Católicos exiliados piden al Vaticano no olvidar a la Iglesia perseguida en Nicaragua

Una delegación de católicos nicaragüenses presentó ante diversos organismos de la Santa Sede un informe en el que denuncia la persecución religiosa, el hostigamiento contra la Iglesia Católica y las violaciones a los derechos humanos que, según los firmantes, continúan registrándose en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Las reuniones se realizaron los días 10 y 11 de junio en el Vaticano y contaron con la participación del sacerdote dominico Rafael Aragón y del ex preso político Gabriel Putoy, integrante del Grupo de Excarcelados Políticos (GREX). Ambos entregaron un documento titulado “En busca de un cielo nuevo y de una tierra nueva, donde habite la justicia”, en el que exponen la situación que enfrenta actualmente la Iglesia nicaragüense. 

En la carta dirigida al Santo Padre, los representantes aseguran que numerosos nicaragüenses han sido encarcelados, perseguidos, forzados al exilio e incluso privados de su nacionalidad. Además, denuncian que la Iglesia Católica enfrenta restricciones crecientes para desarrollar sus actividades pastorales y religiosas. 

El documento sostiene que las manifestaciones religiosas fuera de los templos han sido limitadas y que sacerdotes deben informar sobre sus desplazamientos, reuniones y actividades pastorales. También afirma que algunos clérigos han optado por reducir o evitar ciertas prédicas por temor a represalias. 

Los autores del informe vinculan el deterioro de la relación entre el Gobierno y la Iglesia con la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018. Según el texto, la ruptura se profundizó cuando parroquias y templos sirvieron de refugio para manifestantes perseguidos durante las protestas, mientras obispos y sacerdotes asumían un papel activo en la defensa de los derechos humanos y en los esfuerzos de mediación nacional. 

La delegación también denuncia expulsiones de congregaciones religiosas, confiscaciones de bienes e instituciones vinculadas a la Iglesia y restricciones a celebraciones tradicionales profundamente arraigadas en la cultura nicaragüense. Entre los casos mencionados figuran la salida de las Hermanas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y el cierre de diversas obras sociales y pastorales. 

Además, el documento presentado al Vaticano incluye una cronología de la relación entre la Iglesia Católica y el Gobierno sandinista desde 2007 hasta 2026. En ella se describen etapas de acercamiento, tensiones, ruptura y posterior persecución, destacando acontecimientos como la detención de monseñor Rolando Álvarez, la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag, el exilio de sacerdotes y el cierre de medios de comunicación católicos. 

Según las cifras recopiladas en el informe, más de 310 religiosos habrían sido expulsados o impedidos de ingresar al país, más de 1,294 organizaciones religiosas sin fines de lucro han sido clausuradas y al menos 37 propiedades de la Iglesia Católica han sido confiscadas. Asimismo, se reporta el cierre de medios católicos, bloqueos de cuentas bancarias y vigilancia constante sobre sacerdotes. 

En la parte final del documento, los firmantes solicitan al Vaticano mantener una voz activa frente a la situación de Nicaragua y no olvidar a figuras como monseñor Rolando Álvarez y monseñor Silvio José Báez, a quienes consideran símbolos de resistencia y acompañamiento espiritual para miles de fieles dentro y fuera del país. 

La delegación también pidió a la Santa Sede que fortalezca los espacios de diálogo con los católicos nicaragüenses y que continúe acompañando a quienes viven el exilio, la persecución o las consecuencias de la crisis política que atraviesa Nicaragua.