Fin del CAFTA: Ortega apuesta por China aunque destruya la economía nacional

La noticia que domina la agenda —y que marcará la discusión en las próximas semanas— es la decisión de Estados Unidos de poner en revisión los beneficios que Nicaragua recibe bajo el CAFTA-DR.

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) concluyó que las políticas del régimen son “irrazonables” y constituyen una carga para el comercio estadounidense. Washington propone, entre otras medidas, la suspensión del CAFTA o aranceles de hasta el 100%.

Son sanciones severas: suspender a Nicaragua del tratado CAFTA-DR, o imponer aranceles del 100 % a las exportaciones nicaragüenses.
Es la medida más dura que Washington ha considerado contra Managua en casi veinte años de relación comercial.

Veamos los argumentos que sustentan esta decisión.

Primero: violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos.

El informe de la USTR señala que el régimen de Ortega ha eliminado los derechos sindicales, ha encarcelado o exiliado a líderes obreros, y ha suprimido la negociación colectiva en las zonas francas.
Estados Unidos cita informes de la OIT, de la ONU y de organizaciones de derechos humanos que documentan trabajo forzado, represión política y el uso del aparato estatal para castigar a quienes piensan distinto.

En otras palabras: el gobierno nicaragüense destruyó las condiciones básicas que el propio CAFTA exige a sus miembros.

⚖️ Segundo: el desmantelamiento del Estado de derecho.

Washington acusa a Managua de confiscar propiedades privadas, manipular el sistema judicial, y violar los compromisos de seguridad jurídica que protegen la inversión extranjera.
Estas prácticas —dice el informe— “no solo violan derechos fundamentales, sino que distorsionan la competencia y crean un entorno hostil para las empresas estadounidenses”.

Bajo la ley comercial norteamericana, la Sección 301 de la Trade Act de 1974, la USTR puede actuar cuando un país realiza actos “injustificables” que “cargan o restringen” el comercio de Estados Unidos.
Y Nicaragua, según el documento, cumple exactamente esas condiciones.

💼 Tercero: competencia desleal y efectos directos sobre el comercio.

El gobierno estadounidense sostiene que las violaciones laborales y la falta de transparencia institucional alteran las reglas del mercado.
Mientras los empresarios norteamericanos cumplen normas estrictas de derechos humanos y laborales, el régimen nicaragüense usa la represión para mantener bajos salarios y eliminar sindicatos, creando una ventaja artificial e injusta frente a las empresas competidoras.

Por eso, la USTR considera que las prácticas del régimen no solo afectan a Nicaragua: también dañan a la economía estadounidense y al equilibrio del comercio regional.

El informe concluye que hay cuatro opciones sobre la mesa:

1. Suspender todos los beneficios del CAFTA-DR para Nicaragua.

2. Reducirlos parcialmente.

3. Imponer aranceles de hasta el 100 %.

4. Aplicarlos de manera selectiva, sector por sector.

El proceso de consulta pública estará abierto hasta el 19 de noviembre, antes de que el presidente Donald Trump adopte la decisión final.

Y el trasfondo político y económico.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua.
Más del 35 % de nuestras exportaciones van hacia ese país. Sin contar las zonas francas, fácilmente se alcanza el 50 %.
En los últimos años, el CAFTA ha permitido vender a precios preferenciales miles de millones de dólares en productos como oro, carne, café, azúcar y tabaco, generando cientos de miles de empleos en el sector formal.

Sin embargo, el régimen de Ortega y Murillo parece decidido a apostar por China, aunque eso signifique perder el CAFTA y pagar aranceles del 100 %.
Ha firmado acuerdos políticos y comerciales con Pekín, convencido de que esa alianza puede sustituir a Washington.

Pero la realidad es otra: ningún mercado sustituye al estadounidense en volumen, divisas ni estabilidad.
Romper ese vínculo sería un suicidio económico.

Y lo más grave: el régimen parece dispuesto a quemar el país con tal de seguir reinando sobre las cenizas.

Ante este escenario, la empresa privada, los demócratas nicaragüenses y las organizaciones democráticas deben actuar con responsabilidad y coordinación.
No es momento de contradicciones ni de luchas internas.
Se requiere una respuesta técnica, unificada y bien argumentada antes del 19 de noviembre.

Porque si el régimen se aferra al poder destruyendo la economía, alguien debe defender el futuro de Nicaragua con inteligencia, unidad y propuestas claras.

Recordemos cómo se llegó hasta aquí.
Cuando el tratado se discutió en Nicaragua, en la época del gobierno de Enrique Bolaños, los sandinistas —el FSLN— se opusieron con fuerza.
Hicieron marchas, protestas masivas, y su bancada parlamentaria votó en contra de la ratificación. En pleno 2005 hubo grandes movilizaciones y un intenso debate público en el que el FSLN alertó sobre los riesgos del acuerdo.

¿Cuáles eran sus argumentos entonces?
Los opositores al CAFTA advertían que el tratado:
— Acentuaría la liberalización en sectores sensibles;
— Desprotegería a pequeños agricultores y productores locales;
— Abriría la puerta a empresas extranjeras que desplazarían la producción nacional;
— Y, en última instancia, socavaría la soberanía económica del país.

Estas críticas se mezclaron con demandas sociales —movilizaciones, huelgas y llamados a proteger mercados locales— que dominaron la protesta pública.

Prácticamente todo lo que está pasando hoy con el entreguismo a China: venta del territorio, explotación de recursos y afectación de empresas nicaragüenses para beneficiar a la familia y mafia asociada al negocio con los chinos.

Pero la historia económica desmintió al sandinismo.
A pesar de la oposición, el CAFTA fue ratificado y aplicado. Desde entonces, Nicaragua aumentó sustantivamente su comercio con Estados Unidos.
El mercado norteamericano se convirtió en el principal destino de nuestras exportaciones, llegando a representar más de un tercio del PIB.
Según distintas mediciones, el 39% en 2024 y cerca del 35% en 2025 del total exportado fue hacia EE. UU., cifras que confirman la dependencia comercial con Washington.

Ese flujo comercial no fue simbólico: se vendieron productos a precios preferenciales, se atrajo inversión y se generaron empleos formales en zonas francas, agroexportación y manufactura.
Para muchas familias, el CAFTA significó sustento directo, contratos, encadenamientos productivos y divisas.
El tratado fue una palanca de desarrollo económico.

Hoy, sin embargo, el régimen sandinista de Ortega y Murillo parece dispuesto a sacrificar al pueblo y su economía a cambio de radicalizarse en favor de intereses chinos, rusos e iraníes.
Managua ha fortalecido la relación con China: acuerdos, compras de equipo y una “asociación estratégica” que crece desde 2023.
En los últimos dos años se han firmado contratos comerciales y de cooperación que no han dado resultados concretos ni satisfactorios.
El Gobierno prefiere ese respaldo político fantasma, aunque implique perder ventajas comerciales con EE. UU.

La pregunta clave es brutal y simple: ¿qué está dispuesto a sacrificar la dictadura para mantenerse en el poder?
La respuesta puede ser dolorosa. Ortega no teme perder el CAFTA ni pagar aranceles del 100% si con eso asegura su continuidad política.
En buen nicaragüense: está dispuesto a quemar al país para reinar sobre sus cenizas.

Las implicaciones concretas son inmediatas y profundas:
— Caída de exportaciones hacia EE. UU. y pérdida de divisas.
— Golpe al empleo formal, especialmente en zonas francas.
— Reducción de inversión extranjera y mayor aislamiento financiero.
— Aumento de pobreza, pérdida de salarios y migración forzada.

Esto nos obliga a una reflexión y respuesta organizada desde el activismo democrático.
Unidad y estrategia en el activismo del exilio.
Las fuerzas democráticas y organizaciones civiles deben concentrar recursos técnicos y políticos en preparar una respuesta sólida antes del 19 de noviembre.
Evitar la dispersión del mensaje es crucial.

Este es el momento para actuar con rigor y unidad de propósitos.
Porque si el régimen sacrifica la prosperidad nacional por su supervivencia, la alternativa democrática debe demostrar que tiene propuestas viables para reconstruir empleo, inversión y confianza internacional.

La decisión de Estados Unidos abre una ventana de presión política —y también una oportunidad para que los sectores democráticos ganen legitimidad internacional—.
Pero para aprovecharla hace falta disciplina, datos y un plan claro, presentado a tiempo y sin contradicciones.

Si los sandinistas reclamaron soberanía y denunciaron el CAFTA en su tiempo, hoy la dictadura practica una soberanía sin pueblo: vende patria de rodillas a los intereses chinos, cambia socios, busca apoyos y pone en riesgo la vida económica de la nación.
Eso no es soberanía, es supervivencia a costa del alimento, trabajo y futuro del pueblo nicaragüense.

Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua.