Yaritza Mairena: Abril, llama de libertad en Nicaragua
La unidad opositora en Nicaragua no puede seguir siendo un discurso vacío. En este análisis, Yaritzha R. Mairena —ex prisionera política y activista por los derechos humanos— plantea una hoja de ruta para una transición real: sin pactos con el régimen, sin elecciones controladas y con justicia como principio innegociable.


Yaritza Mairena
La unidad de la oposición no debe ser un concepto abstracto ni un simple llamado a la cohesión, sino un proceso político estructurado, basado en diálogos estratégicos sobre puntos clave que permitan generar una correlación de fuerzas favorable para el desmontaje del régimen.
La eficacia de este proceso dependerá de nuestra capacidad para definir objetivos claros, acciones concretas y mecanismos que permitan traducir la incidencia en presión real contra la dictadura. Para ello, es indispensable entender que Abril ha simbolizado una oportunidad única en la historia de nuestro país por su lucha no violenta, que provoca el despertar de la conciencia colectiva, rompe con el miedo impuesto durante décadas y abre el horizonte hacia una nueva forma de participación ciudadana basada en la dignidad, la justicia y la esperanza de una Nicaragua verdaderamente libre.
Es esa ruptura que representa Abril, el momento de cambiar la historia de caudillismos y de verticalidades justificadas por el clasismo imperante, que no permite el desarrollo de nuevos liderazgos. Es hora de que la clase política sustraiga y erradique de su psique la idea de esa revolución perdida que nunca dejó decidir al pueblo, pues como bien decía un querido amigo mío que se autodenomina sandinista: “Nosotros éramos autoritarios porque no había otra forma de ganar una guerra”.
Abril representa la ruptura de esos viejos paradigmas y proclama una nación libre que nace de una lucha cívica y pacífica, y que desde lo autoconvocado reivindica el papel de la ciudadanía activa en la defensa de sus derechos, dueña de su destino y capaz de decidir y elegir a liderazgos éticos que conduzcan una reconstrucción del Estado para atender las causas estructurales de la inequidad y la pobreza imperante.
Este es el verdadero desafío del diálogo intergeneracional —que tanta falta nos hace—, pero que será difícil de iniciar sin una disposición de la antigua clase política y de los políticos adultos más cercanos a esta generación joven (que aún mantienen los resabios de aquella revolución armada) de reconocer que tanto el sandinismo como la política de pactos entre élites ya no tienen cabida en la refundación de una nueva república que germinará de nuestro abril.
Construcción de una nueva correlación de fuerzas
Otro de los desafíos centrales de la oposición nicaragüense es trascender el nivel actual de lucha y establecer una estrategia que simplifique la discusión sobre la salida del régimen y las acciones que permitan debilitarlo. Esto implica un análisis integral sobre los pilares de sustentación de la dictadura y la identificación de mecanismos para su colapso y desmantelamiento.
Es fundamental desarrollar estrategias que golpeen los núcleos de poder del régimen, deslegitimando y debilitando a las élites corruptas dentro del Ejército y el empresariado, generando fracturas internas mediante presión interna y externa. Asimismo, es necesario reducir el financiamiento internacional que sostiene la estructura del régimen, afectando sus redes de lavado de dinero, corrupción y acceso a recursos estratégicos.
De igual forma, exponer los vínculos entre ciertos sectores empresariales y la dictadura permitirá visibilizar la complicidad del sector privado en la perpetuación del sistema autoritario, lo que generará presión sobre estos actores para que cesen su colaboración.
El fortalecimiento de la organización y las redes de activismo interno es otro aspecto esencial. La lucha dentro del país debe continuar mediante mecanismos seguros de comunicación, movilización y articulación que permitan la resistencia y la construcción de una alternativa política real. La consolidación de una red interna de activistas capaces de operar bajo condiciones adversas será clave para mantener la presión constante sobre el régimen y evitar que la represión logre desmovilizar a la sociedad.
Incidencia internacional con objetivos estratégicos
La incidencia internacional no puede limitarse a la simple denuncia de violaciones a los derechos humanos. Aunque esta es una herramienta fundamental, la denuncia en sí misma no es un fin, sino un medio dentro de una estrategia política que debe generar impactos concretos en el régimen.
Es por ello que la oposición debe establecer alianzas internacionales con objetivos claros, de modo que la comunidad internacional sea presionada para que sus acciones sean efectivas y generen un impacto real en la estructura del régimen. En este sentido, es fundamental que las sanciones impuestas sean diseñadas de manera estratégica para afectar los flujos financieros que permiten la supervivencia de la dictadura, evitando sanciones generales que solo agravan la crisis económica sin desarticular el poder del régimen.
Es realmente peligroso e inaudito que las sanciones se establezcan de manera unilateral por parte de los Estados demócratas, sin la guía estratégica de la oposición.
Evitar el pragmatismo resignado y la cooptación del proceso de transición
Uno de los mayores riesgos en cualquier escenario de transición es que el pragmatismo resignado lleve a la oposición a pactar con el régimen bajo condiciones que le permitan mantener el poder militar, económico y político, lo que resultaría en una falsa transición que solo garantizaría la continuidad de la dictadura bajo nuevas formas.
Para evitar este escenario, es imprescindible que la oposición no acepte pactos que dejen intacto el control del régimen sobre las estructuras de poder. Un acuerdo que permita a la cúpula del FSLN conservar el dominio de las fuerzas armadas y la economía solo garantizaría que la represión y el autoritarismo se mantengan, aunque con una nueva fachada política.
Del mismo modo, las negociaciones que prioricen el retorno al país sin garantías reales de seguridad para los opositores y sin cambios estructurales en el sistema de poder, pondrían en grave riesgo a liderazgos comprometidos y debilitarían a la oposición.
Ante esta situación, la oposición debe consolidar una alternativa de gobierno creíble y legítima, capaz de liderar una transición real y sostenible. Es fundamental que los actores opositores comprendan que cualquier estrategia de transición debe contemplar no solo la salida de Ortega, sino también el desmantelamiento de las estructuras de poder que sostienen la dictadura.
Unidad y elecciones: construcción de un consenso estratégico
El uso de las elecciones como mecanismo de legitimación ha sido una de las estrategias más efectivas del régimen de Daniel Ortega. Participar en comicios organizados bajo su control significa aceptar reglas de juego que garantizan no solo su continuidad, sino también la perpetuación de su influencia sobre las principales estructuras del Estado.
El Frente Sandinista no solo mantiene el control del Consejo Supremo Electoral (CSE), sino que también ha consolidado su dominio sobre el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y las fuerzas de seguridad. Bajo este esquema, cualquier proceso electoral que se realice sin desmontar previamente estos mecanismos de control, resultará en una transición superficial que permitirá al régimen conservar su poder real tras una aparente renovación institucional.
Es crucial entender que el problema no son las elecciones en sí mismas, sino las condiciones en las que se realicen. La oposición no debería rechazar la vía electoral como principio democrático, sino oponerse a unas elecciones bajo los términos del Frente Sandinista, en un terreno diseñado para preservar su hegemonía.
Un proceso electoral en el que la dictadura mantenga su estructura militar, policial y paramilitar intacta, junto con su dominio sobre el aparato judicial y legislativo, no representa una salida real a la crisis.
En este escenario, la oposición quedaría reducida a una función simbólica dentro de un sistema que seguiría operando bajo el control del FSLN, tal como ocurre actualmente con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que juega el rol de oposición funcional sin desafiar la arquitectura del poder sandinista.
Por lo tanto, cualquier discusión sobre la vía electoral debe partir de la premisa de que no puede haber elecciones libres sin un desmantelamiento previo de los mecanismos que sostienen la dictadura. Antes de considerar un proceso electoral, la oposición debe establecer condiciones mínimas e innegociables.
El reto de la oposición no es solo definir si participará o no en elecciones futuras, sino diseñar una estrategia que garantice que cualquier proceso electoral contribuya al desmantelamiento del régimen en lugar de consolidarlo. La prioridad debe ser la construcción de una correlación de fuerzas que haga posible una transición real y no una simple alternancia superficial dentro del mismo sistema autoritario.
Justicia y transición: un compromiso innegociable
Pactar con el Frente Sandinista para garantizar su inmunidad a cambio del retorno de la oposición al país, la celebración de elecciones o la posibilidad de influir en reformas estructurales futuras, no es una estrategia viable. Este tipo de acuerdos solo prolongan el sufrimiento del pueblo y allanan el camino para una nueva crisis política, tal como ocurrió con la imposición de la paz en los años 90. La impunidad no resuelve conflictos, solo los posterga.
Es fundamental que la oposición comprenda que la justicia no es solo un acto de reparación para las víctimas, sino un asunto de Estado que debe garantizar la no repetición de los ciclos de autoritarismo. Hablar de justicia implica comprometerse con un proceso que no solo contemple aspectos sociales, sino también una transformación política profunda.
Sin una justicia que enfrente el caudillismo, el autoritarismo y la corrupción que perpetúan estos ciclos de violencia, la salida de la dictadura solo será un cambio superficial.
La ética y la moral de los liderazgos políticos son esenciales en este proceso. La justicia plena no puede estar sujeta a cálculos pragmáticos ni a negociaciones que perpetúen las estructuras de poder del Frente Sandinista.
Garantizar la no repetición de regímenes autoritarios requiere un liderazgo que no solo promueva reformas institucionales, sino que asuma la responsabilidad de desmantelar los mecanismos de control y represión que sostienen a la dictadura.
La única forma de una transición real es estableciendo una justicia que no solo sancione los crímenes del pasado, sino que transforme el sistema que los hizo posibles. No puede haber estabilidad sin justicia, y no puede haber justicia sin una voluntad política clara para romper con el modelo de impunidad que ha definido la historia reciente de Nicaragua.
Unidad para la transformación
La unidad de la oposición no puede reducirse a un simple acuerdo de actores políticos; debe traducirse en una estrategia de lucha integral que permita construir una correlación de fuerzas capaz de enfrentar y derrotar al régimen.
No podemos permitir que la resignación nos lleve a una transición falsa donde el régimen mantenga el control del poder. La unidad debe estar al servicio de la transformación, no de la cooptación del proceso de cambio.
Es imperativo para ello un diálogo intergeneracional que nos lleve a acuerdos claros y una estrategia coordinada. Abril no puede ser pasado por alto debido a intereses individuales, viejas rencillas o diferencias entre personas.
Está en las manos de esta oposición no desaprovechar esta oportunidad única, de cambiar la cultura política y trascender a una nación próspera, verdaderamente libre y democrática en su plenitud.
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