Denuncian ante la CIDH nueva escalada de desapariciones forzadas en Nicaragua

Las organizaciones Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perfeccionado su aparato represivo mediante la consolidación de un patrón de desapariciones forzadas, prisión política, torturas, confiscaciones y persecución contra familiares de las víctimas, prácticas que, según afirmaron, se han profundizado desde las protestas de abril de 2018. 

Durante una audiencia ante el organismo interamericano, representantes de ambas organizaciones describieron cómo la represión estatal ha evolucionado durante los últimos ocho años. Claudia Pineda, de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, afirmó que desde 2018 se ha documentado un patrón sostenido de detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías, torturas y eliminación de cualquier mecanismo efectivo de defensa legal. Según expuso, entre 2018 y 2023 se registraron al menos 2,090 detenciones por motivos políticos y actualmente al menos 60 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, de las cuales 22 continúan desaparecidas forzosamente. 

Pineda explicó que los delitos utilizados para encarcelar opositores han cambiado conforme al contexto político. Inicialmente se recurrió a acusaciones de terrorismo, crimen organizado, asesinato y tenencia de armas para vincular la protesta social con hechos violentos. Posteriormente comenzaron a utilizarse delitos comunes, mientras que desde el contexto electoral de 2021 la Fiscalía empezó a imputar cargos como menoscabo a la integridad nacional, lavado de activos y divulgación de noticias falsas contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Desde 2023, señaló, el régimen combina acusaciones políticas, comunes y de terrorismo para mantener encarceladas a las personas críticas al Gobierno. 

La representante también denunció que las condiciones de detención constituyen formas de tortura. Recordó que entre 2018 y 2019 predominaban las agresiones físicas, incluyendo descargas eléctricas, golpes, simulacros de ahogamiento, extracción de uñas y violencia sexual. Sin embargo, aseguró que posteriormente el régimen sustituyó esos métodos por un sistema de aislamiento prolongado, incomunicación, falta de atención médica, reducción de alimentos y privación del acceso al patio o al sol, prácticas que afectan especialmente a los presos políticos considerados de mayor perfil. 

Asimismo, denunció que la prisión política ahora está acompañada de confiscaciones patrimoniales. Según indicó, el régimen utiliza la figura del decomiso para apropiarse de propiedades sin compensación alguna, incluso cuando no guardan relación con los supuestos delitos imputados, convirtiendo las confiscaciones en un mecanismo adicional de castigo contra las víctimas y sus familias. 

Desapariciones forzadas se prolongan durante toda la detención

Por su parte, Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostuvo que la desaparición forzada ha sufrido una transformación particularmente grave desde finales de 2023. Explicó que anteriormente el ocultamiento del paradero ocurría durante los primeros días o semanas de la detención, pero actualmente las autoridades mantienen desaparecidas a muchas personas prácticamente durante todo el período de privación de libertad. La organización documenta al menos 39 casos con este patrón. 

Según Valdivia, las autoridades se niegan sistemáticamente a informar a las familias dónde se encuentran los detenidos, cuál es su estado de salud o incluso si permanecen bajo custodia estatal. Relató que los familiares recorren estaciones policiales, cárceles, hospitales, morgues e instituciones públicas sin obtener respuesta alguna sobre el paradero de sus seres queridos. 

El defensor agregó que las organizaciones también han documentado presuntos cobros ilegales de entre mil y quince mil dólares para obtener información sobre personas desaparecidas, además de amenazas y envío de fotografías con aparentes signos de violencia como mecanismos de presión psicológica contra los familiares. 

Valdivia señaló además que el régimen utiliza las llamadas "pruebas de vida" como respuesta a la presión internacional, difundiendo fotografías o videos de algunos detenidos sin permitir contacto directo con sus familias ni acceso de observadores independientes que puedan verificar sus condiciones reales de reclusión. 

Nueve presos políticos han muerto bajo custodia

Durante la audiencia también intervino Salvador Marenco, quien expuso las consecuencias humanas de la prisión política y las desapariciones forzadas. El representante aseguró que entre mayo de 2019 y mayo de 2026 al menos nueve presos políticos fallecieron bajo custodia estatal en contextos marcados por aislamiento, desaparición forzada, falta de atención médica y condiciones que calificó como torturantes. 

Entre los casos mencionó las muertes de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Cepeda, ocurridas en agosto de 2025, así como la del diputado indígena Brooklyn Rivera, fallecido el 30 de mayo de 2026 tras permanecer 971 días en desaparición forzada. Marenco afirmó que, aunque el Estado atribuyó su muerte a causas naturales, organismos internacionales han cuestionado esa versión y consideran que el deterioro físico provocado por el aislamiento y la falta de atención médica fue determinante. 

Las organizaciones alertaron además sobre las consecuencias para las familias de las víctimas. Describieron cuadros de ansiedad, depresión, estrés postraumático, empobrecimiento y desplazamiento forzado derivados de la incertidumbre permanente sobre el paradero de los detenidos. También denunciaron que las autoridades obligan a realizar entierros inmediatos bajo vigilancia policial y que ejercen represalias contra quienes recurren a organismos internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos. 

Exilio, periodistas y religiosos entre las víctimas

Durante la exposición se afirmó que la persecución estatal también ha impulsado el exilio de cientos de miles de nicaragüenses. Según los datos presentados, más de 873,000 personas han abandonado Nicaragua por razones de seguridad desde abril de 2018. A ello se suma el destierro de 357 presos políticos enviados a Estados Unidos y Guatemala, despojados de su nacionalidad y de sus bienes. 

Marenco añadió que la persecución también afecta a periodistas y miembros de la Iglesia católica. Indicó que más de 200 religiosos han sido expulsados, exiliados o impedidos de regresar al país desde 2022, mientras que al menos 310 periodistas se han visto obligados a abandonar Nicaragua debido a la criminalización del ejercicio periodístico, el cierre de medios de comunicación y el riesgo de detención arbitraria. 

Las organizaciones concluyeron que la desaparición forzada ha dejado de dirigirse únicamente contra dirigentes opositores visibles y ahora alcanza a familiares, exfuncionarios, militares retirados, religiosos y ciudadanos sin militancia política, convirtiéndose en un mecanismo de intimidación generalizado destinado a transmitir el mensaje de que cualquier persona puede ser objeto de persecución estatal con total impunidad.