Red que operaba desde Nicaragua robó USD 36 millones a más de 400 ancianos en EEUU

Estados Unidos desarticuló una sofisticada organización transnacional que robó más de 36 millones de dólares a más de 400 estadounidenses, principalmente adultos mayores, mediante falsas promesas de indemnizaciones y recuperación de dinero.

Una de las organizadoras del esquema, Juliet Mora, de 42 años y residente en Nicaragua, se declaró culpable el 14 de septiembre de conspiración para cometer lavado de dinero, informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de California.

Mora, quien anteriormente vivió en Hayward, California, se incorporó a la operación en agosto de 2021. Posteriormente se trasladó a Nicaragua, desde donde coordinó a integrantes de la red establecidos en Estados Unidos.

La organización actuaba desde territorio estadounidense y varios países de América Latina. Sus integrantes se hacían pasar por abogados y contactaban a propietarios de tiempos compartidos y personas que ya habían sufrido otros fraudes.

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Los estafadores les aseguraban que tenían derecho a recibir restituciones u otros pagos. Para reforzar el engaño, enviaban acuerdos falsos de representación legal y de confidencialidad.

Las víctimas, convencidas de que hablaban con abogados legítimos, firmaban los documentos y pagaban supuestos honorarios. La red les indicaba que enviaran cheques o transferencias bancarias a empresas fachada controladas por cómplices en Estados Unidos.

Mora recibió más de USD 1,5 millones

Los documentos judiciales indican que Mora mantuvo empresas fachada y recibió más de 1,5 millones de dólares procedentes de las víctimas.

Los investigadores también rastrearon directamente más de 2,7 millones de dólares robados hasta cuentas controladas por ella.

La Fiscalía sostiene que Mora mintió a los bancos para ocultar la naturaleza y el origen de los fondos. Además, abrió o reabrió cuentas bancarias después de que algunas entidades financieras las cerraran por actividades sospechosas.

En varias ocasiones depositó directamente el dinero de las víctimas en la cuenta bancaria de una de sus empresas fachada.

Después de trasladarse a Nicaragua, Mora asumió funciones de organización dentro del esquema. Desde el país centroamericano instruía a los cómplices radicados en Estados Unidos para que recibieran y transfirieran el dinero, constituyeran empresas fachada y prepararan documentos legales falsos.

También utilizó cuentas de correo electrónico atribuidas a supuestos asistentes legales para comunicarse directamente con las víctimas.

Las autoridades arrestaron a Mora en diciembre de 2025, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Logan de Boston en un vuelo procedente de Ciudad de Panamá. La detención ocurrió después de que una segunda acusación sustitutiva incluyera cargos en su contra.

Un implicado fue capturado en Managua

El vínculo del caso con Nicaragua también incluye a Marlón Solís Bonilla, a quien las autoridades estadounidenses identificaron como uno de los principales investigados.

Las autoridades nicaragüenses lo arrestaron en julio de 2025, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Posteriormente, lo entregaron bajo custodia estadounidense y agentes del FBI lo escoltaron desde Managua hasta Houston, Texas. El comunicado oficial describe el procedimiento como una transferencia de custodia, no como una extradición formal.

En octubre de 2025, los investigadores arrestaron a otros 15 acusados en cuatro estados de Estados Unidos y confiscaron más de 2,1 millones de dólares pertenecientes a las víctimas. Sin embargo, algunos sospechosos escaparon hacia México y países de Centroamérica.

En agosto de 2026, las autoridades mexicanas capturaron en Guadalajara a Julián Jauregui, Sergio Jauregui y Eduardo Navarro. Los tres quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración de México, que procesó su deportación y posterior traslado a Estados Unidos.

La operación contó con la coordinación del FBI en Ciudad de México, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Otros tres acusados permanecen prófugos.

Podría recibir hasta 20 años de prisión

La jueza federal Jennifer L. Thurston programó la sentencia de Mora para el 14 de diciembre de 2026.

La acusada enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares, o el doble de la cantidad lavada, si ese monto resulta mayor. El tribunal determinará la condena definitiva después de evaluar las circunstancias del caso y las directrices federales de sentencia.

El FBI, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Policía de Bakersfield encabezaron la investigación, con apoyo del Servicio de Inspección Postal y el Departamento de Policía de Truckee.

Los fiscales federales Cody S. Chapple y Arelis M. Clemente están a cargo del proceso.

El caso aparece en medio de un fuerte aumento de los delitos financieros contra adultos mayores en Estados Unidos. Durante 2025, el FBI recibió más de 201.000 denuncias de personas mayores de 60 años, con pérdidas superiores a 7.700 millones de dólares, un incremento del 59% frente al año anterior.