Régimen expulsa universitarios y convierte a un palestino en símbolo educativo

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) presentó recientemente al estudiante palestino Feras Ahmed Maarouf como ejemplo de una educación pública "gratuita y de calidad" que, según la institución, "trasciende fronteras" gracias a la solidaridad entre los pueblos. La historia fue difundida como una muestra del alcance internacional del modelo educativo impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Sin embargo, la campaña institucional contrasta con una realidad ampliamente documentada desde 2018: la transformación del sistema universitario nicaragüense mediante la confiscación de universidades privadas, la eliminación progresiva de la autonomía universitaria, el exilio de docentes, la expulsión de estudiantes críticos y la creciente subordinación de la educación superior al poder político.

Mientras el oficialismo proyecta hacia el exterior la imagen de un país que abre sus aulas a estudiantes extranjeros, miles de jóvenes nicaragüenses han visto desaparecer universidades, cambiar sus centros de estudio o enfrentar nuevas restricciones para acceder y permanecer en carreras como Medicina.

Un estudiante palestino convertido en vitrina del modelo oficial

En su publicación, la UNAN-Managua presenta a Feras Ahmed Maarouf como un joven palestino que encontró en Nicaragua la oportunidad de estudiar Odontología gracias al sistema de educación pública gratuita.

La universidad destaca que el estudiante cursa cuarto año, participa en proyectos de innovación, practica deportes y desarrolla iniciativas de emprendimiento, resaltándolo como ejemplo de la solidaridad internacional que, según la institución, caracteriza al modelo universitario del país. La publicación insiste en conceptos como "educación gratuita y de calidad", "solidaridad entre los pueblos" y "compromiso con el bienestar de la sociedad".

Del movimiento estudiantil a la intervención de las universidades

Antes de la crisis sociopolítica de abril de 2018, las universidades públicas y privadas de Nicaragua gozaban de distintos grados de autonomía administrativa y académica, protegida incluso por la Constitución Política.

Las protestas estudiantiles de ese año marcaron un punto de inflexión. Numerosos universitarios participaron activamente en las manifestaciones contra el Gobierno, especialmente desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y la Universidad Centroamericana (UCA), dos de los principales focos de la movilización estudiantil.

Tras la represión de las protestas, comenzaron las denuncias de expulsiones, persecución contra líderes estudiantiles, despidos de profesores y vigilancia dentro de los campus universitarios.

La desaparición del sistema universitario que existía antes de 2018

Desde 2021, el régimen impulsó una reestructuración sin precedentes de la educación superior. La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de decenas de universidades privadas y posteriormente muchas de ellas fueron confiscadas por el Estado.

Entre las instituciones intervenidas figuran la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Paulo Freire, la Universidad Hispanoamericana, la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC), entre otras.

Las autoridades justificaron estas medidas alegando incumplimientos administrativos y la necesidad de reorganizar el sistema educativo.

Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, académicos y especialistas en educación superior sostienen que las confiscaciones eliminaron uno de los principales pilares de toda universidad: la autonomía académica.

Con las intervenciones estatales también desaparecieron consejos universitarios independientes, cambiaron las autoridades académicas y surgieron nuevas estructuras gubernamentales encargadas de dirigir la educación superior.

Un sistema cada vez más centralizado

La reorganización no solo modificó la propiedad de las universidades. El régimen creó nuevas instancias estatales para controlar la planificación académica, supervisar los programas de estudio y coordinar las políticas universitarias.

Paralelamente, numerosos profesores denunciaron despidos, jubilaciones forzadas, presiones políticas y restricciones para ejercer la libertad de cátedra. Muchos optaron por abandonar Nicaragua. Otros dejaron las aulas tras años de servicio.

La salida de docentes con experiencia también generó preocupación sobre el impacto que podría tener en la calidad de la enseñanza, particularmente en carreras de alta especialización como Medicina.

Las nuevas reglas para estudiar Medicina

La reciente aprobación de la Resolución No. 04-2026 volvió a colocar la educación superior en el centro del debate.

El nuevo reglamento establece requisitos más estrictos para ingresar y permanecer en la carrera de Medicina.

Entre ellos destacan:

• promedio mínimo de 90 puntos;

• evaluaciones psicológicas;

• análisis de conducta;

• valoración del compromiso social;

• criterios relacionados con la identidad cultural y nacional;

• aplicación del sistema denominado "Promoción Limpia".

Bajo este esquema, un estudiante que repruebe una asignatura ya no podrá repetir únicamente esa materia para continuar avanzando, como ocurría anteriormente.

Diversos sectores académicos consideran que las nuevas disposiciones podrían aumentar la exclusión de estudiantes y fortalecer el control institucional sobre una de las carreras más demandadas del país.

La imagen que el régimen quiere mostrar

La historia de Feras Ahmed Maarouf aparece justamente cuando la educación superior atraviesa uno de los momentos de mayor cuestionamiento de las últimas décadas.

Mientras la propaganda oficial habla de solidaridad internacional, innovación y calidad educativa, dentro de Nicaragua continúa el debate sobre el futuro de unas universidades profundamente transformadas desde 2018.

Las campañas institucionales proyectan hacia el exterior una imagen de apertura y cooperación.

Pero esa narrativa convive con un sistema donde desaparecieron universidades privadas históricas, se debilitó la autonomía universitaria, se denunciaron expulsiones de estudiantes y docentes críticos, y la estructura de gobierno de los centros de estudio quedó bajo una creciente influencia estatal.