El peligro de acostumbrarse al horror: presos políticos asesinados en Nicaragua

La reciente muerte del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, tras ser detenido por las fuerzas policiales y entregado sin vida a su familia apenas quince días después, confirma la nueva escalada en la represión siniestra del régimen Ortega-Murillo. Su asesinato en prisión no es solo una tragedia personal: es la muestra de hasta dónde puede llegar una dictadura dispuesta a sostenerse a cualquier costo. Pero también desafía el sentido de humanidad que aún puede existir en Nicaragua. 

Carlos Cárdenas, exfuncionario de la Contraloría General de la República —donde laboró hasta 2016— y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal durante el diálogo nacional de mayo de 2018, había sido detenido ya en dos ocasiones ese año: el 20 de agosto y el 23 de septiembre. Ambos arrestos se produjeron en presencia de su hija menor, y fueron denunciados en su momento por su familia y organizaciones de derechos humanos. 

Este es el segundo caso en menos de una semana en el que un opositor es entregado muerto a su familia, con órdenes explícitas de realizar un entierro inmediato bajo custodia policial, sin ninguna posibilidad de examen médico independiente, como ocurrió con Mauricio Alonso Petri. En paralelo, otros cinco casos similares se han documentado desde 2019, evidenciando un patrón sistemático de represión letal. 

Lo que está en juego no es una cifra: son vidas, familias destruidas, dolor profundo. Carlos Cárdenas era esposo, padre, hijo, hermano. Su muerte deja un vacío irreparable, y su familia vive en las sombras del temor y la vigilancia estatal. Esta tragedia no es un hecho aislado, es una alerta: Normalizar estos asesinatos en prisión sería aceptar que el terror se convierta en la ley cotidiana de Nicaragua.

La muerte de prisioneros políticos en manos del Estado es una violación flagrante a los derechos humanos, y debería indignarnos a todos. Ninguno está exento de ser detenido, silenciado, o incluso asesinado por la dictadura, ni siquiera quienes hoy la apoyan. La erosión del estado de derecho y la consolidación del miedo como mecanismo de control nos empujan a una cárcel moral que destruye el tejido social y civil de Nicaragua.

La dictadura Ortega-Murillo ha convertido a los funcionarios públicos en verdugos o cómplices de asesinato: primero, al utilizar a la Policía como brazo ejecutor de detenciones arbitrarias, secuestros y muertes en prisión; luego, al instrumentalizar al Instituto de Medicina Legal para encubrir tales crímenes. Al impedir autopsias independientes y ordenar entierros exprés bajo custodia policial, el régimen no solo silencia la verdad, sino que corrompe las instituciones que deberían velar por la justicia.

Por ello, es necesario exhortar a cada funcionario público, civil o militar, a reflexionar sobre el costo de su obediencia ciega. La dictadura no es eterna; tarde o temprano caerá. Y cuando eso ocurra, cada quien deberá responder no solo ante la historia, sino también ante la justicia. El futuro profesional, la libertad e incluso el bienestar de sus familias podrían quedar comprometidos si se les señala como responsables —por acción u omisión— de crímenes de lesa humanidad. Ninguna lealtad a un régimen que no respeta ni a sus propios cuadros vale el riesgo de pasar el resto de la vida en prisión por delitos que pudieron evitarse con la dignidad de decir no.

Todos los nicaragüenses debemos adquirir conciencia de que estos secuestros y asesinatos por parte de los órganos de seguridad de la tiranía Ortega Murillo no son simples números o nombres sin rostros. Se trata de personas, como usted que está leyendo, de historias interrumpidas, de hogares destrozados por el luto y el terror. Y se trata del deber de cada nicaragüense de no acostumbrarnos, no callar, no permitir que el horror se naturalice en nuestro país. Nicaragua merece dignidad, justicia, y el valor de recordar que cada vida importa.