distinguir entre culpables y simples adherentes ideológicos, empleados o técnicos del sandinismo.

Una transición democrática sostenible no puede basarse en la revancha. Si nuestra respuesta al sandinismo fuese igualar persecuciones, encarcelamientos masivos o purgas indiscriminadas, estaríamos replicando el modelo de exclusión que sumió al país en violencia antes. El país no puede reconstruirse desde la venganza, sino desde la reinstitucionalización, la justicia individualizada y la inclusión institucional bajo la ley, para todos los nicaragüenses, tanto sandinistas como no sandinistas (que somos la mayoría).

Aceptar esa realidad no significa legitimar abusos pasados. Significa integrar a aquellos sandinistas que no tienen las manos manchadas de sangre ni vínculos directos con corrupción en un marco democrático, dándoles la oportunidad de evolucionar ideológicamente; de romper las ataduras que les representa su origen como organización político- militar, de corte absolutista, habituada a la confusión Estado- Partido y, lo que es aún peor ahora: Estado- Partido- Familia, justo igual que ocurrió con el somocismo.

La idea pues, no es proscribir al sandinismo, porque aun si los Ortega Murillo salieran del poder hoy mismo o mañana, todavía habría algunos cientos de miles de personas que simpatizarían con la ideología sandinista, igual que casi 50 años después del derrocamiento de la dictadura de los Somoza, todavía se hay personas que se identifican como somocistas.

Según bien explica Arellano, lo que debe perseguirse es que estos sandinistas evolucionen positivamente y aprendan a participar dentro de reglas claras del juego democratico, no pretendiendo “gobernar desde abajo” con asonadas, sino, contribuir al fortalecimiento del país bajo el Estado de derecho. La verdadera derrota del sandinismo, como plantea Arellano, se logrará a través de las elecciones, con un Consejo Supremo Electoral independiente y procesos de sufragio respetados por todos, donde el pueblo de Nicaragua exprese libremente con el voto, su repudio a todo el daño y dolor que el sandinismo ha causado al país durante las últimas 5 décadas.

El espejo internacional

La transición española tras la muerte de Francisco Franco (1975) es un ejemplo clásico de “tragarse sapos”. Para restaurar la democracia, los principales partidos acordaron un pacto del olvido y aprobaron una amnistía que preservó impunidad y continuidad para muchos actores del régimen anterior, permitiendo la convivencia política futura sin purgas masivas.

Este enfoque permitió la aprobación de la Ley de Reforma Política, la transición a elecciones libres y una Constitución democrática, sin destruir totalmente las estructuras del pasado. No fue simple ni inocuo, pero fue un camino para evitar mayor violencia y caos.

Otros países han enfrentado este trago amargo. En Sudáfrica, Nelson Mandela entendió que desmontar el apartheid exigía integrar partes del antiguo aparato estatal para evitar una guerra civil.

En Chile, la transición tras Augusto Pinochet implicó convivir durante años con estructuras heredadas del régimen.

Más recientemente, en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y la actual fase de transición impulsada por la administración de Donald Trump, la figura de Delcy Rodríguez —ex vicepresidenta del chavismo— se ha mantenido como presidenta encargada en el inicio del proceso, a pesar de haber formado parte del aparato del régimen.

Esto ha generado tensiones: algunos opositores ven en ello un “sapo” enorme — aceptar que alguien del núcleo del régimen asuma funciones hasta que se establezca un proceso electoral incluyente — mientras que las autoridades estadounidenses, opositores y mediadores internacionales discuten cómo lograr una transición sin fracturas masivas.

En el caso de Cuba, las conversaciones recientes entre Estados Unidos y representantes del régimen han mencionado la posibilidad de integrar a miembros vinculados a la familia Castro o a estructuras del gobierno actual en un proceso transicional. Esto también representa un “sapo” significativo para la oposición y la diáspora cubana que por décadas han demandado una ruptura total del modelo castrista.

Estos ejemplos ponen de relieve que los procesos transicionales suelen implicar negociaciones con figuras impopulares como mecanismo para asegurar la continuidad de funciones del Estado y evitar el colapso total de las instituciones, que han conducido a la destrucción no solo de las antiguas estructuras opresoras, sino de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo al pueblo oprimido. Para graficar el desplome de países con transiciones violentas y, por tanto, fallidas, basta echar una mirada a lo ocurrido en Irak y Libia, solo para retomar dos ejemplos que han sido puestos de relieve por el mismo presidente Trump.

Si vamos a tragarnos sapos con el sandinismo, primero debemos dejar de golpearnos entre opositores

Otra de las realidades incómodas que Arellano ha planteado es que los distintos sectores de la oposición nicaragüense hemos sido incapaces de estructurarnos alrededor de un eje común claro y disciplinado —el fin del régimen Ortega-Murillo y la reconstrucción democrática del país— porque nos hemos enfrascado en disputas ideológicas secundarias.

Nos hemos dividido por etiquetas: izquierda, derecha, centro, liberales, conservadores, feministas, cristianos, progresistas, ultraconservadores. Hemos levantado muros internos mientras el adversario consolidaba el poder. Si la oposición está llamada a “tragarse el sapo” de convivir institucionalmente con sandinistas, con mayor razón debe estar dispuesta a convivir, dialogar y coordinarse entre sus propios sectores.

Resulta incoherente exigir amplitud hacia afuera mientras practicamos exclusión hacia adentro. Cada grupo opositor tiene derecho a organizarse según su identidad ideológica. Eso es democracia. Pero la madurez política exige algo más: establecer vasos comunicantes, mecanismos de coordinación, mínimos comunes programáticos y estrategias compartidas.

Aquí cobra fuerza una metáfora poderosa que Jaime Arellano retomó del doctor José Pallais: los distintos sectores de oposición vamos en embarcaciones diferentes. Algunos en canoa, otros en lancha, otros en yate. El problema no es el tipo de embarcación. El problema es que, en vez de remar en la misma dirección, a veces nos golpeamos entre nosotros mismos con los remos. Esa imagen sintetiza el drama opositor: diversidad sin coordinación.

Una transición democrática no requiere uniformidad ideológica. Requiere dirección común. Si el objetivo es recuperar la institucionalidad, garantizar elecciones libres y restablecer el Estado de derecho, entonces el primer “sapo” que debemos tragarnos es el orgullo, el sectarismo y la tentación de la pureza ideológica.

Porque si no somos capaces de coordinar entre quienes ya estamos contra la dictadura, difícilmente podremos liderar un proceso nacional incluyente cuando esta termine.

En definitiva, la transición nicaragüense exige madurez política, pragmatismo y unidad. Tragarse el sapo es duro, pero es la única forma de garantizar que la nueva Nicaragua sea democrática, incluyente y libre de la lógica de absolutismo que hemos padecido durante décadas, para dar paso a una nueva Nicaragua que proteja los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar que nadie quede fuera del Estado de derecho por su mera afiliación política.