Nicaragua: El apagón digital que sepulta la libertad

El 6 de noviembre de 2025 marca un antes y un después en la historia de Nicaragua. Este día entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes (Ley 1223), o como la he llamado: “Ley Mordaza 2.0”, que otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) poderes absolutos para controlar el ecosistema digital y las telecomunicaciones. Lo que la Dictadura Sandinista presenta como “modernización” es, en realidad, la consolidación de un Estado policial digital, diseñado para silenciar voces críticas y eliminar cualquier espacio de libertad en línea.

La ley obliga a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de internet a entregar información detallada, exacta y georreferenciada sobre sus usuarios, incluyendo datos personales, metadatos, historial de navegación y ubicación, sin necesidad de orden judicial. Además, faculta a Telcor para realizar auditorías con fuerza pública, imponer licencias a creadores digitales y controlar la importación de dispositivos tecnológicos. En otras palabras, el régimen podrá vigilar llamadas, mensajes, correos electrónicos y actividades en redes sociales con total discrecionalidad.

Este no es un hecho aislado, desde 2018, tras las protestas masivas contra la dictadura, Ortega y Murillo han intensificado su ofensiva contra la libertad de expresión. Más de 60 medios de comunicación han sido clausurados, y en 2025 se registró el bloqueo de los sitios web de La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y Onda Local, mediante la manipulación de dominios administrados por la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Esta acción viola normas internacionales como las establecidas por ICANN y confirma que el control digital es parte de una estrategia sistemática para imponer la desinformación y el silencio absoluto.

El impacto humano es devastador. Según informes de la CIDH y Reporteros Sin Fronteras, 289 periodistas han huido del país desde 2018, y solo en 2024, 46 comunicadores abandonaron Nicaragua por amenazas de cárcel, persecución o desaparición. En el primer cuatrimestre de 2025, al menos 13 personas vinculadas a medios fueron encarceladas, tres de ellas en condición de desaparición forzada. El periodismo independiente dentro del país prácticamente ha desaparecido, convertido en una actividad criminalizada y clandestina.

Pero el cierre del espacio digital no se sostiene únicamente con leyes represivas. El régimen ha tejido una red internacional de cooperación para perfeccionar su aparato de vigilancia. Rusia y China entrenan cada año a 900 policías nicaragüenses en inteligencia, cibercrimen y videovigilancia: 400 viajan a China para capacitarse en técnicas de control digital y uso de inteligencia artificial, mientras que 500 se forman en Rusia en contrainteligencia y espionaje. Además, Irán aporta conocimientos en control de información y tecnologías para restringir la libertad digital. Estos entrenamientos se complementan con acuerdos bilaterales que incluyen la transferencia de tecnología de espionaje y la instalación de sistemas de monitoreo en tiempo real.

En abril de 2025, Telcor firmó un memorándum con la empresa rusa Rostelecom Solar, sancionada por Estados Unidos, para fortalecer la ciberseguridad estatal. Este acuerdo, lejos de proteger a los ciudadanos, amplía la capacidad del régimen para interceptar comunicaciones y controlar redes sociales, replicando modelos autoritarios aplicados en Moscú y Pekín. Nicaragua se ha convertido, según estudios internacionales, en “el centro más visible de la vigilancia rusa en Latinoamérica”, con acceso a tecnologías que permiten monitorear datos militares, policiales y financieros, y que consolidan la dependencia del país hacia potencias que comparten la lógica del control totalitario.

Las consecuencias son claras: Nicaragua avanza hacia un modelo similar al de Corea del Norte, donde el Estado controla cada interacción digital y elimina cualquier posibilidad de comunicación libre. El apagón informativo no solo afecta a periodistas y opositores; impacta a toda la ciudadanía, que queda expuesta a un sistema de vigilancia que amenaza la seguridad, la vida privada y el futuro democrático del país. Defender el espacio digital hoy es defender la democracia misma.