GREX denuncia confiscación de tierras a familiares de sacerdote desterrado

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua (GREX) denunció una nueva serie de acciones que, según afirma, reflejan la continuidad de la persecución religiosa contra la Iglesia Católica en el país. Entre los casos expuestos destaca la presunta confiscación de tierras pertenecientes a familiares del padre y monseñor Leonardo Urbina, actualmente desterrado y residente en el Vaticano, así como presiones para obligarlos a vender sus propiedades en el departamento de Boaco. 

Las denuncias forman parte de un pronunciamiento público dirigido a creyentes, organizaciones religiosas y a la comunidad internacional, en el que GREX sostiene que la persecución contra la Iglesia Católica no ha disminuido, sino que continúa intensificándose desde 2018.

Según el documento, familiares del sacerdote desterrado han enfrentado medidas que incluyen la confiscación de tierras y presiones para desprenderse de sus propiedades.

"Familiares del Padre y Monseñor Leonardo Urbina, desterrado, actualmente en el Vaticano, han sido víctimas de confiscación de tierras en Boaco", denunció la organización. 

La agrupación aseguró además que uno de los familiares falleció recientemente tras el impacto emocional provocado por la situación.

"Uno de ellos murió del susto, como decimos los nicaragüenses; sus funerales fueron hace quince días", señala el pronunciamiento.

GREX también afirmó que otros integrantes de la familia han sido objeto de presiones para vender sus propiedades.

"Han ofrecido cantidades ridículas de dinero para obligarlos a vender tierra a 'chinos' a precios ridículos", denunció la organización.

El documento agrega que la madre de monseñor Leonardo Urbina se encuentra gravemente afectada de salud debido a las presiones que, según la denuncia, enfrenta la familia.

"La madre de Monseñor Urbina está sumamente enferma producto de estas presiones", señala el texto. 

La denuncia sobre la familia de Urbina forma parte de un informe más amplio en el que GREX expone diversos hechos que considera evidencias de un recrudecimiento de la persecución religiosa en Nicaragua.

Entre ellos menciona la situación del obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, quien, según la organización, fue detenido en dos ocasiones después de celebrar una misa en la que pidió oraciones por la Iglesia perseguida, por los sacerdotes desterrados y por monseñor Rolando Álvarez. Aunque posteriormente fue liberado, GREX sostiene que permanece bajo vigilancia policial permanente en su vivienda de Tisma, Masaya. 

El documento también hace referencia a las detenciones del sacerdote Francisco Morales y del diácono Wilfred Arauz Rodríguez, quienes, según la organización, fueron arrestados tras participar en la misma celebración religiosa y posteriormente liberados, aunque continúan bajo vigilancia y amenazas.

Asimismo, denuncia que el padre Frutos Constantino Valle, administrador de la Diócesis de Estelí, permanece desde hace varios años bajo restricciones que califican como un arresto domiciliario de hecho, sin proceso judicial conocido. 

GREX sostiene además que el control estatal alcanza la actividad cotidiana de las parroquias en todo el país. Según la organización, agentes del régimen vigilan las celebraciones religiosas, supervisan las homilías y restringen la movilidad de sacerdotes y comunidades parroquiales.

"La Iglesia Católica, desde el norte al sur del país, se mantiene en estado de persecución", afirma el pronunciamiento, que también denuncia que muchos casos no son reportados públicamente por temor a nuevas represalias contra sacerdotes, religiosos y laicos. 

En su mensaje, GREX hizo un llamado a la comunidad católica y a los organismos internacionales para mantener la atención sobre la situación de la libertad religiosa en Nicaragua y continuar denunciando las violaciones que, según sostiene, siguen ocurriendo contra la Iglesia.

La organización pidió especialmente que las iglesias, comunidades cristianas y creyentes mantengan sus oraciones por Nicaragua y continúen difundiendo las denuncias sobre la persecución religiosa.

Las denuncias coinciden con un contexto de creciente preocupación por la situación de la Iglesia Católica nicaragüense, marcada en los últimos años por el destierro de obispos y sacerdotes, la cancelación de congregaciones religiosas, restricciones a actividades pastorales, confiscaciones de instituciones eclesiales y procesos judiciales contra miembros del clero.

Hasta el momento de esta publicación, el Gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre las denuncias relacionadas con la presunta confiscación de tierras a familiares de monseñor Leonardo Urbina ni sobre los señalamientos contenidos en el pronunciamiento del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos.