Suspensión indefinida de licencias por conducir ebrio: ¿la medida también se aplicará a simpatizantes del régimen?

La dictadura Ortega-Murillo a través de la Policía anunció un endurecimiento de las sanciones contra conductores encontrados manejando bajo los efectos del alcohol, incluyendo la suspensión indefinida de licencias, detenciones de hasta 72 horas y la retención de vehículos. Pero más allá de la severidad de las medidas, una pregunta comienza a surgir entre los nicaragüenses: ¿estas sanciones serán aplicadas sin distinción o existirán excepciones para simpatizantes y estructuras afines al régimen?

La interrogante cobra relevancia en un contexto donde organismos internacionales han cuestionado reiteradamente la falta de independencia institucional en Nicaragua y el uso selectivo de leyes y regulaciones contra determinados sectores de la población, particularmente opositores, críticos del Gobierno y ciudadanos considerados desafectos al oficialismo.

Según declaraciones brindadas a La Prensa por una fuente de la Policía Nacional, la orientación fue transmitida desde el pasado 25 de mayo a todos los jefes de tránsito del país. Posteriormente, la Alcaldía de Masaya confirmó públicamente la disposición mediante una publicación dirigida a transportistas.

El mensaje oficial señala que todo conductor de taxi o autobús que sea encontrado conduciendo bajo efectos del alcohol o sustancias alucinógenas será detenido durante 72 horas. Además, se le suspenderá la licencia de conducir de manera indefinida y la unidad de transporte permanecerá retenida entre 15 y 30 días.

La comuna también advirtió que aquellos transportistas que sean propietarios de una concesión podrían incluso perder su permiso de operación.

Sin embargo, la medida anunciada genera dudas debido a que la Ley 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, contempla actualmente sanciones distintas. La legislación establece multas económicas de entre 4,000 y 5,000 córdobas y la suspensión de la licencia por seis meses para quienes conduzcan en estado de ebriedad.

La aplicación de castigos más severos que los previstos en la normativa vigente plantea interrogantes sobre el procedimiento legal utilizado para imponer estas disposiciones y sobre los mecanismos de supervisión que garanticen una aplicación equitativa.