Informe internacional afirma que Ortega convirtió a Nicaragua en un Estado policial donde la libertad religiosa está "al borde de la extinción"

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado Nicaragua en un Estado policial donde la libertad religiosa y las libertades civiles están "al borde de la extinción", según el Global Persecution Index 2026, un informe elaborado por la organización International Christian Concern (ICC). El documento sostiene que la persecución contra la Iglesia católica y otras comunidades cristianas se ha intensificado en los últimos años mediante una estrategia de vigilancia, encarcelamientos, destierros, confiscaciones y control estatal sobre las instituciones religiosas.

El informe dedica un capítulo completo a Nicaragua y afirma que el régimen Ortega-Murillo ha consolidado un aparato de poder que fusiona el Estado, el partido gobernante y la familia presidencial, eliminando progresivamente los contrapesos institucionales. Según el ICC, esa concentración de poder ha convertido a las organizaciones religiosas independientes en uno de los principales objetivos del Gobierno.

En su perfil sobre Daniel Ortega, el documento sostiene que el mandatario, en el poder desde 2007, ha trabajado para consolidar el control absoluto de la Presidencia y "destruir todas las demás fuentes de autoridad, incluida la Iglesia". Añade que las elecciones, los tribunales y la Policía funcionan como instrumentos de lealtad al régimen, mientras que las voces críticas enfrentan exilio, encarcelamiento y silencio forzado.

El ICC señala que la relación entre el régimen y la Iglesia cambió radicalmente después de las protestas de 2018. Según el informe, las iglesias católicas que brindaron refugio a manifestantes fueron consideradas un obstáculo para el Gobierno, desencadenando una campaña de persecución que continúa hasta la actualidad. Desde entonces, afirma que se han confiscado propiedades eclesiásticas, cerrado universidades administradas por instituciones religiosas, retirado la nacionalidad a obispos y sacerdotes prominentes, expulsado organizaciones benéficas y perseguido a líderes religiosos.

El documento sostiene que el régimen considera a las organizaciones religiosas independientes una amenaza para el control político del país debido a la influencia social que ejercen entre la población. Explica que el Ministerio del Interior ha cancelado la personalidad jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales, entre ellas numerosas entidades religiosas, además de confiscar bienes y expulsar o encarcelar a sus dirigentes. También afirma que el Frente Sandinista presenta a los religiosos críticos como amenazas para la seguridad nacional, criminalizando así la expresión de sus creencias y actividades pastorales.

Uno de los señalamientos más contundentes del informe es que "el régimen Ortega-Murillo ha lanzado una ofensiva total contra la Iglesia Católica", a la que describe como una de las pocas instituciones independientes que aún conservan credibilidad y esperanza para amplios sectores de la sociedad nicaragüense. De acuerdo con el ICC, esa condición ha convertido a la Iglesia en un objetivo prioritario de la represión estatal.

El informe identifica diversas formas de persecución. Entre ellas menciona el encarcelamiento y destierro de sacerdotes, religiosas y otros trabajadores vinculados a instituciones de fe; la confiscación o cierre de escuelas, universidades y organizaciones benéficas administradas por iglesias; así como la censura, vigilancia e intimidación permanente contra líderes religiosos y comunidades de creyentes. También asegura que las autoridades buscan controlar los sermones, supervisar las actividades pastorales y monitorear a organizaciones religiosas independientes.

Asimismo, el ICC sostiene que el Gobierno ha desarrollado un sistema de vigilancia que obliga a las comunidades religiosas a informar semanalmente a la Policía sobre sermones, actividades y asistencia a los cultos. Según el documento, agentes estatales supervisan procesiones, servicios religiosos e incluso reuniones privadas, generando un clima de temor entre los fieles y normalizando la intervención del Estado en la vida religiosa.

El informe también denuncia que los arrestos arbitrarios continúan siendo una característica de la persecución religiosa en Nicaragua. Afirma que decenas de presos políticos permanecen encarcelados, incluidos líderes cristianos y personas vinculadas a organizaciones de inspiración religiosa, mientras existen denuncias de torturas destinadas a quebrar su resistencia física y espiritual. Añade que los familiares de los detenidos también son objeto de intimidación y que los religiosos que denuncian abusos corren el riesgo de ser encarcelados.

En sus conclusiones, el Global Persecution Index 2026 advierte que la situación no muestra señales de mejora. Por el contrario, asegura que la represión se ha intensificado mediante una estrategia multinivel dirigida contra comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones educativas. El documento sostiene que el régimen considera la religión un elemento que debe mantenerse bajo estricto control para impedir que represente una fuente alternativa de lealtad o autoridad frente al Estado.

El informe recuerda además que el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a Nicaragua de la Lista Especial de Vigilancia a la categoría de País de Particular Preocupación (Country of Particular Concern, CPC) debido a la gravedad de las violaciones a la libertad religiosa. También cita una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que concluyó que el régimen Ortega-Murillo ha restringido severamente el ejercicio de la libertad religiosa mediante la confiscación de bienes, el despojo de nacionalidad, el exilio forzado de líderes religiosos y otras acciones calificadas como graves abusos contra los derechos humanos.

Como parte de sus recomendaciones, International Christian Concern insta a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra funcionarios nicaragüenses, incluidos Daniel Ortega y Rosario Murillo; acelerar los mecanismos de protección y asilo para religiosos exiliados; apoyar a parroquias y organizaciones de la sociedad civil afectadas por los cierres; fortalecer la documentación y difusión de los casos de persecución religiosa y condicionar la cooperación internacional a avances verificables en materia de libertad religiosa y derechos civiles en Nicaragua.