Aulas en estado de sitio: la izquierda que capturó la academia y el espejo extremo de Nicaragua

La libertad académica no es un adorno para estatutos ni una cortesía que se concede cuando el clima está sereno; es la condición de posibilidad de toda universidad que aspire a formar ciudadanos libres y no militantes obedientes. Implica proteger la investigación, la docencia y el debate del miedo a la sanción política, blindar el mérito frente a la lealtad facciosa y preservar la neutralidad institucional para que la casa de estudios no se convierta en una sucursal del partido de turno. Cuando ese cimiento se resquebraja, la universidad deja de ser un espacio de conocimiento y se degrada en escenografía ideológica.

En el ecosistema global, una parte influyente de la izquierda ha colonizado el campo universitario a través de una hegemonía “blanda” que no necesita decretos para imponer agendas. Cambia los incentivos: sustituye la evaluación por estándares morales fluctuantes, el método por catecismo y el argumento por etiqueta. La sensibilidad del momento se convierte en vara para acreditar cursos, abrir o cerrar líneas de investigación, trazar currículos e, incluso, decidir quién merece hablar y quién debe callar. Crecen los vetos preventivos, se celebran silencios como virtudes cívicas, se promueven pronunciamientos corporativos sobre cualquier controversia pública y, poco a poco, la neutralidad institucional esa viga que sostiene la libertad académica de todos se va al sótano. El resultado es predecible: conformismo arriba, autocensura abajo, y un clima donde muchos jóvenes aprenden a intuir qué hay que decir para pasar sin problemas antes de aprender a pensar por su cuenta.

Nicaragua exhibe el desenlace cuando esa hegemonía deja de operar por presión social y se dicta por decreto. El cierre y la confiscación de la Universidad Centroamericana marcaron un punto de no retorno: revocación de personalidad jurídica, ocupación de bienes y archivos, rebautizo del campus y sometimiento de la vida académica a una administración alineada con el poder político. No fue un relámpago aislado, sino la culminación de una lógica que ya venía expulsando estudiantes, despidiendo docentes, interviniendo instituciones y reescribiendo normas para centralizar finanzas, administración y currículos. La libertad académica, que debería ser un derecho positivo y activo, quedó reducida a una tolerancia condicional, revocable a conveniencia.

El movimiento estudiantil completa el cuadro. En no pocos países se ha vuelto policía del discurso: se prefiere el escrache a la refutación, la lista negra a la lectura atenta, el gesto a la sustancia. En Nicaragua, además, esa función se convirtió en aparato orgánico: se incidió en consejos universitarios y decanaturas, se administraron presupuestos con lógica clientelar, se practicó vigilancia ideológica en pasillos y aulas. Nada de eso se parece a la representación del estudiantado; todo eso sí se parece a una correa de transmisión que interrumpe cualquier pulsión de pluralismo. Cuando la representación muere, la libertad académica deja de ser un protocolo y pasa a ser un problema.

Pero hay un hecho que la propaganda no logra borrar: los jóvenes de abril de 2018 cambiaron el paradigma democrático. Sin padrinazgos, sin recursos, con riesgo personal y en universidades ya acosadas, documentaron abusos, sostuvieron plantones, abrieron corredores de auxilio, tejieron memoria cuando la represión quiso borrarla y recordaron a todos que la universidad no es un inmueble sino una conciencia colectiva. Pagaron un precio alto: expulsiones, cárcel, exilio, negación de títulos y expedientes. Y, aun así, por mérito propio, muchos salieron adelante: revalidaron cursos fuera, consiguieron becas, emprendieron, mantuvieron a sus familias y siguieron estudiando donde pudieron. Son biografías que prueban, con hechos, que la libertad académica no es una consigna de sobremesa, sino la diferencia entre poder labrar un destino y tener que pedir permiso al miedo.

Mientras tanto, una parte de la academia dentro y fuera del país continúa empeñada en revivir el fracaso del sandinismo con actos solemnes, discursos melosos y asignaturas que confunden historia con absolución. Se otorgan tarimas, premios, cátedras y amistades para que quienes ejercieron el poder sin controles se laven la cara en auditorios agradecidos. Esa red de indulgencias no es patrimonio exclusivo de Nicaragua: forma parte de un ecosistema universitario global que ha aprendido a repartirse prestigios como si fueran perdones, a “curar” la reputación con ceremonias y citas cruzadas, mientras ignora a quienes estudiantes y profesores perdieron todo por sostener una idea sencilla: que la universidad pertenece a la verdad y no al poder.

La comparación es incómoda, pero esclarecedora. Fuera de Nicaragua, la influencia ideológica se hace ley sin ley: condiciona concursos, silencia áreas de investigación, convierte la seguridad emocional en excusa para prohibir ideas y usa el lenguaje de la inclusión para expulsar disensos. Dentro de Nicaragua, esa misma lógica se ejecuta con boina y uniforme: se confisca, se cierra, se expulsa, se criminaliza. Lo primero puede corregirse con cultura de debate, reglas claras y valentía de las autoridades para proteger la neutralidad. Lo segundo requiere reparación institucional y garantías fuertes: restituir la autonomía, devolver bienes y archivos, validar títulos y expedientes de los estudiantes desplazados, reabrir puertas a profesores y alumnos que se vieron forzados a marcharse, y asegurar que el aula vuelva a ser un espacio para disentir sin pedir permiso.

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Todo esto gira, en el fondo, alrededor de una palabra que conviene rescatar de los comunicados y devolver a la vida: libertad. Libertad académica para escuchar, para contradecir, para ensayar hipótesis impopulares, para investigar lo que incomoda, para invitar al que piensa distinto sin convertir al invitado en un desafío al orden público. Libertad académica para que los claustros no levanten catecismos con bibliografía, para que el currículo no sea una geografía de lealtades, para que los jóvenes descubran antes que la maniobra el valor del argumento. Libertad académica para que la universidad se equivoque corrigiéndose, en lugar de equivocarse persiguiendo.

La izquierda que capturó la academia global y la que desarmó la universidad nicaragüense comparten una pulsión: subordinar la verdad a la política. La diferencia está en el costo y en el ruido. Cuando la subordinación se hace por presión cultural, el daño se acumula silencioso: se apaga la curiosidad, se instala la ortodoxia, se premia la obediencia. Cuando se hace por decreto, el daño es inmediato: se cierran puertas, se quiebran carreras, se empobrece un país. En ambos casos, la universidad pierde su alma. Y cuando la universidad pierde su alma, la sociedad pierde su brújula.

No nos hagamos los majes: no hay proyecto de país que pueda florecer con aulas en estado de sitio. La universidad que hoy aplaude al poderoso de turno y desdeña a los jóvenes que resistieron por todos, mañana aplaudirá otra liturgia con idéntico fervor y similar ceguera. La única forma de romper ese círculo vicioso es volver al centro: neutralidad institucional, mérito por encima de militancias, protección activa del disenso, reparación a las víctimas y reconocimiento explícito a quienes, desde el exilio o desde la intemperie local, han demostrado que estudiar en libertad no es un privilegio, es un derecho. Si la universidad elige de nuevo la propaganda, el futuro será un decreto; si elige la libertad académica, el futuro volverá a ser una conversación. Y las conversaciones, a diferencia de los decretos, enseñan, corrigen y emancipan.