¿Puede un migrante o asilado criticar el gobierno de Trump?
Criticar al gobierno siendo asilado político en EE.UU. es un derecho constitucional, pero también una decisión que puede implicar riesgos. En esta columna, Max Reynolds analiza obligaciones y tensiones que enfrentan quienes han huido de regímenes autoritarios y ahora se expresan en una democracia como la estadounidense


Max Reynolds
Ser reconocido como asilado político en Estados Unidos es, para muchos, una tabla de salvación. Significa que el gobierno estadounidense ha aceptado que tu vida, tu libertad o tu integridad estaban en peligro en tu país de origen por causas políticas, religiosas, étnicas o ideológicas. Es un reconocimiento al sufrimiento y a la lucha. Pero también es una gran responsabilidad.
Demasiadas veces, en medio del alivio por haber escapado del autoritarismo o la persecución, algunos asilados olvidan que ese estatus no es un cheque en blanco. Tiene condiciones claras. Hay límites que, si se cruzan, pueden tener consecuencias irreversibles. El primero y más sagrado de esos límites es no regresar al país del que huyeron. Quien regresa voluntariamente al territorio donde dijo temer por su vida, envía un mensaje claro a las autoridades migratorias: que el peligro ya no existe, o peor, que quizás nunca existió.
En otras palabras, se arriesga a perder el asilo. Y no es un tema teórico: hay precedentes reales de personas a quienes se les ha revocado su protección por regresar, aunque sea temporalmente, a su país. En segundo lugar, un asilado no puede viajar libremente fuera de Estados Unidos sin autorización previa. Si desea hacerlo, debe solicitar un Refugee Travel Document. Utilizar el pasaporte del país que lo persiguió puede poner en duda la veracidad de su solicitud de asilo y abrir la puerta a la revocación del estatus.
Tampoco puede permitirse cometer delitos. Esto puede sonar obvio, pero hay que subrayarlo: ciertos delitos graves pueden llevar no solo a la cárcel, sino también a la pérdida del asilo y a la deportación. El asilo no es un escudo frente a la justicia penal estadounidense. Y hay obligaciones que a veces se descuidan por ignorancia: todo asilado debe notificar su cambio de dirección a USCIS en un plazo no mayor a diez días. No hacerlo puede parecer un error menor, pero en el sistema migratorio estadounidense, incluso esos detalles cuentan.
También es esencial actuar con honestidad. Mentir en el proceso de asilo, presentar documentos falsos o incurrir en fraude puede llevar a la revocación inmediata del estatus y abrir procesos legales. Finalmente, hay una línea roja que ningún asilado debe cruzar: participar en actividades que atenten contra la seguridad de EE. UU. Apoyar causas violentas, grupos armados o actividades subversivas en territorio estadounidense es un suicidio legal y político.
Ahora bien, una pregunta legítima que algunos se hacen es: ¿Puede un asilado político criticar públicamente al gobierno de Estados Unidos o participar en protestas y manifestaciones? La respuesta, con base en los principios constitucionales de este país, es sí. Los asilados tienen derecho a la libertad de expresión, como cualquier otra persona dentro del territorio estadounidense.
Es perfectamente legal —y saludable en una democracia— que expresen sus opiniones en redes sociales, participen en marchas pacíficas, o incluso critiquen las políticas migratorias o exteriores del gobierno actual. Pero esa libertad también está sujeta a un factor que muchos prefieren ignorar: la tolerancia del gobierno de turno. En un país donde las instituciones funcionan, esa protección debería ser intocable.
Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que eso depende, en parte, del talante del presidente de turno. Donald Trump, por ejemplo, no ha mostrado mucha tolerancia a la crítica, y mucho menos si viene de personas que no son ciudadanos estadounidenses. Para él, muchos asilados y migrantes en general son “invasores” que no deberían estar aquí. Entonces, ¿se puede ser asilado y criticar a Trump? Sí, se puede. Es un derecho constitucional. Pero no siempre es bien visto, ni mucho menos seguro desde el punto de vista político y migratorio.
Quien lo hace debe saber que está ejerciendo un derecho que, aunque legalmente garantizado, puede incomodar a sectores del poder, y que existe el riesgo de ser etiquetado como “mal agradecido”, “enemigo” o incluso como una amenaza. Eso no significa que haya que callar. Significa que hay que hablar con claridad, con valentía, pero también con estrategia.
Porque en un clima polarizado, donde las decisiones migratorias pueden estar impregnadas de ideología, la línea entre la libertad y la represalia puede volverse muy delgada. Estados Unidos ofrece libertad, pero también exige responsabilidad. El asilo es un acto de generosidad de un país que ha decidido darte una nueva oportunidad. Honrar ese gesto empieza por conocer las reglas y cumplirlas. Porque quien olvida por qué fue asilado y cómo llegó hasta aquí, corre el riesgo de perderlo todo otra vez.
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